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Imagen del Poblado de Aguirre en la bahía de Jobos en Salinas. (Google Maps)
La autoridad de Energía Eléctrica (AEE) movió, esta vez a diciembre de 2016, la fecha en que espera completar los permisos para la construcción del Aguirre Offshore GasPort, terminal que transportaría gas natural licuado a la planta de la AEE en Salinas, en lo que podría ser otro estimado optimista por parte de la agencia. Este nuevo retraso se suma a la dificultad de no haber conseguido el financiamiento para el proyecto, para lo cual la corporación evalúa una nueva opción que se reflejaría en la tarifa de sus clientes. Mientras, el proyecto sigue tropezando en el proceso de permisos.
Hace unos días, el 4 de mayo, la Junta de Planificación (JP) reconoció que cometió un error al aprobar la Consulta de Ubicación del Aguirre Offshore Gasport sin que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto fuera final y firme. El reconocimiento del error se dio como parte de una demanda, y ahora la JP solicita que se le devuelva el caso para adjudicar la consulta una vez concluya el trámite de la DIA.
Actualmente hay dos demandas en tribunales de Puerto Rico relacionadas con el Aguirre Offshore GasPort; una contra la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), en la cual se impugna la DIA, y otra contra la JP, que impugna la Consulta de Ubicación. Los demandantes son el Comité Diálogo Ambiental, corporación sin fines de lucro que integra a residentes de Salinas y Guayama, representados por la abogada Ruth Santiago; con el apoyo de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad Interamericana, liderada por el abogado Luis José Torres Asencio.
“Entendemos que no hay ningún error sustantivo en la determinación que tomó (la JP). Simplemente, desde el punto de vista procesal, hasta que la DIA no advenga final y firme pues ellos no estarían en posición de emitir esa resolución”, dijo Ivelisse Sánchez, directora asociada de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En el caso de la DIA, cuando se resuelva en el tribunal, el Comité Diálogo Ambiental tendría oportunidad de pedir reconsideración, luego podrían ir al Tribunal Supremo, donde tendrían dos turnos para solicitar reconsideración. Sería entonces cuando la JP podría volver a evaluar la consulta de ubicación y comenzar el proceso desde cero, lo cual retrasa considerablemente el proyecto. Si salvaran estos escollos, se requiere un permiso de construcción, que no se puede solicitar hasta que la consulta de ubicación sea aprobada, indicaron los abogados de Diálogo Ambiental. Todo esto, asumiendo que se logre conseguir el financiamiento.
La AEE espera que la Declaración de Impacto Ambiental sea validada por el Tribunal de Apelaciones y que ese foro deniegue la petición de la demanda, según Sánchez, “porque todos los argumentos se han repetido ya, los han llevado ante la consideración de la Comisión Federal Reguladora de Energía, ante la consideración de la Oficina de Gerencia de Permisos, en el proceso normal, y luego en reconsideración, y ambas reconsideraciones han sido denegadas”.
Sánchez aseguró que el error de la JP y la determinación del Tribunal no tienen ninguna consecuencia sobre la fecha de construcción del Aguirre Offshore GasPort, debido a que de todas formas al proyecto le falta completar una serie de condiciones, permisos y consultas para poder iniciar la construcción.
Agencia federal quiere empujar el proyecto sin tener aprobación de agencias clave
En el ámbito federal, el Aguirre Offshore GasPort parece tener un apoyo sólido de la agencia proponente, la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC, por sus siglas en inglés). Hace dos semanas, la FERC denegó una solicitud de reconsideración del proyecto sometida por el Comité Diálogo Ambiental.
La autorización de FERC, sin embargo, está sujeta a que el Aguirre Offshore GasPort cumpla con las exigencias de otras agencias federales como el Servicio Nacional de Pesca Marina, que vela por la Ley federal de Especies en Peligro de Extinción. “La más crítica es la consulta de ‘endangered species”, aceptó la directora asociada de la AEE.
Por otra parte, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, cerró el caso del Aguirre Offshore GasPort en diciembre de 2015 y no lo ha reabierto, mientras que la empresa que construiría el proyecto, Excelerate Energy, no le ha sometido la información para volverlo a considerar.
El Comité Diálogo Ambiental considera que la FERC no podía autorizar el proyecto de manera condicionada, para luego determinar si cumple o no con las exigencias de las demás agencias. Es por esto que sometieron en febrero una carta de intención de demandar a la FERC, junto a profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vermont, una de las más prestigiosas en derecho ambiental en todo Estados Unidos.
Los pescadores, comunidades y ambientalistas de la zona han planteado que la tubería debe variar su ruta para no afectar de manera tan drástica la pesca, que es su sustento, los corales y la vida marina de la zona, para así mitigar de alguna forma los efectos negativos de la plataforma.
El Servicio Nacional de Pesca Marina coincide con la posición de los pescadores de la comunidad de Aguirre. Esta agencia federal informó a la FERC que la construcción del Aguirre Offshore GasPort podría afectar negativamente a varias especies marinas como la ballena jorobada, tortugas, estrellas y cactus de mar, corales, el tiburón martillo, entre otras. Por eso el Servicio Nacional de Pesca sugirió múltiples alternativas que reducirían el impacto en las especies, las cuales fueron enumeradas en una carta dirigida a FERC el 23 de febrero de 2015. El Servicio Nacional de Pesca planteó ubicaciones, métodos de construcción y tecnologías de regasificación alternas a las que se proponen actualmente.
