LA PAZ (Reuters) – El Gobierno de Bolivia logró abortar un plan de magnicidio, al matar a tres supuestos mercenarios internacionales y detener a otros dos en una operación que acrecentó la tensión política en el país, que se apresta a vivir un nuevo proceso electoral. El complot, cuyo blanco principal sería el presidente izquierdista Evo Morales, fue develado por autoridades luego de un cruento choque entre fuerzas policiales y supuestos “terroristas” en la ciudad oriental de Santa Cruz, bastión de la oposición conservadora. El choque se produjo en la madrugada en un céntrico hotel de Santa Cruz, al día siguiente de un atentado con dinamita contra la vivienda del cardenal Julio Terrazas, máximo jerarca católico boliviano, y cuatro días después de que el mismo Morales denunciara por nuevamente un plan para asesinarlo. “Documentos incautados de manera preliminar hablan de los preparativos de un magnicidio, un atentado contra la vida del presidente y el vicepresidente de la república”, dijo el vicepresidente Álvaro García, en función de primer mandatario por un viaje de Morales al extranjero. Describió al grupo abatido como “una banda terrorista de mercenarios extranjeros y bolivianos” con posibles conexiones con otras regiones del país y vínculos políticos todavía no revelados. Cadenas de radio y televisión dijeron que los tres supuestos terroristas muertos eran un rumano, un irlandés y un boliviano, y que los dos detenidos eran un húngaro y un boliviano, aunque un informe policial inicial mencionó a dos húngaros muertos. Morales dijo previamente en Venezuela, donde asistía a una cumbre de la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA), que la oposición boliviana podría estar detrás del plan de magnicidio. “En Bolivia el año pasado la derecha intentó sacarme con el voto del pueblo en el referendo revocatorio, fracasaron. Después intentaron un golpe de estado civil, fracasaron. Ahora estaban planificando acribillarnos, están fracasando”, dijo Morales, quien también dijo que habría irlandeses en el grupo.
El suceso marcó el inicio de una larga campaña proselitista hacia comicios generales de diciembre, en los que Morales, todavía sin rivales definidos, buscará la reelección. Sectores de la oposición se apresuraron a deslindar conexión con los supuestos terroristas y denunciaron un presunto “montaje”, recordando que Morales denunció varias veces en el pasado, sin pruebas, supuestos planes para asesinarlo. El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, uno de los líderes de la oposición, dijo indignado que el Gobierno habría “preparado” la presentación de un supuesto arsenal de los “terroristas” y protestó porque la operación haya sido realizada por policías enviados desde La Paz y no por policías cruceños. Costas se mostró molesto especialmente por el énfasis que puso el Gobierno en señalar que el arsenal -con explosivos plásticos, municiones y “armas de guerra”- fue encontrado en un inmueble de la cooperativa telefónica cruceña Cotas, el campo ferial de Santa Cruz. Cotas es una de varias cooperativas de servicios controladas por grupos de poder que, según denuncias del Gobierno, estarían detrás de las demandas de autonomía que lideran Costas y el Comité Cívico Cruceño. El senador derechista Luis Vásquez sostuvo, en respuesta a la denuncia de Morales, que “es esquizofrenia del Gobierno tratar de politizar el tema y llevarlo a una confrontación” . El vicepresidente García pidió “serenidad y colaboración” a los opositores, mientras el comandante de la policía reveló que el organismo tenía elementos para trabajar sobre la presunción de que el grupo desarticulado sería responsable del atentado contra la casa del cardenal y de otros ocurridos en el último año en Santa Cruz.