El país –y particularmente el gobierno– está a la expectativa de si la Junta de Control Fiscal (JCF) aceptará todo, parte, o nada del plan fiscal que sometió ayer Ricardo Rosselló Nevares al filo de la medianoche y cuyo contenido está disertándose por la prensa, organizaciones del sector civil y el pueblo puertorriqueño en general, para ver cómo les afectará.
Algunas de las medidas incluidas en el plan, empero, fueron adelantadas por Rosselló Nevares en su mensaje de situación de Estado, que en términos generales puede ser definido como uno “de corte populista”, calificó la economista Martha Quiñones Domínguez.
Según la también profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo, el gobernador se quiso proyectar “como el gladiador que guerrea contra la JCF, pero que en realidad termina haciendo lo que le dicen”.
En síntesis, Rosselló Nevares reconoció, al igual que la JCF, que el gobierno opera con un déficit de $7,000 millones. Sin embargo, difirió en cumplir con la propuesta del ente federal de reducir el presupuesto gubernamental en $4,500 millones –cerca $3,000 de ajustes en gobierno, salud, UPR y pensiones, más $1,500 en recaudos contributivos– en dos años.
El plan fiscal presentado por el gobernador rebaja el presupuesto gubernamental en $3,850, quedándose corto por $650 millones de la meta trazada por la JCF. La diferencia radica en el área de salud, donde solo se ajustó $550 millones de los $1,000 “sugeridos” por el organismo creado por la ley Promesa.
Para el licenciado Domingo Emanuelli, la expectativa era que Rosselló Nevares sería más explícito en cuanto al porqué de su confrontación con la junta federal, o que entraría en más detalles del plan fiscal que sometería a la JCF horas después.
“Me da la impresión de que hay una confrontación entre la postura del gobierno y las pretensiones de la JCF. Me parece que el gobernador ha variado su postura original preeleccionaria y se ha arropado con la manta del bienestar del pueblo”, dijo Emanuelli.
La razón de esto, teorizó el abogado, es que un gobernante que se vaya “en contra del pueblo, de la UPR, de los planes de retiro, no puede considerar aspirar a la reelección”, aun cuando sea temprano en el cuatrienio para considerar esto.
Sobre el proceder de la JCF con respecto al plan fiscal sometido –que emitirá un juicio final sobre este el 15 de marzo–, Quiñones Domínguez prevé que el ente federal lo aceptará en parte. Emanuelli, por su lado, entiende que la junta “va a entrar” para hacer ajustes leves.
“Todo el mundo va a tener presión aquí: el gobierno de la junta, la junta del Congreso, y los congresistas de los bonistas, que son quienes financian sus campañas. En ese sentido, si quiebras a Puerto Rico nadie cobra. Este esfuerzo [del plan fiscal] de tratar de pagar lo máximo sin que se afecte el gobierno me parece una buena alternativa, si sale”, agregó el analista.
“Recoge vela” el gobernador con el salario mínimo
Aparte del omnipresente plan fiscal, otro de los asuntos novedosos durante la alocución de Rosselló Nevares fue el anuncio de medidas ejecutivas y legislativas para aumentar el salario mínimo en la isla tanto en el sector público como en el privado.
Hoy, sin embargo, el gobernador “aclaró” que lo anterior es “una aspiración” a dialogarse con el sector privado.
Para Quiñones Domínguez, esto es otro ejemplo más del corte populista del mensaje de Rosselló Nevares, un hecho para satisfacer las gradas y que, en cierto modo, usurpa la acción legislativa ya iniciada por el representante popular Manuel Natal, quien la semana pasada sometió el proyecto de la Cámara 687, que busca aumentar el salario mínimo a $13.44.
“Cuando Natal presentó ese proyecto, el gobernador lo descalificó. Ahora lo incluye”, sostuvo la economista, dejando entrever la contradicción. Agregó que aun si por un lado se pretende aumentar el mínimo salarial, “por el otro lado, apruebas medidas que impactan a la juventud, como la reforma laboral”.
Emanuelli, por su parte, consideró que “se quiso hacer un mensaje tan positivo que el aspecto del aumento salarial no se explicó adecuadamente”.
“La idea que me llevé hoy, atendiendo las expresiones del gobernador, es que cuando vengan las compañías a establecerse en Puerto Rico, parte de la negociación para los beneficios contributivos va a ser una exigencia de que el salario sea mayor al mínimo. Esa es la única explicación lógica que le puedo ver”, adujo el letrado.
No obstante, “cuando [el aumento salarial] se extiende al sector público, pues no creo que el gobierno actualmente esté en posición de considerar eso”, añadió.
Incongruencias y mutis sobre panorama de la UPR
Más allá de resumir las acciones que ha tomado su administración en los primeros dos meses, y de elaborar generalmente sobre lo que incluye el plan fiscal, no deja de ser menos cierto, a juicio de Quiñones Domínguez, que también hubo incongruencias.
Uno de esos desfases, por ejemplo, es la celebración del mandatario de que “prácticamente la mitad del gabinete gubernamental lo ocupan mujeres en nuestro gobierno, una cifra sin precedentes en nuestra historia, y más del 70% del presupuesto es manejado por mujeres”.
“Pero entonces su administración deroga la circular de perspectiva de género en las escuelas. Una cosa es equidad, así como él lo ve de igual participación, y otra es la perspectiva de género”, que propende a sociedad más justa, equitativa y respetuosa de las diferencias, expuso la profesora.
Otra de las incongruencias reside en la afirmación de Rosselló Nevares –una que se repitió a lo largo del mensaje– de que está trabajando por los más vulnerables, “pero que todos los recortes y ajustes que propone lo que harán es afectar más a los que ya son, precisamente, vulnerables”, contrapuso la presidenta interina de la Asociación de Economistas de Puerto Rico.
Entre los temas que dejó en el tintero el primer mandatario, está el asunto de qué sucederá con los empleados cuando ocurra la reducción de agencias de 131 a 35. “La entrelínea es que pasarán a manos privadas, ya sea por Alianzas Público Privadas Participativas o por oenegés, que entonces serán quienes despedirán a esos empleados”, explicó Quiñones Domínguez.
En cuanto a la UPR, Emanuelli destacó que esta –junto a salud– son “las dos cosas que no deberían tocarse bajo ningún concepto. Y hay que ver todavía cómo pueden sobrevivir con un recorte de $300 millones en la UPR”.
El primer ejecutivo dijo parcamente en su mensaje que espera que la UPR logre alcanzar los $300 millones menos.
“La UPR es una escalera en términos sociales y económicos. Para que tengas una sociedad sana, necesitas educación de calidad, y la universidad permite que miembros de estratas sociales bajas puedan equiparse con los de otras más agraciadas para lograr una igualdad. En la medida que le tumbes siete u ocho escalones, estás maltratando esa escalera social”, adujo el abogado.
Quiñones Domínguez criticó que Rosselló Nevares “no le habló a los estudiantes, ni les dijo que estuvieran tranquilos”, ante el panorama de que será más costoso estudiar.
De darse el millonario recorte, aseguró la economista, sería “liquidar la única institución con poder de retar a la JCF y que puede ayudar en el desarrollo económico del país”.