El 8 de enero de 2016, el gobernador Alejandro García Padilla escribió una carta a FERC pidiendo un proceso expedito para la presentación la opinión biológica al Servicio Nacional de Pesca, requerida para comenzar la consulta sobre el proyecto y la autorización de FERC.
“Se supone que primero consigas una opinión biológica y luego des el permiso, no al revés”, reaccionó Ruth Santiago, del Comité Diálogo Ambiental.
Ayer, durante la vista pública sobre el Plan Integrado de Recursos de la AEE, Víctor Alvarado Guzmán indicó como portavoz de Diálogo Ambiental: “Nos sentamos por tres años con la AEE y con el gobierno para introducir cambios al proyecto, y al final la AEE hizo lo de siempre: cerrar el dialogo, dejarse arrastrar por fuerzas político partidistas y hacer lo que le da la gana de espaldas a las comunidades. Ese proyecto no es bueno para el pueblo de Puerto Rico y mucho menos para las comunidades de la Bahía de Jobos”.
Escuche la ponencia de Víctor Alvarado completa a partir de la hora 2:47:00.
No se sabe si habrá corte de cinta, pero se han pagado al menos $8.9 millones de fondos públicos
La AEE había dicho inicialmente que la construcción del Aguirre Offshore GasPort, cuyos antecedentes llegan hasta la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, empezaría en 2015; luego indicó que sería el primer trimestre de 2016; después hablaron de 2017. Pero todo indica que eso no va a ser posible.
Al momento, la AEE indicó que ha desembolsado $8,985,830 para el proyecto, sin tener la certeza de que obtendrá los permisos o que conseguirá el financiamiento para construirlo. Esta cifra incluye $6,830,830 a Excelerate Energy, empresa desarrolladora el terminal de gas natural; $374,000 a Van Ness Feldman, bufete de abogados de Washington D.C. para la negociación del contrato con Excelerate; $1,500,000 al bufete Allen and Overy, firma internacional con sede en Londres; y $281,000 a Alpha Engineering, una firma local que dio asesoría técnica. Sánchez, directora asociada de la AEE, aseguró que no se desembolsará más dinero a Excelerate Energy hasta que no se obtengan todos los permisos que darían paso a la construcción del terminal de gas natural.
Las opciones de la AEE para financiar el Aguirre Offshore GasPort
Para costear la construcción y operación el AOGP la AEE firmó tres contratos de más de $280 millones con Excelerate Energy. ¿De dónde sacarán el dinero?
“La opción uno es un programa de garantía de préstamo, no es un préstamo federal, que se ya se solicitó en el Departamento de Energía Federal. La opción dos es lo que permite la Ley 4 de 2016, que es incluir el financiamiento como parte del titularización”, mencionó Sánchez. (La titularización, o securitization en inglés, es un método financiero con el que la corporación comercializa parte de sus bienes para obtener ingresos de forma inmediata).
Mientras que la tercera opción, que la funcionaria inicialmente no quiso revelar hasta consultar con su jefe, pero aparenta ser la de mayor peso en esta etapa, “es que lo financie la AEE con su programa de mejoras capitales”, confesó finalmente.
“En la opción tres, la diferencia es que no está incluida bajo la estructura de titularización sino que se hace con fondos de la propia Autoridad. La diferencia es cómo se recobra. En la titularización estaría bajo ese costo que se recobra, y si fuera bajo la AEE misma financiándolo, es con dinero de la AEE; una inversión”, dijo.
“La diferencia entre esas tres opciones sería en bajo qué renglón se recobra esa inversión, pero como la Autoridad no puede generar dinero del aire, siempre se va a reflejar en la tarifa de una manera u otra. Pero no lo podemos ver como un alza necesariamente, porque esto es una inversión que a su vez permite unas reducciones operacionales, que en el análisis de costo-beneficio… nos dice que es mejor operar con el puerto que sin el puerto”.
Por lo tanto, una parte de la factura de luz de los clientes de la AEE se usaría para el financiamiento del Aguirre Offshore GasPort, según lo estipula la Ley para Revitalización de la AEE, pero esa opción está sujeta a que la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) apruebe el Plan Integrado de Recursos; un plan a 20 años que contempla las posibilidades que tiene la AEE para mantener su sistema energético y que determinaría las bases de su funcionamiento.
¿Se podría aprobar ese cobro aún sin que el proyecto tenga todos los permisos locales y federales aprobados?, preguntó el CPI a Agustín Carbó, presidente de la Comisión de Energía.
“No se puede cargar [a la factura] si no se va a construir y no tiene la aprobación de la Comisión, aunque es una evaluación que la Comisión va a tener que sopesar en su debido momento en que esté evaluando todo el Plan en conjunto. No podemos aprobar una titularización de algo que no cuenta con nuestra aprobación final. En el proceso de evaluación, la Comisión tiene que descansar también en la parte de permisología pertinente. Todo estaría sujeto a que tenga la permisología”, contestó Carbó.
La Ley para Revitalización de la AEE, aprobada en febrero de 2016, indica que “los costos relacionados con el Terminal Marítimo de Gas Natural Licuado de Aguirre podrán ser financiados con los Bonos de Reestructuración, solo si la Comisión determina que el referido proyecto y los costos asociados al mismo son consistentes con el Plan Integrado de Recursos de la Autoridad y la titularización de estos costos es apropiada”.
Nota relacionada: Plan energético a 20 años tendrá apenas una vista pública
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