La Junta de Control Fiscal (JCF), con el voto en contra de Ana Matosantos, certificó ayer el plan fiscal del Gobierno de Puerto Rico. Hoy se estima que el ente haga lo propio con el plan fiscal para la Universidad de Puerto Rico (UPR). Ante esto, el vicepresidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Javier Córdova, expresó que las propuestas de la JCF, no solo lesionarán la institución, sino que tendrán efectos “detrimentales” sobre el desarrollo económico de todo Puerto Rico.
Ayer el ente federal publicó su versión del plan fiscal. En el documento se propone un aumento en la matrícula –$157 el crédito de estudiantes subgraduados para el 2023 versus $140 que había propuesto la administración universitaria–. Además de otros aumentos, el plan fiscal propone consolidar el sistema UPR en cuatro conglomerados: el campus de Río Piedras, que incluiría a las unidades de Bayamón y Carolina; el campus de Mayagüez, que absorbería a Aguadilla, Arecibo y Utuado; y el conglomerado del sureste, que constaría de las unidades de Ponce, Cayey y Humacao. El Recinto de Ciencias Médicas mantendría su independencia.
Por medio de un comunicado, Córdova enfatizó que pretender comparar los costos de la matrícula en la UPR con los costos de las universidades en Estados Unidos es un desacierto que representa un completo desconocimiento de la estructura socioeconómica del país.
Según el vicepresidente de la organización, no hay dudas que los datos post-huracán María han acentuado los niveles de pobreza en el país. Un porcentaje significativamente alto de los estudiantes de la UPR provienen de familias pobres, sobre el 70% recibe beca Pell y muchos de estos estudiantes son los primeros que en sus familias pueden acceder a estudios universitarios.
Asimismo, la APPU reiteró en un comunicado de prensa la necesidad de que la UPR permanezca como universidad pública y que el Gobierno de Puerto Rico mantenga su política pública de proveerle el financiamiento necesario para que continúe con su labor educativa y creativa al menor costo posible.
El documento proyecta que la universidad del Estado recibirá $433 millones de fondos provenientes del gobierno para el año fiscal 2023, cuando finalizaría la vigencia del plan. Los $433 millones es la resta entre $708 millones (lo que recibe la institución del gobierno al momento) y $275 millones (lo que dejará de recibir para el 2023).
Si se considera que entre el 2015 y el 2017 la universidad recibía asignaciones presupuestarias ascendentes a $900 millones, el que reciba $433 millones para el 2023 implica que la UPR habrá visto una reducción superior al 50% en lo que le asignaba el gobierno central.
Como parte de las propuestas alternas que se han mencionado, Córdova enfatizó en la necesidad de revisar las exenciones contributivas que no producen valor a la economía. Cada año Hacienda pierde sobre $500 millones en recaudos por exenciones contributivas sin rendimiento en la economía.
“Esto se ha convertido en un mantengo contributivo, que de eliminarse bien podrían permitir revocar los recortes a la Universidad de Puerto Rico. Si el gobierno planifica no tocar unas 30 leyes de incentivos por promover asuntos sociales, la APPU sostiene que el gobierno y la JCF todavía están a tiempo para reconocer a la UPR como un servicio público esencial y asegurar su financiamiento público, salvaguardando así su permanencia y su impacto positivo en el desarrollo socioeconómico de PR”, manifestó.
Ante la reducción en las pensiones y los cambios al Sistema de Retiro de la UPR, Córdova apuntó que es injusto y errado llevar a cabo reducciones a los beneficios a los pensionados.
“Nuestros pensionados completaron sus servicios a la institución contando con ingresos que les permitiría sostenerse una vez concluida su vida laboral. Rechazamos además enérgicamente que se pretenda congelar el plan de beneficios definidos y sustituirlo por uno de contribución definida. Esto implicaría la destrucción del plan actual que representa posiblemente el beneficio principal de sobre 19,000 participantes del sistema universitario”, señaló.
El vicepresidente de la APPU exhortó a todos los universitarios a sumarse a las diversas actividades en contra de este “nefasto plan”, así como a todas las iniciativas de defensa del primer centro docente del país.
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