En estos momentos, en Puerto Rico, el Gobierno parece ir por un lado mientras el pueblo va por otro. Al menos, así luce la cosa cuando de la auditoría de la deuda pública se trata.
Por un lado, el gobernador Ricardo Roselló Nevares sostiene que no es necesario auditar la deuda y que de eso se encargará la Junta de Control Fiscal que ha impuesto la Ley Promesa. Con el aval e incentivo de Fortaleza, tanto la Cámara de Representantes como el Senado aprobaron recientemente disolver la Comisión Ciudadana para Auditar la Deuda, cuerpo establecido el cuatrienio pasado durante el último año de incumbencia de la mayoría del Partido Popular Democrático en la Legislatura, con Alejandro García Padilla en Fortaleza.
Esa legislación provocó que en las afueras del Capitolio hubiesen choques entre la Policía de Puerto Rico y manifestantes, luego de que el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz impidiese la entrada de ciudadanos al hemiciclo.
Mediante el Proyecto del Senado 428 y el Proyecto de la Cámara de Representantes 785 que impulsaron las mayorías del Partido Nuevo Progresista (PNP) en ambos cuerpos legislativos, se derogó la ley que había creado la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público, eliminando de golpe y porrazo el derecho que tiene el pueblo puertorriqueño de conocer quiénes son los responsables del boquete económico y fiscal en que se encuentra el país.
La medida fue aprobada a viva voz en el Senado el 17 de abril – día en que manifestantes indignados enfrentaron a la fuerza policiaca. Mientras, la Cámara de Representantes hizo lo propio el 18 de abril. Irónicamente, todo esto sucede mientras la clase política puertorriqueña, los mismos que hacen las leyes de este país, siguen siendo señalados por distintas organizaciones como los responsables del desastre económico en el que yace Borinquen. ¿Es coincidencia que esa misma clase política se oponga a fiscalizar la deuda? ¿Por qué el afán de evitar la justicia fiscal? ¿Están defendiéndose entre ellos? No vale la pena ni contestar estas preguntas.
Aquí otra pregunta: ¿Qué le queda hacer ahora al pueblo para combatir la apatía y desdén que muestra el Gobierno con respecto a la justicia fiscal? Pues en los pasados tres meses se ha intensificado una campaña mediática en las redes sociales bajo el hashtag #AuditoríaYa. Este hashtag ha sido propuesto por el Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, que se ha dado a la tarea a liderar la campaña informativa en las redes sociales.
Aquí uno de los vídeos realizados por este colectivo:
Por otro lado,el representante Manuel Natal también se ha unido en sus riedes sociales al hashtag #AuditoríaYa con una campaña de infográficas, que, según le dijo a Diálogo, fue “información que generé para un turno en el hemiciclo”.
Las gráficas contienen información contundente y destacan la participación incluso de los padres del actual gobernador, Pedro Rosselló González y Maga Nevares. De igual forma, alude a otras figuras como el exgobernador Luis Fortuño y el actual miembro de la Junta de Control Fiscal, Carlos ‘Caco’ García. A continuación las infográficas que ha distribuido Natal a través de sus redes sociales.
