Ganaron una batalla, pero no la guerra. La orden de interdicto preliminar que se les otorgó a los estudiantes Fernando Moreno Orama y Jorge Farinacci Fernós, emitida el pasado 28 de abril por el juez José Negrón Fernández, quedó en suspenso ante el Tribunal Supremo. La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR), el presidente José Ramón de la Torre y la Rectora Interina Ana R. Guadalupe, apelaron la decisión del Tribunal de Primera Instancia, mediante un recurso de certificación intrajurisdiccional. A través de este documento, el máximo foro judicial revocó el injunction solicitado por los estudiantes, para poner así fin al cierre administrativo decretado por Guadalupe el 21 de abril, el cual los demandantes alegaban que violentaba sus derechos de libertad de expresión, asociación y reunión. Anabelle Rodríguez Rodríguez y Liana Fiol Matta, jueces asociadas del Tribunal Supremo, emitieron votos disidentes. Por su parte, el juez presidente Federico Hernández Denton se inhibió porque su esposa pertenece a la Junta de Síndicos de la UPR y esto representa un conflicto de intereses. Rodríguez Rodríguez emitió su opinión disidente, a la que se le unió Fiol Matta, y en la misma ésta entiende que “el foro de instancia determinó –correctamente- que el receso académico decretado es equiparable a una suspensión de los derechos de libertad de expresión y asociación, y que en este caso, la Rectora (interina) Dra. Ana Guadalupe no cumplió con las exigencias que establece el Reglamento General de la Universidad”. Según la orden que había emitido el juez Negrón Fernández, le exigía al presidente de la UPR y a la Rectora Interina del recinto riopedrense a “no poner en vigor el receso académico y administrativo indefinido” que Guadalupe había decretado el 21 de abril –el primer día del paro de 48 horas- y que tenían que abrir el recinto en o antes del 3 de mayo, a las 6:00 de la mañana. Mientras tanto, los universitarios Moreno Orama y Farinacci Fernós continúan luchando para que el recinto riopedrense vuelva a abrir sus portones en la fecha que había determinado en el Tribunal de Primera Instancia. “Los precedentes nos favorecen y yo estoy convencido que el derecho está de nuestro lado”, expresó Moreno Orama en el periódico El Nuevo Día. Asimismo, está confiado en que la orden de interdicto procede y no la certificación que presentó la administración univeristaria. Aún así, Moreno Orama y Farinacci Fernós tendrán que entregar sus alegatos ante el Tribunal Supremo, el próximo lunes a las 10:30 de la mañana. Aquí presentamos la opinión disidente de la Jueza Rodríguez: Certificación Certiorari
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