Integrantes de Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM), Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual demandan que el gobierno de Puerto Rico que se revise y modifique el sistema de selección de las juezas y jueces, para sacar del medio la política partidista en los tribunales.
“El sangriento comienzo del año 2024 con cinco feminicidios ha opacado las esperanzas que albergábamos las organizaciones que luchamos diariamente por la reivindicación de nuestros derechos humanos, de que habría un nuevo amanecer para vivir en paz, libres del discrimen por género del cual la violencia machista es su más grave y degradante manifestación”, expresaron las integrantes de la Coalición en comunicado de prensa.
De ese modo expresa la resolución aprobada por unanimidad por la CPM que incluye reclamos dirigidos a distintos sectores del Estado, incluyendo la rama Ejecutiva. Al momento de redactar el documento, cinco mujeres habían sido asesinadas en situaciones de violencia de género. Ese número se elevó a seis a principios de marzo 2024 con el asesinato de Marisol Muñiz, en Aguada.
“La Coordinadora Paz para las Mujeres se une al sentimiento de indignación nacional por el fallido proceso legal en el que se atendió la solicitud de protección y de justicia que instó Linnette Morales Vázquez; situación que ocurre en muchos otros casos, como nos lo recuerdan el de Andrea Ruiz Costas y el de Karla Rodríguez Báez”, añadieron las activistas.
La organización propone que el Estado desarrolle campañas publicitarias educativas amplias, sostenidas, masivas sobre la violencia machista que incluyan información sobre los servicios de protección existentes, los recursos legales disponibles, las señales de alerta, entre otros aspectos. Además, exigen que este trabajo mediático de prevención se realice “en consulta con personas especializadas en violencia de género y las organizaciones que les ofrecen servicios a las mujeres sobrevivientes, sus hijas e hijos”.
CPM pide al Gobierno de Puerto Rico, particularmente al Gobernador Pedro Pierluisi, “que cumpla con su obligación legal de nombrar a las personas que deben integrar la Junta Reguladora de Programas de Reeducación y Readiestramiento para Personas Agresoras, la cual ha estado vacante e inactiva por tiempo indefinido.
“Hacemos nuestro el reclamo de las organizaciones no gubernamentales de mujeres que ofrecen servicios esenciales a las víctimas sobrevivientes de la violencia machista para que los fondos que les asigna el Estado por el trabajo especializado que llevan a cabo, el cual el gobierno no tiene la capacidad de hacer, sean incrementados y estabilizada su asignación dentro del presupuesto nacional”, afirmó la Coalición.
La resolución adoptada por integrantes de la Coalición fue firmada por la presidenta del Comité Coordinadora de CPM, Lisdel Flores, y la secretaria del Comité, Blanca Cuevas. El documento fue enviado a el gobernador de Puerto Rico, a los presidentes de los cuerpos legislativos y a las presidentas de las Comisiones de la Mujer, a la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, al Juez Administrador de la Oficina de Administración de los Tribunales, a las agencias gubernamentales con responsabilidades hacia las víctimas sobrevivientes de violencia y a los medios de comunicación.
Lea aquí la resolución: www.pazparalasmujeres.org/medios/
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