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Con un “abrazo” a la sede del Ministerio de Educación, en Buenos Aires, protestaron representantes del sector contra los despidos masivos y los cambios en un área que ha sido clave hasta ahora en las políticas de inclusión en Argentina. Crédito: Guido Fontán/IPS
En Argentina, docentes, estudiantes y sindicalistas están movilizados por despidos masivos en el sector, que denuncian que forman parte de un proceso de vaciamiento de la educación pública y el avance hacia un nuevo modelo donde prima satisfacer las necesidades del mercado.
“Se está produciendo un modelo educativo que ya no se piensa en clave de derecho y en clave de derecho social para el conjunto de la población, sino que se piensa en clave de formación de un modelo social, económico, que pone foco en la lógica del emprendedor. Una lógica del individuo que se hace así mismo”, resumió a IPS la académica Myriam Feldfeber.
La especialista en educación de la Universidad de Buenos Aires participó el 31 de agosto en un “abrazo” a la sede del Ministerio de Educación en la capital argentina, convocado para denunciar una nueva oleada de 200 despidos y retrocesos “en la construcción hacia una educación gratuita, universal e igualitaria”.
La mayoría de las personas despedidas ahora se regían por contratos o estaban aún como transitorios en la plantilla, y se suman a otros 1,100 cesantes en el área de educación desde que asumió la presidencia el 10 de diciembre el centroderechista Mauricio Macri.
Desde entonces, se despidió a 10,662 empleados públicos en 23 ministerios y sus dependencias.
“Trabajaba en el Instituto de Formación Docente desde hace más de seis años. Un área de implementación de políticas que tienen que ver con el desarrollo de investigación en los institutos de formación docente de todo el país, explicó Laura Pico.
“El viernes (26 de agosto) recibí un llamado de un número desconocido en el que me informaban que estaba desvinculada del ministerio y que a partir del lunes no fuera más”, detalló a IPS.
Los despidos se suman a un proceso de reducción y eliminación de diversas políticas educativas, muchas implementadas durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncia que hay subejecución del presupuesto educativo, desmantelamiento de áreas de formación docente, de derechos humanos, educación de adultos, estadística, coros infantiles y juveniles, entre otras.
“Notamos con gran preocupación que nuestros despidos -además de una demanda gremial- ponen en el tapete un vaciamiento de políticas educativas y un retiro del estado de los territorios”, resumió a IPS el delegado de la ATE, Lautaro Pedot.
Fernanda Saforcada, especialista en educación y directora académica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), con sede en Buenos Aires, lamentó los despidos que además de un problema humano y social, “implican la pérdida de una experiencia acumulada”.
“Estamos hablando de equipos técnicos que desarrollaban una actividad, que tienen vínculos de trabajo, redes que se han ido constituyendo. Todo eso también es una pérdida significativa. Se pierde experiencia, se pierde historia, se pierden saberes, se pierden relaciones”, dijo a IPS.
El desmantelamiento es más evidente en áreas como el Instituto Nacional de Formación Docente y el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, así como en programas socioeducativos y de inclusión digital, de derechos humanos, de educación sexual integral, artística y de jóvenes y adultos.
Asimismo fueron reducidos o eliminados programas de becas universitarias, para promover la igualdad de género, de entrega de computadoras a estudiantes con necesidades especiales o de estímulo a completar estudios secundarios.
“Creo que ahora se apunta a un sistema de educación opuesto al de inclusión y al de garantizar el derecho a la educación”, puntualizó Pico.
Para Feldfeber, también coordinadora de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente y de grupos de investigación de Clacso, lo que “en principio desaparece es la idea de la educación como derecho, como horizonte de la política pública”.
Como ejemplo de aquella estrategia, mencionó la creación de 14 universidades nacionales “sobre todo en lugares a las que están teniendo acceso sectores tradicionalmente excluidos del sistema”, y hoy cuestionadas.
“Es un tema muy preocupante que algunas áreas centrales están siendo ocupadas en el Ministerio de Educación por personas que no vienen del campo educativo, por directivos de empresas o por personas que no tienen ningún tipo de trayectoria dentro del sector público”, subrayó.
“Uno de los cargos más altos del ministerio es ocupado por un gerente internacional de Phillips Morris (el ahora subsecretario de Políticas Socioeducativas, Ezequiel Newbery), que plantea que no conoce que es educación, que no entiende que es una política socioeducativa y que dice que viene al ministerio a poner orden”, consideró.
“Ordenar, se entiende en la clave de lo que estamos asistiendo hoy, que es despedir trabajadores, desarmar equipos”, adujo.
En el marco de lo que llama una “modernización” de la administración pública, el gobierno argumenta que se trata de un “reordenamiento” ministerial.
El ministro de Educación, Esteban Bulrich, defiende “una revolución educativa”, que define como “darle a cualquier argentino, nazca donde nazca, la posibilidad de que tenga las mismas condiciones de calidad educativa”.
Para Bulrich, “la inclusión sola, sin calidad, no sirve, es un medio camino. Inclusión sola es fraude” y para mejorar esa “calidad” hay “que comenzar por el verdadero agente de cambio que es el docente”.
“La idea es darle (al docente) más herramientas, para que tengan una visión moderna, del siglo XXI de las habilidades y competencias que los niños de nuestro sistema educativo necesitan para ser autónomos”, explicó en un acto en junio.
Saforacada critica que el denunciado fortalecimiento del “ámbito privado”, se da “en el marco de un proceso de reconfiguración del rol del Estado”.
“Hay un nuevo posicionamiento del Estado en búsqueda de alianzas con ONG (organizaciones no gubernamentales), con fundaciones y con sectores empresariales”, analizó.
“Son ONG muchas veces vinculadas a sectores empresariales, que muestra cómo se vacía de alguna manera lo público para otorgar un nuevo contenido al ámbito de la gestión de la educación”, analizó.
“Y cuando hablamos del ámbito privado, más allá de la dicotomía de lo público y lo privado, hablamos de que lo que prima son los intereses individuales sobre los intereses de ciertos sectores y no el interés de lo común”, finalizó.
La ATE denunció un intento de “privatización” en programas como “Conectar Igualdad” (destinado a la inclusión digital, heredado del gobierno anterior), donde este año “desembarcaron empresas internacionales como Microsoft y Google”.
El objetivo sería sustituir por esos programas operativos, otros de ‘software’ libre producidos localmente, como Huayra, utilizados en computadoras portátiles distribuidas gratuitamente a los escolares.
El informe Educación para Todos en el Mundo 2000-2015, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), destacó avances en la educación argentina en la última década, en seguimiento a las metas planteadas durante el Foro Mundial de Educación de Dakar, en 2000.
Según ese informe, el gasto público en educación de este país sudamericano fue uno de los más altos de América Latina, representando el 6.26 del producto interno bruto.
Asimismo se consiguió que casi 99.1% de los niños y niñas argentinos asista a la escuela primaria, lo que ubica al país junto a Uruguay con el nivel de cobertura más alto de la región.
Respecto a educación secundaria, la tasa neta de matrícula es una de las más altas de América Latina: 89.06% en el año 2012, aunque todavía preocupa la deserción de los jóvenes en este nivel.
Argentina, con 43 millones de habitantes, redujo también los índices de analfabetismo de 2.6 a 1.9% de las personas mayores de 15 años.
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