Un informe de Human Rights Watch (HRW) concluyó que el Banco Mundial ignora sistemáticamente las denuncias de abusos contra los derechos humanos vinculados a los proyectos que financia la institución financiera multilateral con sede en Washington.
En el papel, al menos, tanto el Banco Mundial como su sucursal de préstamos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), se comprometieron a consultar y proteger a las poblaciones afectadas por los proyectos que financian.
Pero una investigación realizada entre mayo de 2013 y mayo de 2015 en Camboya, India, Kirguistán y Uganda, recogida en el informe de HRW titulado A su propio riesgo, concluyó que los funcionarios del Banco ignoran sistemáticamente las denuncias de represalias severas contra quienes se manifiestan contra los proyectos financiados por la institución.
En algunos casos, el Grupo del Banco Mundial incluso omitió dar asistencia a integrantes del personal local que trabajan con sus funcionarios.
La autora del informe, Jessica Evans, destacó en conferencia de prensa el lunes 22 de junio un incidente en el que un intérprete del Panel de Inspección del Banco Mundial, el órgano de control de la institución financiera internacional (IFI), fue enviado a la cárcel pocas semanas después de que el Panel concluyera su proceso de revisión.
Sin mencionar la identidad de la víctima para proteger su seguridad, Evans señaló que, aparte de interrogar a funcionarios gubernamentales “a puerta cerrada”, el Banco mantiene un completo silencio sobre la suerte del activista independiente que trabajaba para fortalecer el propio proceso de la institución.
Este tipo de acciones, o su omisión, “se burlan del compromiso declarado (del Banco) con la participación y la rendición de cuentas”, determina el informe.
HRW identificó decenas de casos en que activistas afirman haber sufrido acoso, maltrato, amenazas o intimidación por expresar sus objeciones ante iniciativas financiadas por el Banco o la CFI por motivos sociales, ambientales o económicos.
Debido a que las poblaciones próximas a los grandes proyectos de desarrollo tienden a ser muy pobres o vulnerables, y por lo tanto no tienen la posibilidad de presentar formalmente sus denuncias, el número real de personas que sufrieron este tipo de represalias con “seguridad” es mucho mayor que lo señalado en el informe, según los investigadores.
“Con respecto al tema de las represalias el silencio y la inacción del Banco Mundial ya cruzaron la línea” hacia el ámbito de la complicidad, afirmó Evans en diálogo posterior con IPS.
El Panel de Inspección planteó la cuestión de las represalias en 2009, lo cual le dio tiempo de sobra al Banco Mundial para que tomara las medidas necesarias con el fin de remediar el problema crónico y generalizado, añadió.
En cambio, sigue relacionándose con gobiernos que tienen malos antecedentes en materia de derechos humanos mientras que hace oídos sordos a las presiones y demandas de la sociedad civil para fortalecer los mecanismos que protejan a las comunidades indefensas y marginadas de las represalias violentas.
Un ejemplo es el caso de Elena Urlaeva, que dirige la Alianza de Derechos Humanos de Uzbekistán, con sede en Tashkent, y que fue detenida en un campo de algodón el 31 de mayo de 2015, mientras documentaba el sistema de trabajo forzoso que aplica el gobierno uzbeko en la producción algodonera.
Según HRW, Urlaeva fue detenida y sufrió abuso sexual durante una exploración sumamente violenta de sus cavidades físicas. Médicos y policías de sexo masculino, en búsqueda de una tarjeta de datos de su cámara, realizaron un procedimiento tan invasor que la hicieron sangrar.
A Urlaeva se le prohibió usar el baño y se la obligó a salir de la comisaría, en presencia de policías que la llamaron “puta” y la filmaron mientras hacía sus necesidades. Luego la amenazaron con publicar el vídeo en Internet si denunciaba el tratamiento que le propinaron.
Evans recordó que todo esto ocurrió en el contexto del incremento del apoyo financiero del Banco Mundial al sector algodonero uzbeko. La institución ya comprometió 450 millones de dólares para financiar tres grandes proyectos agrícolas del gobierno, aunque existen pruebas de que el sector se basa en un sistema de trabajo forzoso.
Como no existe un mecanismo sólido dentro del Banco Mundial para hacer que su financiación cumpla con las normas internacionales de derechos humanos, hay un “riesgo real” de que los observadores independientes y activistas sigan soportando situaciones tan violentas como la de Urlaeva, subrayó Evans.
Reacción “decepcionante”
El Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas se pasan mutuamente, de un foro al otro, la responsabilidad por la violación de los derechos humanos relacionados con el desarrollo.
En su informe de mayo de 2015 para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el relator especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, criticó los intentos de varios Estados por mantener la economía, las finanzas y el comercio internacional “en cuarentena” en el marco de los derechos humanos.
El funcionario australiano criticó a las IFI por contribuir con esta cultura de la impunidad.
“El Banco Mundial puede negarse simplemente a comprometerse con los derechos humanos en el contexto de sus políticas y programas, el Fondo Monetario Internacional hace lo mismo, y la Organización Mundial del Comercio no es muy diferente”, aseguró Alston, añadiendo que estos organismos le pasan el problema al Consejo de Derechos Humanos, y este lo devuelve al campo financiero.
“No se puede tener un desarrollo próspero sin una participación sólida de la sociedad civil para fijar las prioridades de desarrollo, diseñar proyectos y supervisar su aplicación”, comentó Gretchen Gordon, coordinadora de la organización Bank on Human Rights, una alianza mundial de movimientos sociales que trabajan para que las IFI cumplan con sus obligaciones de derechos humanos.
Si los bancos y sus Estados miembros no asumen el liderazgo e implementan los protocolos y políticas necesarias “van a seguir experimentando el aumento de los fracasos en materia de desarrollo, los abusos de derechos humanos y los conflictos”, advirtió.
Aunque los investigadores de HRW buscaron el aporte del Banco Mundial y la CFI enviándoles una serie de preguntas en abril, solo recibieron una “respuesta sosa” que no abordó la cuestión de las represalias y se limitó a señalar que el Banco “no es un tribunal de derechos humanos”.
“Esperaba una conversación muy constructiva con el Banco Mundial. En cambio, todo lo que oigo son respuestas vacías. Propusimos recomendaciones muy pragmáticas sobre la forma en que el Banco puede trabajar con eficacia en entornos difíciles, pero estamos muy lejos de eso”, pronosticó Evans.
Tanto el Panel de Inspección del Banco Mundial como el Asesor en Cumplimiento /Ombudsman de la CFI recibieron el informe de HRW con entusiasmo, pero son organismos independientes y sin el poder necesario para lograr un cambio real en el Grupo del Banco Mundial.
Ese poder yace con el presidente de la institución, Jim Yong Kim, que tendrá que “tomar la iniciativa y enviar un mensaje claro a su personal que la cuestión de las represalias es un tema prioritario”, concluyó Evans.
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Inter Press Service
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