Alexandra Lúgaro se enfrentó el pasado martes a un escenario en el que bien pudo practicar para un debate entre candidatos a la gobernación de Puerto Rico. La postulante independiente presentó argumentos de su plan de trabajo en un contexto exigente y poco flexible para las evasivas: una conferencia académica para estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Cayey.
Bajo el título Emigración de jóvenes profesionales, sus impactos y cómo confrontar dicho problema, la abogada sanjuanera compartió sus elucubraciones sobre este tema con el público que llenó el teatro Ramón Frade de la UPR en Cayey.
Como si estuviera en la presentación de sus propuestas gubernamentales, la también empresaria de 34 años de edad abordó su ponencia desde las tres perspectivas convencionales de la política: economía, salud y educación. De esa manera contextualizó datos como el perfil de los emigrantes jóvenes. Este cuadro, según informó, se distingue por incluir a personas de 30 años que poseen solamente el diploma de escuela superior y no tienen un empleo formal. “La mayoría que se va son maestros, luego médicos y siguen los abogados”, declaró. “Si se van los jóvenes, las posibilidades de éxito en Puerto Rico son de cero”, agregó.
En ese sentido, mencionó que las personas que reciben las ayudas del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) –los famosos “cupones”– son víctimas de “un sistema de beneficencia mal estructurado”, por lo que no se les debe degradar. De acuerdo con Lúgaro, si el ciudadano tiene trabajo, ya no puede adquirir estas ayudas; además, el mínimo federal es de $7.25, una cifra insuficiente para las necesidades cotidianas.
Asimismo, alertó sobre la existencia de la economía subterránea. “Mucha gente no reporta lo que trabaja para no perder estas ayudas. Lejos de estar ayudando, se está marginando a un ciclo de pobreza por la estructura del sistema de beneficencia. Hay que reestructurar este sistema para incentivar el trabajo”, expuso.
Como solución general, afirmó que se debe invertir en “lo local” y en medianas y pequeñas empresas. “La legislación no tiene que ver con la diáspora, con traer a los que se han ido; tiene que ver con retener y esto se logra con un cambio real en las estructuras. El verdadero desarrollo económico no son incentivos; es un capital que se quede en Puerto Rico para mover la cadena económica y crear empleos para otros”.
Acerca de la salud, recalcó la necesidad de un sistema de universal, pues el actual no es controlado por Puerto Rico, sino por compañías privadas que les ponen un precio a los honorarios de los médicos. Según la abogada, las aseguradoras a veces pagan solo $17.00 por paciente, pero estas cobran mucho más de lo que ofrecen. Añadió que muchas personas deciden irse porque en Estados Unidos hay mayor equidad en este intercambio.
Universidad o cárcel
En cuanto al tema de la educación, eludió la faceta administrativa para entrar en el debate del contenido curricular. “Se ha tratado de copiar el modelo estadounidense. Este sistema copia reforma tras reforma de Estados Unidos. A los maestros se les da poco tiempo para planificar los objetivos con los nuevos estándares y expectativas (del Departamento de Educación, para planificar las materias básicas). Aparte, las pruebas estandarizadas no pueden regir la educación”.
“La educación debe estar dirigida al análisis, al pensamiento crítico y a indagar, pero el sistema educativo no fomenta esto y la educación es clave para el desarrollo de empleos. Tiene que dar un giro para la creación de humanos integrales y no dejar atrás las artes”, puntualizó.
Para ejemplificar sistemas educativos imitables, se refirió a los de Finlandia, Canadá y Corea, donde ofrecen cursos en conservación y recursos ambientales. En esos países, además, el maestro es bien pagado por ser “el orgullo del país”. Sin embargo, no detalló cómo sería la implantación, en Puerto Rico, de modelos de ese tipo.
Lúgaro señaló que los jóvenes pasan por una de dos instituciones: la universidad o la cárcel. El sistema de corrección estigmatiza de por vida alguna falta. Los medios que utiliza son el retributivo o el disuasivo. De este último dijo que las penas altas para “dar ejemplo” (modelo a seguir) no funcionan. El joven que fuma marihuana en la calle va preso de tres a ocho años, pero para el que fuma en el parque, la pena es hasta de 15 años. Esta es, para la candidata independiente, una manera de fomentar la desigualdad social.
“Muchos países han salido de crisis apoyando lo local y a la juventud. La mejor herramienta para permanecer en Puerto Rico es la educación”, dijo como conclusión a su conferencia, coordinada por Pre-Law, Asociación de Ciencias Políticas (ACP), Psychi y otras organizaciones estudiantiles del campus cayeyano de la UPR.
La autora es estudiante de Estudios Hispánicos, UPR Cayey.