Aunque existen dudas sobre su operacionalidad y eficacia, incluso dentro de las mismas instrumentalidades gubernamentales, el Aguirre Offshore GasPort (AOGP) ha sido identificado como un posible proyecto crítico dentro del Plan Fiscal de Puerto Rico que recientemente presentó a la Junta de Control Fiscal el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
En el Plan Fiscal sometido a la JCF en febrero de este año se separan cerca de $800 millones del presupuesto del País para invertirlos en ese terminal, en las afueras de la Bahía de Jobos, que transportaría gas natural licuado a la Central Aguirre de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), localizada en Salinas.
La iniciativa es de la autoría de la AEE y la compañía Excelerate Energy, con base en Texas. Esta tiene como fin combatir los altos costos del petróleo, combustible fósil que agencia casi la totalidad de la generación energética del país. Pero el proyecto lleva detenido desde el 2015 porque no ha evidenciado su eficacia. También se ha cuestionado el impacto que tendría en las comunidades costeras de la Bahía de Jobos.
El pasado 10 de febrero de 2017, la Comisión de Energía de Puerto Rico—ente independiente encargado de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del País—ordenó a la AEE a realizar un nuevo análisis económico del puerto Aguirre, pues la Autoridad no ha comprobado que la construcción del AOGP reducirá el costo energético.
“Dado el riesgo de un aumento de los costos para los clientes, la Comisión no puede permitir que el Aguirre Offshore GasPort continúe el proceso para ser completado más allá de los límites establecidos en su orden final”, según el resumen ejecutivo de la resolución.
Sin embargo, en el Plan Fiscal de Rosselló se justifica la inclusión de la AOGP como un posible proyecto crítico, porque cumpliría con los criterios fijados por la JCF para esos fines. Dos de estos criterios, paradójicamente, apuntan a la protección de la vida y la salud pública; también a la reducción significativa de costos operacionales.
Aguirre: entre Promesa y la ley local
Bajo el Título V del Puerto Rico Oversight, Management, and Stability Act (Promesa, por sus siglas en inglés), se establece un proceso expedito de permisos y se designa a un Coordinador de Revitalización quien se encargará de considerar los proyectos críticos a realizarse alrededor de la Isla. Como reseñó Diálogo, esto puede ser a costa del patrimonio natural de Puerto Rico y en nombre del “progreso” económico.
La ley federal también reitera que estos “proyectos críticos” deben cumplir con las estipulaciones del Plan de Uso de Terrenos de la Junta de Planificación y el Plan Integrado de Recursos de la Comisión de Energía de Puerto Rico para ser elegibles para el proceso expedito de permisos.
Bajo la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico (Ley 57-2014), un Plan Integrado de Recursos:
“Significará un plan que considere todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los servicios eléctricos durante determinado período de tiempo, incluyendo aquellos relacionados a la oferta energética, ya sean los recursos existentes, tradicionales y/o nuevos, y aquellos relacionados a la demanda energética, tales como conservación y eficiencia energética, respuesta a la demanda o ‘demand response’, y la generación localizada por parte del cliente. Todo plan integrado de recursos estará sujeto a las reglas establecidas por la Comisión [de Energía] y deberá ser aprobado por la misma. Todo plan deberá hacerse con amplia participación ciudadana y de todos los grupos de interés”.
Con esto en mente, la Comisión de Energía desaprobó el Plan Integrado de Recursos sometido por la AEE para el terminal de gas natural Aguirre por considerar que era insuficiente. Es decir, el plan sometido falló en proveer información de calidad que pudiera ser utilizada para modelar diferentes escenarios de aplicabilidad del proyecto. Igualmente, la AEE no proveyó datos numéricos, presunciones u hojas de trabajo a la Comisión respecto al funcionamiento de la planta.
Ante este panorama, la AEE debe presentar un Plan Integrado de Recursos Modificado “para el proceso de evaluación, zonificación, permisos y proceso de subasta pública” en o antes del 30 de junio de 2017. En él, debe incluir tanto el AOGP, como la Central Aguirre.
Entre las exigencias, la Comisión pidió una auditoría detallada de todos los contratos de energía renovable existentes y una licitación competitiva para solicitar proyectos nuevos de energía renovable que sean elegibles a ser incluidos en los Requisitos de Cartera de Energía Renovable de Puerto Rico—metas compulsorias a corto, mediano y largo plazo. También, ordenó sacar de circulación cuatro unidades de la Central de Palo Seco y la Central de San Juan y dos de Costa Sur para el 31 de diciembre de 2020.
Cabe destacar que la Comisión fue enfática en que no se opone a su construcción, sino que, hasta el momento, no ven los beneficios de la misma y la AEE no ha provisto la información necesaria ni ha cumplido con las reglamentaciones pertinentes.
