El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), junto a varias organizaciones profesionales de la salud, exigieron al Gobierno- por medio de una resolución- que ejerza la voluntad política de atender la demanda de drogas, desde una perspectiva salubrista mediante prácticas basadas en la evidencia científica. Esta medida fue presentada ayer por el CMCPR en una conferencia de prensa, a la cual también se dieron cita representantes del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, el Colegio de Profesionales de Enfermería, la Asociación Nacional de Trabajo Social de Estados Unidos, capítulo de Puerto Rico, la Comisión para la Prevención de la Violencia, la Asociación de Profesionales de la Adicción, la Academia de Psiquiatría y la Asociación de Psicología. Este reclamo de las organizaciones de la salud surge a raíz de las alarmantes estadísticas de violencia que desata el trasiego de drogas en el País y las cifras de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que demuestran que aproximadamente unas 60,000 personas en la Isla padecen de dependencia a sustancias. “No se puede ser efectivo atendiendo la demanda de drogas bajo un modelo exclusivamente policiaco sin considerar las intervenciones terapéuticas con base científica”, expresó el doctor Néstor Galarza, siquiatra y vicepresidente del CMCPR. Por su parte, el presidente del CMCPR, doctor Eduardo Ibarra, opinó que la técnica de encarcelar a los adictos, que ha utilizado el Gobierno hasta ahora para trabajar esta situación, “ha resultado un fallo total”, pues cada confinado le cuesta al Gobierno aproximadamente unos $40,000; mientras que un tratamiento terapéutico por paciente costaría $5,000 incluyendo medicamentos y psicólogos. “La cárcel como terapia resulta contraproducente al paciente”, añadió el Presidente del CMCPR. Sin embargo, estas asociaciones están conscientes que el tratamiento terapéutico para las adicciones en Puerto Rico está fragmentado, limitado y se estima que está disponible tan sólo para el 8 por ciento de la población que los necesita. Es por esto, que las organizaciones de la salud del País han propuesto esta resolución para que los pacientes tengan mayor acceso a la Terapia Integral Asistida con medicamentos tales como el analgésico buprenorfina y la metadona para ir controlando su enfermedad. Y es que estos especialistas intentan que la sociedad y el Gobierno traten las adicciones como un problema de salud pública. Además, tienen como meta lograr que existan enlaces entre agencias de servicios sociales, de justicia, educación y salud, de manera que desde cualquiera de estas dependencias se identifique, evalúe, refiera o trate de forma integral a la persona con problemas de abuso de drogas. Luego de explicar la resolución, Ibarra comentó que de no ejecutar esta medida, “el Gobierno estaría faltando a la legalidad vigente, según establecida por la Ley 408 según enmendada por la Ley 183 del 2 de agosto de 2008, conocida como Ley de Salud Mental”. Por esta razón, el CMCPR exhorta al Gobierno a adoptar de inmediato los postulados y recomendaciones contenidas en la resolución que de forma consensuada han elaborado las organizaciones profesionales de salud de la Isla.
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