La adopción de medidas de austeridad por “la buena o por la mala” no es una idea nueva. Da igual que se estrene con discursos reformistas o moralistas de que “no hay alternativa” o que sea a través de legislación prepotente de emergencia declarando estados de excepción gubernamental que limitan lo mejor de la democracia a un ejercicio fútil. Esta forma antidemocrática de gobernar ha estado de moda durante el desarrollo de las crisis económicas recientes provocadas por la ambición de los bancos y banqueros alrededor del mundo. Lo cierto es que luego del fracaso de la austeridad en docenas de países, nadie hoy argumenta seriamente que a través de ésta se reduce la deuda pública de los países. Los gobiernos la siguen utilizando porque ciertamente los programas de austeridad se pueden improvisar sin la obligación de hacer juicios valorativos de su eficiencia. En fin, que quien ostenta el poder impone la austeridad a los desposeídos del mismo.
Desde ese punto de vista, y luego de evidentes fracasos en la última década, la insistencia del gobierno de Puerto Rico en reiterar una política de austeridad con el “nuevo” Plan de Ajuste Fiscal y Económico a cinco años, es, y debe catalogarse, como un disparate administrativo, producto del conformismo, la improvisación y la desesperación. Ningún basamento teórico nos ha presentado que pruebe la eficacia de las medidas de austeridad. Lo que sabemos en concreto es que el V2A Strategic Management, uno sólo de esos consultores, contratados irrespectivamente por administraciones del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Nuevo Progresista (PNP) para el diseño e implementación de las medidas de austeridad le ha cobrado un total de $3,605,789 en contratos al gobierno desde 2009. Esos son los “astutos” proponentes de la Ley Núm. 7 del 2009, donde se gastaron 1,000 millones de dólares en implementación para ahorrar unos 350 millones y también de la Ley Núm. 66 del 2014, que se desdobla como otra mala noticia para la gobernabilidad y economía de este país. Ciertamente, estas son decisiones que constituyen verdaderas atrocidades administrativas y que mantienen a nuestro país en la incertidumbre. Ninguna persona sensata apostaría por estas estrategias y por tan cuestionables asesores.
La forma en que ha venido administrando el liderato político en Puerto Rico es el equivalente moderno a los métodos de “Robin Hood” a la inversa, es decir, quitar a los trabajadores lo poco que tienen, para dar más a los que ya cuentan con un buen número de privilegios en nuestra sociedad. La clase trabajadora y los asalariados particularmente somos una generación condenada y obligada al rescate de los banqueros. Nuevamente la fe de nuestros líderes se dirige a la minoría, a un grupo selecto de empresarios y grandes empresas del sector privado que tantas lecciones de indiferencia y oportunismo le han ofrecido a nuestro pueblo en tiempo reciente y que francamente no sirven para crear empleos dignos sino su antítesis, trabajos precarios y contradictoriamente subsidiados por el gobierno como es el caso de los incentivos que reconoce la Ley Núm. 66. Nuevamente, mientras por un lado se desprecia el valor social del trabajo en nuestra sociedad, se coloca en la espalda de los trabajadores el pago de los platos rotos.
Un somero análisis del Plan de Ajuste fiscal revela sus prejuicios. El afán es claro, las políticas de austeridad quieren acabar con los pactos sociales de solidaridad, con la movilidad social, con las oportunidades de promoción del trabajo juvenil, con la protección de los enfermos y ancianos o con los “sospechosos” reclamos de los retirados por sus pensiones, de los padres que quieren la mejor educación para sus hijos o los desempleados que quieren trabajar, todo ello aduciendo un ajuste a los desmanes del Estado benefactor, la necesidad de recortar los mismos en nombre de un supuesto mayor crecimiento económico y un aumento de las oportunidades sociales. Todo esto un macabro e insultante embuste propagandístico.
En ese Plan de Ajuste, y en contra de los trabajadores, utilizando eufemismos simpáticos al oído como el de supuestamente “estimular al empleo y la participación laboral, se proponen: (1) la extensión del periodo probatorio a un año; (2) cambiar la fórmula constitucional para calcular el tiempo extra y establecer la jornada de manera que prevalezcan formas de flexibilidad laboral que terminan siendo unilaterales en su implantación y nocivas a la salud de los trabajadores; (3) justificar otros causales para la reducción de personal y (4) reducir la indemnización por despido injustificado a 6 meses, que no es otra cosa que abogar por el “despido libre” haciendo más sencillo y barato el despido; (5) congelar el salario mínimo para los jóvenes menores de 25 años y en general (6) pedir una moratoria de diez años al Congreso de Estados Unidos en su implantación a Puerto Rico; (7) extender, hasta el 2022, las disposiciones de la Ley Núm. 66 que congelan nuevas contrataciones, las asignaciones presupuestarias por fórmulas, (incluyendo obviamente los fondos de la UPR, con miras a eliminar el subsidio gradualmente) los costos de servicios, los incrementos salariales y los convenios colectivos e insistir en la reducción de puestos abriendo ventanas de retiro temprano que tan nocivas han sido a la salud fiscal de los sistemas de retiro; (8) reducir la nómina del Departamento de Educación; (9) el control de gastos en los programas mi salud; (10) flexibilizar más aún el pago del bono de Navidad; (11) limitar los derechos al periodo mandatorio de vacaciones a nuevos empleados; (12) ajustar a favor del patrono la normativa de retención de empleados durante los procesos de reorganización empresarial; (13) reducir a un año el periodo que tienen los trabajadores para demandar por reclamos laborales; entre otros. Por su parte, el informe Krueger propone la eliminación del salario mínimo federal, extender el periodo probatorio de los empleados nuevos a dos años, la eliminación de horas extras, el despido de maestros y el cierre de escuelas. Esto, entre muchas otras medidas contrarias al interés de las mayorías que brindan y reciben los servicios gubernamentales.
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El autor es catedrático en Relaciones Laborales y Derecho del Trabajo de la Escuela Graduada de Administración Pública, Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, destacado en la Facultad de Derecho de la UCM–Madrid y el Departamento de Sociología del Trabajo II del Campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid y el Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla La Mancha, ambos en España. Artículo tercero de una serie sobre la peligrosidad de la austeridad como política gubernamental. Una discusión más a fondo de este tema se puede encontrar en el último libro del autor: El Periodo de Prueba en España: Estudio con Especial Referencia a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español y la Normativa del Ámbito Internacional. Madrid: España, 2015
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Especial para Diálogo
Colaboración especial para el periódico oficial de la Universidad de Puerto Rico.