Resumen ejecutivo conclusiones Comisión Energía by Diálogo
Aguirre en los tribunales
Además de lo solicitado por la Comisión de Energía, al presente el AOGP es eje de dos demandas: una con la Oficina de Gerencia de Permisos para impugnar la Declaración de Impacto Ambiental emitida por la Junta de Planificación y, la segunda, contra la Junta de Planificación para impugnar la Consulta de Ubicación.
Ambas provienen del Comité Diálogo Ambiental, corporación sin fines de lucro que integra a residentes de Salinas y Guayama, representados por la abogada Ruth Santiago.
“[El reclamo principal es que] los impactos a las comunidades costeras de Bahía de Jobos y al entorno natural no ameritan que se construya un puerto marino a una milla al sur de Cayo Barca y el costo del proyecto es exorbitante. Ahora vemos que el costo de construcción del puerto ronda los $481 millones, además de más de $77 millones por año para la operación de lo que llaman la unidad flotante y almacenamiento. Eso haría que las tarifas de electricidad de los clientes aumenten dramáticamente”, alegó Santiago.
La abogada explicó que, en cinco años, han llevado su reclamo a diversos foros como al Tribunal Apelativo y la Comisión de Energía.
Actualmente, la demanda ante la Oficina de Gerencia de Permisos está ante el Apelativo en reconsideración. Mientras, la de Junta de Planificación fue devuelta a esa agencia para que emita una determinación en cuanto al impacto ambiental del proyecto. Los procesos, según informó la abogada, no tienen una fecha de finalización.
Con una inversión estimada de $796 millones, el proyecto forma parte de la segunda fase de las reformas estructurales pensadas a 10 años y enumeradas en el Plan Fiscal. El estimado presentado en el documento declara que, con esta planta de gas natural, se crearán 17,901 empleos.
Por otra parte, hasta mayo de 2016, y según revelado en una vista pública, la AEE había desembolsado alrededor de $8.9 millones para el proyecto, aún con la incertidumbre de poder finalizar el proyecto.
De acuerdo a cifras divulgadas por el Centro de Periodismo Investigativo, esa cantidad incluye $6,830,830 a la empresa desarrolladora Excelerate Energy; $374,000 al bufete de abogados Van Ness Feldman, quienes negociaron el contrato con Excelerate; $1,500,000 al bufete Allen and Overy, firma internacional con sede en Londres; y $281,000 a Alpha Engineering, firma local que fungió como asesora.
“La propuesta nuestra, probada bajo el Institute for Energy Economics and Financial Analysis, indica que en la medida en que se sigan haciendo estos proyectos grandes, no va a haber recursos económicos para integrar más energía renovable, que se ha comprobado que se pueden integrar al sistema eléctrico de Puerto Rico”, añadió Santiago.
Santiago indicó que, según investigadores del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, utilizar placas fotovoltaicas en el 10% de los techos en Puerto Rico generaría el 20% de la demanda eléctrica, que es más de lo que genera la carbonera AES.
“Hemos presentado propuestas con múltiples peritos de múltiples disciplinas. Hay alternativas para el proyecto de Aguirre y para esta dependencia exorbitante energética en Puerto Rico en donde el 98% es producida por combustibles fósiles”, exclamó.
El 15 de mayo se realizará una vista pública en la sede de la Comisión de Energía en Hato Rey, sobre el análisis económico del proyecto Aguirre, abierta al público general.
Planta de la AEE en Aguirre, Salinas / diciembre 2006. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
¿Cuán crítico es Aguirre?
Aunque ha sido incluido en el Plan Fiscal presentado a la JCF, hasta el momento ni el gobernador ni su equipo han esbozado cuán crucial es el Aguirre Offshore GasPort. La única razón, hasta el momento, parece ser la intención de abaratar los costos de energía, aunque eso consista en atar más al País a depender de los combustibles fósiles.
“Es otro proyecto que busca abaratar costos en el consumo energético y tenemos que buscar fuentes alternas para producir energía. Por ejemplo, como fuentes alternas estaba el establecimiento de la planta de carbón en Guayama para los ’90. Su finalidad era esa, buscar una alternativa en vez de estar dependiendo del petróleo”, expresó el senador Carlos Rodríguez Mateo en entrevista con este medio.
Rodríguez Mateo, quien preside la Comisión de Salud Ambiental y Recursos Naturales en el Senado, señaló que el proyecto Aguirre es un ejemplo de una fuente alterna, a pesar de las posturas en contra del proyecto por considerar que va en detrimento del ambiente.
“Nosotros tenemos que ver qué es lo ideal y cuál es el escenario real en la vida. Lo ideal sería que nosotros pudiésemos tener fuentes de energía que no alteren el medio ambiente o le hagan daño a la salud de la población. Lo real es que todos estos proyectos contaminan o tienen un grado de contaminación”, señaló.
