La segunda asamblea general del año de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Bayamón se convirtió en una reunión informativa luego de que menos de 300 alumnos acudieran al cónclave, quedándose así corto del quórum requerido para procesar mociones.
A pesar de la pobre asistencia, los vaqueros y vaqueras que se dieron cita ayer a la cancha del campus debatieron acerca de las dificultades que conllevan tanto el plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno de la UPR como el de la Junta de Control Fiscal (JCF), así como las posibles acciones a considerarse para enfrentar los significativos aumentos en los costos de matrícula y otras cuotas que ambos documentos proponen.
El representante estudiantil ante la Junta Universitaria, Christopher Rodríguez, apuntó que el principal objetivo de la JCF es que un mayor porcentaje de las becas federales vaya dirigido a cubrir los costos de matrícula, en lugar de dejar un sobrante que ayude a los estudiantes a costear el resto de los gastos que implica la vida universitaria.
El plan fiscal aprobado por la Junta de Gobierno –que el cuerpo ha asegurado que implementará a pesar de las objeciones de la JCF– contempla aumentos escalonados en el crédito subgraduado por los próximos cinco años académicos. Para el 2018-2019, el costo del crédito aumentaría de $56 a $115 y sucesivamente incrementaría a $120, $125, $135 y $140 en los siguientes cuatro años.
En la propuesta de la JCF los aumentos son un poco más severos a partir del 2019-2020, por lo que el costo por crédito se situaría en $157 para el 2022-2023. Ambos documentos coinciden en la cifra de $115 para el año académico entrante, que ya la Junta de Gobierno ratificó en su reunión más reciente.
Además de aumentar los costos de matrícula, la UPR revisará prácticamente la totalidad de las exenciones que al presente concede, que suman unas 10,000 a nivel sistémico. Solo aquellas exenciones que se otorgan por ley –tales como las que reciben veteranos e hijos de veteranos– permanecerían intactas bajo el nuevo plan fiscal.
Según las proyecciones de la JCF, la UPR se ahorraría unos $28.6 millones el año siguiente a partir de ese ajuste.
Ante este panorama, un estudiante planteó la posibilidad de boicotear el día de matrícula.
“Si los estudiantes no vienen, el dinero no entra”, sostuvo.
Otro tema que se discutió en la asamblea fue la probatoria en que la agencia acreditadora Middle States mantiene a ocho recintos y unidades del sistema, entre ellas la UPR Bayamón.
“[La universidad] tiene que presentar un plan de cómo vamos a manejar el presupuesto con los recortes”, puntualizó Lyvan Buntín, presidente interino del Consejo General de Estudiantes (CGE), en torno a una de las dificultades que enfrenta la UPR –y por ende sus unidades– tras las reducciones en las asignaciones gubernamentales que para el 2018-2019, según el plan fiscal del gobierno, ascenderán a $70 millones con respecto al presente año fiscal.
Dudas con la asamblea nacional
Por otra parte, la asistencia de los estudiantes de la UPR Bayamón a una posible asamblea nacional quedó en suspenso ante los costos que su realización podría implicar. Rodríguez, de la Junta Universitaria, mencionó que la organización podría suponer un costo ascendente a entre $10,000 y $15,000.
De esta forma, los vaqueros se unieron a los estudiantes de la UPR Aguadilla y el Recinto de Ciencias Médicas, que han condicionado su participación a que se presenten más detalles logísticos en torno al posible cónclave.
Los estudiantes de las unidades de Carolina, Mayagüez, Río Piedras y Ponce han manifestado que participarían de la asamblea de lograr concretarse, mientras que los de Humacao descartaron su asistencia.
Rodríguez, asimismo, lamentó que la falta de quórum impidiera que la matrícula asumiera una postura en relación a la propuesta de la Junta de Gobierno que permitiría a decanatos y rectorías en las distintas unidades solicitar una votación electrónica sobre asuntos que ya se hayan decidido en asambleas estudiantiles.
En teoría, esto abriría la puerta a que determinaciones avaladas en asamblea sean revertidas mediante el proceso electrónico.
“Si esto se permite, estarían yendo en contra de la autonomía del estudiantado. Esto no le conviene al estudiantado ya que la administración de una forma o de otra puede forzar a que los estudiantes tomen una decisión que vaya en contra a lo decidido en una asamblea”, subrayó el líder estudiantil.
En un aparte con Diálogo, Buntín atribuyó la falta de quórum a las complicaciones presentadas por el nuevo formato trimestral que se implantó en la UPR Bayamón.
“En la última asamblea hubo más de 700 estudiantes presentes, esperaba el quórum que me diera las mociones para apoyar ciertos puntos, pero entiendo que ha sido [un calendario] intenso”, indicó el presidente interino del CGE.
