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Ante la determinación del juez de New Hamsphire de cerrar a la prensa y al público general la segunda fase de selección de jurado en el caso federal por corrupción contra el ex gobernador de Puerto Rico Aníbal Acevedo Vilá, las organizaciones de periodistas radicaron dos mociones que buscan reabrir el proceso para que sea público. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Overseas Press Club de Puerto Rico (OPC) radicaron dos mociones en las que solicitan al juez Paul J. Barbadoro una reconsideración a su determinación de cerrar al público y a la prensa la segunda fase de selección de jurados en la que se entrevistaría individualmente a los potenciales jurados. Para ello, las organizaciones solicitan la celebración de una vista oral en la que puedan argumentar su posición y la paralización de la selección del jurado hasta que se celebre la vista oral. Específicamente se cita el caso Press Enterprise Co. Vs. Superior Court, 464 U.S. 501 (1984), en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que es inconstitucional restringir el acceso del público y la prensa al proceso de selección de jurado, que es parte del juicio. En ese caso, se estableció que para limitar esa apertura del proceso debe haber hallazgos específicos que afecten el interés del gobierno. Las organizaciones de prensa sostienen que en el caso contra el ex Gobernador se tomó la determinación de cerrar el proceso ante la solicitud de la fiscalía y la defensa de Acevedo Vilá, que se basaba en supuestos sobre el efecto que podría tener la presencia de la prensa en la sala. También se apunta a que la jurisprudencia sobre esta materia establece que se debe celebrar una vista sobre la necesidad de cerrar los procesos en la que se escuchen los argumentos de los medios de comunicación. Las mociones de los gremios periodísticos abordan cada uno de los supuestos escenarios que se plantearon para solicitar el cierre del proceso. La petición de la fiscalía y la defensa se basó en que los potenciales jurados podrían sentirse incómodos con la presencia de la prensa, en que su identidad podría conocerse de antemano y en la posibilidad de que candidatos traten de influenciar a otros potenciales jurados. La primera fase de la selección del jurado se celebró con la presencia de una representación de la prensa compuesta por tres periodistas y cinco personas de público general. El caso contra Acevedo Vilá es uno de alto interés público en el que se establecieron reglas especiales de cobertura para que cada medio de comunicación pueda tener al menos un representante en sala cuando comience el juicio en su fondo. El juez Barbadoro anticipó que el jurado estará secuestrado y que no podrán tener acceso a noticias sobre el caso, aunque anticipó que se les permitirá tener contacto con los familiares bajo la supervisión de alguaciles de la corte. Estimó que el juicio en su fondo comenzará en algún momento de la próxima semana y que durará entre cuatro a seis semanas. El inicio del juicio se da a casi un año de que un Gran Jurado emitiera las primeras acusaciones contra el entonces gobernador y otras doce personas en marzo de 2008 por irregularidades en la recaudación de fondos para sus campañas políticas. Más adelante, en agosto de 2008, se radicaron cargos adicionales contra el líder popular. En diciembre de 2008, el juez de New Hampshire Paul Barbadoro desestimó 15 de los 19 cargos contenidos en la primera acusación contra Acevedo Vilá. El veterano líder político enfrenta nueve cargos por conspiración y fraude electrónico por los que se expone a una pena de hasta 20 años de prisión. Las determinaciones de culpabilidad en el Tribunal Federal deben ser por unanimidad. El equipo de la fiscalía federal para este caso estará comandado por la veterana fiscal María Domínguez. El resto de los fiscales serán Ernesto López Soltero, Jacqueline Novas, Timothy Henwood y Mathew Stennes. Mientras que la defensa del ex Primer Ejecutivo estará a cargo de los abogados Thomas Green, Bradford Berenson, Eric Shumsky, Harry Anduze y José Ortiz Vélez. La investigación federal contra Acevedo Vilá tuvo su origen en una querella que le radicó el también ex gobernador Carlos Romero Barceló en octubre de 2004 por irregularidades en sus recaudos para la campaña electoral del 2000. Ya en septiembre de 2006 las autoridades federales comenzaron a citar figuras ligadas a Acevedo Vilá para entrevistas o comparecencias ante un Gran Jurado. El 27 de marzo de 2008 agentes federales arrestaron a los doce coacusados en el caso. Al otro día, el Gobernador se entregó a las autoridades estadounidenses en la Isla y se declaró no culpable de los cargos que pesaban en su contra. A pesar de las acusaciones federales, Acevedo Vilá se mantuvo en la presidencia del PPD y aspiró a la reelección a la gobernación, pero fue ampliamente derrotado por el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Luis Fortuño.