El senador Carlos Rodríguez Mateo aseguró que entre las prioridades se encuentra la búsqueda de fuentes alternas de energía. (Ronald Ávila / Diálogo)
A juicio del senador, con Aguirre pudieran ocurrir derrames de ese gas líquido en las costas de la misma manera en que la incineradora en Arecibo también tiene sus riesgos, pero lo importante es que encuentren un balance armonioso.
“Unos y otros siempre van a tener un grado de contaminación, yo creo que lo que aquí tiene que haber es un balance. No podemos ser tan categóricos de decir que para que no haya contaminación, no producimos energía, porque ese sería el extremo”, recalcó Rodríguez Mateo.
¿Cómo se consigue ese balance? El funcionario público añadió que es deber de las agencias reguladoras velar porque los proyectos sean eficientes y en favor del ambiente.
“Creo que debe haber un balance y yo creo que aquí las agencias reguladoras, en este caso la Junta de Calidad Ambiental, la EPA [Agencia de Protección Ambiental] y el mismo Departamento de Salud tienen que ser más proactivos. Tienen que ser más fiscalizadores. Se supone que ellos son los que le dan el visto bueno. No es solo mirar el escenario, hay que mirar un poquito más allá. Más allá de la ley o ampliar la ley. La ley no puede ser tan acomodada”, comentó Rodríguez Mateo.
Encadenarnos al gas
Si bien es cierto que la administración actual no ha explicado cómo se mide el AOGP ante otros proyectos de generación de energía, especialmente los que se basan en recursos renovables como los rayos del sol y el viento, aun sin esos datos los economistas concuerdan en que el gas natural no es la solución.
“El proyecto tiene una viabilidad, pero no va a durar más de 10 años. Es un combustible fósil, así que no va a tener mucha viabilidad a largo plazo. Es salir del petróleo para encadenarte al gas”, afirmó la doctora Marta Quiñones, profesora de Economía de la UPR en Arecibo, al señalar que a corto plazo podría tener alguna utilidad.
No obstante, a su entender, el AOGP no reducirá los costos de energía porque en algún punto los inversionistas querrán recuperar el dinero destinado a la construcción del terminal. Por tanto, será adjudicado a la factura del cliente.
En esa línea, el economista Iván Elías añadió que, a la larga, esos costos solo empeorarían la economía de los ciudadanos.
“Si a eso le añades el aumento en los costos de electricidad que han habido y los costos a la calidad de vida de la gente, como impuestos y la reducción en el presupuesto del gobierno que quiere imponer la Junta de Control Fiscal [ente habilitado por Promesa], yo no sé si eso de verdad tiene viabilidad para el nivel y las condiciones de vida de las personas, sobre todo la gente pobre. Una evaluación de ese tema es más profundo que decir que bajará los costos de la electricidad, porque hay otros factores que se deben considerar”, explicó el también profesor de la UPR en Arecibo.
El profesor insistió en que los gobernantes de Puerto Rico deben explorar la posibilidad de transformar la estructura energética del país mediante la implementación de placas solares, molinos de viento y herramientas para aprovechar los cambios de temperatura en el mar (energía geotérmica). La razón principal para esto se debe a que estas fuentes de energía son renovables y utilizan recursos que sí producimos.
“El país no necesita meramente un cambio de un combustible fósil a otro. Eso es meternos y encadenarnos en una estructura basada en gas natural, que tiene una dependencia alta porque nosotros no producimos gas natural. El país necesita transformar el sistema energético. Con energía solar, energía del viento y la energía del mar vamos a evitar que se sigan importando los combustibles fósiles”, argumentó Elías.
O sea, que el Aguirre Offshore GasPort parece más una iniciativa de desvestir a un santo para vestir a otro.
Uso de gas natural en el mundo. (Adriana De Jesús Salamán / Diálogo)
Este reportaje forma parte de la serie especial Diálogo Verde 2017, en la que se analiza el impacto de la ley federal Promesa en el medio ambiente puertorriqueño.
Sigue aquí la serie especial:
1. Empeñado nuestro patrimonio natural bajo Promesa
2. A merced de Promesa las reservas naturales y terrenos agrícolas
3. ¿La antesala de Promesa? Venden y destruyen terrenos protegidos
4. Amenazada la supervivencia de los puertorriqueños por Promesa
5. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (1ra. parte)
6. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (2da. parte)
7. JCF: Incertidumbre ecológica, esqueletos sin transparencia y poemas de conspiración (3ra. parte)
8. “Proyectos críticos”: crecimiento económico cueste lo que cueste
9. A la expectativa los residentes del Caño Martín Peña
10. Extensión de la PR-22 y el cuento del fracaso como progreso
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Adriana De Jesús Salamán
Posee una Maestría de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es escritora y fotoperiodista. Ha sido galardonada por la ASPPRO y el Overseas Press Club.
