No es ningún secreto que por cerca de una década, y algunos afirmarían que más, Puerto Rico ha estado sumido en una crisis económica que ha tocado la mayoría de los sectores de la sociedad, incluyendo el Gobierno. Muchas de las consecuencias de la crisis son evidentes y se resaltan día tras día en los diversos medios de comunicación. Sin embargo, hay otras que quizás se presentan de manera más sutil y no reciben tanta cobertura, a pesar de que afectan directamente a los ciudadanos. El sistema de justicia es uno de estos casos.
La crisis económica, que afecta tanto al Gobierno como a la ciudadanía, en muchas ocasiones evita que las personas reciban, o incluso que busquen, el amparo de un sistema que se presume está para defender sus derechos, más allá de cualquier consideración socioeconómica.
Para el licenciado Efraín Guzmán Mollet, con unos treinta años de experiencia en la práctica del derecho, la situación actual se ha convertido en una “cadena” que impide la mayor efectividad en la aplicación de la justicia. “La falta de recursos que tienen los ciudadanos para responder a los reclamos que le han hecho o los que ellos tengan que hacer, obliga a que las oficinas de abogados tengan que achicarse porque no hay recursos para mantener el mismo personal”, afirmó Guzmán Mollet. “Esto evita no sólo que se pueda dar un mejor y más amplio servicio legal, sino que impide al abogado prepararse en seminarios y estudios libres que lleve a cabo por su cuenta. Es decir, el tiempo que antes uno dedicaba a dar servicio público gratis o a prepararse, ahora lo tiene que usar para estar en la oficina”, añadió.
En peligro las iniciativas gubernamentales
Pero no son sólo los abogados en la práctica privada quienes se ven afectados ante la falta de recursos económicos. La Rama Judicial, una de las tres que compone el aparato gubernamental, ofrece mediante la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) múltiples programas a la ciudadanía, que van desde brindar acceso a ciertos procesos de litigación a través de la televisión e Internet hasta impartir seminarios a jóvenes de escuela superior, de manera que tengan una idea de cómo se manejan los procesos legales. Este tipo de programas se ve seriamente amenazado ante la falta de fondos asignados a la Rama Judicial.
El que los ciudadanos tengan un sólido entendimiento del funcionamiento del sistema de justicia es vital para que este pueda ser efectivo, de acuerdo a Guzmán Mollet. “El conocimiento es un recurso. Si la gente no tiene recursos económicos pero conoce como se manejan los recursos, es más fácil que se le adjudiquen derechos a su favor”, aseguró el letrado.
Además de los programas dirigidos por la OAT, existen organizaciones sin fines de lucro, tales como Servicios Legales de Puerto Rico (SLPR), que se dedican a ofrecer asesoramiento legal a personas de escasos recursos económicos. Esta organización, que recibe fondos federales, no está exenta de sufrir los efectos de la ruina económica, como explica el licenciado Edgardo Rivera Rodríguez. “Con la nefasta Ley 7 se recortaron muchos servicios y se dejaron sólo los más esenciales. En la oficina en que yo estaba, eliminaron la mitad del personal, (lo que representó una) sobrecarga de trabajo para los que quedamos”, dijo el jurista, que laboró por cerca de quince años en SLPR antes de retirarse en 2012.
La reinvención como única alternativa
Lo cierto es que la crisis económica en el País no parece que vaya a llegar a su fin en el futuro inmediato, lo que obliga a preguntarse qué tipo de estrategias se podrían tomar en consideración para lograr sobreponerse a la escasez de recursos. “Tenemos que reinventarnos. Una de las formas que nosotros en el Colegio de Abogados hemos propuesto es que bufetes grandes y poderosos que no necesariamente se ven afectados por los vaivenes económicos puedan asignar recursos económicos y de personal para asistir a las personas que lo necesitan. El Tribunal Supremo ha adoptado esas medidas en parte, y le ha exigido a los bufetes que asignen recursos”, señaló Guzmán Mollet.
Rivera Rodríguez también habló de la reinvención, aunque a un nivel más amplio. “Entiendo que (en Puerto Rico) las prioridades están invertidas en términos generales, sociales y políticos, porque aquí el sentido de privatización del Gobierno lleva a que, lo que debe de ser servicio, se convierta en negocio. (Para solucionar las dificultades al sistema de justicia) tenemos que reajustar este País, y priorizar lo que es el servicio”, postuló Rivera Rodríguez.
“Yo auguro un panorama complicado porque la mayoría no se da cuenta de que, si no logramos que la gente crea que todos tenemos igual acceso a la justicia, la gente se va a quejar y las quejas no propenden a la paz y a que los países avancen”, dice por su parte Guzmán Mollet. “Si no nos reinventamos habrá un impacto severo en el manejo de la administración de la justicia. Hoy nos creemos que eso sólo afecta a los menos privilegiados, pero mañana nos daremos cuenta de que nos afecta a todos”, concluyó el licenciado.
Trabajo realizado para el curso Redacción Periodística II de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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