Cuando abras el buzón para recoger libros, aparatos electrónicos o cualquier compra hecha en Amazon desde el primero de abril de 2018, no solo habrás pagado por primera vez el Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) a esa tienda en Internet. Será además el fin de un trato desigual que beneficia a esa empresa.
Precisamente porque Amazon no lo cobra y puede despachar sus artículos aún más baratos que las tiendas locales, a estas se les hace más difícil competir con el gigante de las ventas al detal, propiedad de Jeff Bezos, hoy el hombre más rico del mundo.
Dejar a Amazon sin cobrar el IVU es algo bien distinto a darle un incentivo o una exención contributiva, pero la práctica se asemeja al mantengo corporativo en la medida que ofrece una ventaja a la compañía.
Después de que el Departamento de Hacienda anunció que había llegado a un acuerdo con Amazon para que esta empresa cobre el IVU, se levantó en las redes sociales un maremagnum de críticas ante un alegado “nuevo impuesto”. Algunos aseguraban que, como castigo por aliarse con el gobierno, cerrarían el servicio Prime, una membresía con la compañía a cambio de ciertos beneficios.
Pero en realidad, la administración de Ricardo Rosselló está haciendo que Amazon cumpla con una responsabilidad que ya tienen compañías puertorriqueñas cuando venden artículos o servicios. No es un nuevo impuesto. Y si Amazon no lo recauda, entonces las empresas de Puerto Rico también deben estar exentas.
Antes de que Amazon se popularizara como el principal sitio de ventas por Internet, los impuestos en los estados y en los territorios los cobraban las populares empresas de ventas por catálogos solo si tenían presencia física en la jurisdicción, según una decisión del Tribunal Supremo de EEUU de 1992. Amazon extendió el cobro del impuesto independientemente de si tenía sede en los estados, ante la presión de los gobiernos estatales que retaban el razonamiento de la ley de 1992 en la era de Internet. En Puerto Rico, el gobierno de Rosselló intervino para que en la Isla también se cobrara, y de este modo la Isla completa el grupo de los estados y territorios que cobran el impuesto por productos comprados en Internet, con excepción de las jurisdicciones que no tienen impuestos estatales.
El dilema que tienen ahora los estados no es si cobrarle IVU a Amazon o no, sino extenderlo efectivamente a aquellos vendedores independientes conocidos como third party sellers, que usan a esta compañía como plataforma, y ni siquiera lo están cobrando por sus ventas en los estados en que están localizados.
Hasta ahora, cuando recibías un artículo comprado por Internet, se suponía que fueras con el recibo ante el gobierno para pagar el IVU. ¿Conoces a alguien que lo haya hecho? Este mandato del Código de Rentas Internas era totalmente ignorado.
El IVU del 11.5% resulta odioso en momentos de dificultad económica y cuando el gobierno de Rosselló asfixia a la población con políticas de austeridad que hacen la vida más precaria, como la propuesta de bajar a siete los días de vacaciones y los días por enfermedad. Y hay razón en señalar que una gran parte del IVU que se pagará por las compras, por Amazon o por cualquier tienda local, va a costear ciertas obligaciones de la deuda de Puerto Rico con sus bonistas.
Amazon puede ofrecer mercancía que no está disponible en el mercado local, y la verdad es que la empresa llega a ofrecer productos mucho más económicos de lo que se pueden encontrar en ciertas tiendas de Puerto Rico, independientemente del IVU. Pero quejarse de que la empresa ahora cobra el impuesto y no protestar porque las empresas locales están obligadas a hacerlo desde hace más de diez años representa un problema de doble vara y de falta de conciencia respecto a las desventajas que enfrentan los pequeños comercios ante las multinacionales.
Aún así, al pedir a Amazon que imponga el IVU, el Gobierno de Puerto Rico está lejos de probar que ha enderezado su fracasada política de permitir beneficios a las corporaciones sin que prueben cómo benefician al país. Todavía está pendiente la promesa de Rosselló de revisar los subsidios que reciben empresas, muchas de las cuales obtienen beneficios cuando son totalmente innecesarios.
Así sucede con las empresas de biotecnología agrícola como Bayer y Monsanto, que vienen porque la isla tiene una ventaja competitiva, el índice de calor que necesitan para sus experimentos con semillas, mientras se encuentran bajo el sistema legal estadounidense, el más liberal para los experimentos con transgénicos, y reciben millones en fondos públicos para llevar a cabo sus actividades.
Un caso similar es el de empresas que producen ron en la isla como Bacardí, donde el gobierno ha dejado de devengar $454 millones para entregarlos a compañías que han mostrado crecimiento mientras han reducido su aportación al erario. Y así hay otros ejemplos de un problema sistémico en el que la ciudadanía ni el gobierno saben cuánto se pierde o cuánto se gana con estas políticas.
El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ofreció a la isla para que Amazon construyera una segunda sede, lo que iba a crear alegadamente miles de empleos y atraer millones de dólares en inversiones. La empresa decidió dejar a la isla fuera de sus planes de expansión. Por ende, Amazon no crea empleos en Puerto Rico ni deja dinero en contribuciones, por no tener aquí sus instalaciones. No se justifica darle una ventaja ante tiendas locales que producen empleo, pagan impuestos y dejan el dinero en el país, cuando más lo necesita.
