Un video que capta el momento en que un agente de la policía de Puerto Rico interviene de forma abusiva con una persona en silla de ruedas circuló hoy por las redes sociales. Consecuentemente, la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en Puerto Rico, hizo un llamado a través de un comunicado de prensa, al superintendente de la Policía, José L. Caldero López, para tomar acciones contundentes ante el incidente de abuso policíaco en contra de una persona con discapacidad.
Las imágenes reflejan cómo de manera injustificada el oficial sacude y tira al suelo a esta persona de la silla de rueda, aun cuando no representaba ninguna amenaza para el policía, no había intención de arrestarla. Además, indican que se ignora por completo el procedimiento constitucionalmente aceptado para la intervención con personas con discapacidades.
La organización insta a que se trata de un acto criminal que debe ser investigado para que, inmediatamente, se tomen todas las acciones disciplinarias y legales que apliquen. Asimismo, como parte del proceso de Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico, sugieren que se deben establecer protocolos claros que dirijan las actuaciones de los miembros de los oficiales para que adquieran las destrezas y mecanismos para atender a la población de personas con discapacidades y evitar que vuelvan a ocurrir incidentes similares.
“En el 2006 comenzamos una investigación sobre el abuso policíaco a personas sin hogar, muchas de ellas con discapacidades. Con esa investigación se inició el proceso que culminó en el acuerdo de Reforma de la Policía de Puerto Rico del 2012, que obliga a la Policía de Puerto Rico a adoptar medidas constitucionalmente aceptadas y respetuosas de los derechos civiles y humanos en todas las áreas de operación. Hoy vemos que, a 4 años de iniciado este proceso, siguen ocurriendo incidentes lamentables e indignantes que precisamente motivaron la intervención de la Reforma”, señaló, en el parte de prensa, el licenciado William Ramírez, director de la ACLU de Puerto Rico.
Ramírez agregó que “no es suficiente tomar medidas particulares en contra de este oficial; hay que atender los protocolos de intervención y se tiene que educar a todos los miembros de la fuerza sobre los procedimientos adecuados a personas con impedimento”.
Este incidente conoció la luz pública gracias a que una persona grabó los hechos desde su celular, ejerciendo un derecho constitucionalmente protegido. “Es importante que todas las personas conozcan que tienen el derecho de filmar desde sus teléfonos a oficiales cuando estos ejercen sus funciones en áreas públicas. Igualmente, ningún agente puede, de ninguna manera, obstaculizar esta práctica que es útil para monitorear el comportamiento de los funcionarios del orden público”, añadió el director de la ACLU.
La organización exhortó al superintendente de la Policía de Puerto Rico a que tome todas las medidas necesarias para atender este asunto, incluyendo la destitución inmediata de los agentes que participaron activa o pasivamente de este incidente.
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