“Intentó acabar conmigo,
Intentó, pero no pudo,
Conmigo nunca han podido,
Porque estoy hecha de ausubo…”,
Coro del tema ‘Hecha de ausubo’, del grupo de bomba Ausuba
El sol pega chévere a las once menos cuarto de la mañana de un caluroso domingo de septiembre en el paraíso caribeño de Puerto Rico y Berta Zúñiga Cáceres anda en una playa en Carolina, a miles de kilómetros de su Honduras, de su río Gualcarque, del pueblo por el que aprendió a luchar desde la cuna.
No se equivoque, Zúñiga Cáceres también anda igual de lejos de la vacación. Esto no es una estadía de placer, de trajes de baño y bronceados, de catamaranes en Palominito o casitas de La Parguera.
Es todo lo contrario.
Aunque, bueno, pudiese uno ampararse en que para una guerrera de las luchas ecológicas y los derechos de los pueblos oprimidos como ’Bertita’, o su madre, Berta Cáceres, asesinada hace seis meses a tiros en Honduras, “la vida es lucha toda”, como dijo Juan Antonio Corretjer, o que “la alegría está en la lucha”, como dijo en una ocasión Mahatma Ghandi.
Más allá de cualquier frase célebre, Bertita lleva la lucha en su piel hondureña. Esa es la piel de Latinoamérica. Y Puerto Rico es parte de Latinoamérica. Ahora, habla ante poco menos de un centenar de personas sobre lo que sucede en su nación, dónde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) lidera la defensa del territorio del pueblo Lenca y ha propulsado la resistencia contra del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, en el Río Gualcarque, en la zona oeste de ese país centroamericano.
Habla, en específico, del asesinato de su madre, baleada seis meses atrás, crimen que se ha vuelto insignia de la denuncia a la persecución de ambientalistas alrededor del planeta.
“Aquel día, mi mamá le dijo a mi abuela: ‘si usted escucha algo, usted no se asuste, que en este país de mierda cualquier cosa puede pasar’”, le dice Berta a los que fueron a conversar con ella en el campamento que mantiene en Carolina el grupo Playas Pa’l Pueblo, que durante más de una década están apostados entre el balneario de Isla Verde y el Hotel Marriott.
“Y pasó lo que pasó”, recuerda.
Berta Zúñiga Cáceres, durante su participación en un conversatorio en el campamento de Playas Pa’l Pueblo, en Isla Verde, el domingo pasado. (Ricardo Alcaraz Díaz)
El 2 de marzo de este año, dos encapuchados entraron a una casa en el poblado La Esperanza, en Intibucá, Honduras, y arremetieron a tiros contra Berta Cáceres y el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien sobrevivió el atentado. Días antes, Cáceres había ofrecido una rueda de prensa en la que denunció que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y otros tantos habían recibido amenazas.
Seis sospechosos han sido detenidos, pero Zúñiga Cáceres asegura que la justicia por el asesinato de su madre aún está lejos, debido a irregularidades que existen entre el gobierno hondureño y la poderosa empresa Desarrollos Eléctricos Sociedad Anónima (DESA).
Recordó cómo el proyecto en el Río Gualcarque comenzó “a meses de que sucediera el golpe de estado de 2009” al presidente Manuel Zelaya, al cual ha sido vinculada la candidata presidencial del Partido Demócrata y exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Apuntó al hecho de que a Zelaya lo llevaron a la base militar que los Estados Unidos tienen en la localidad de Comayagua, al oeste central de Honduras, antes de salir hacia Costa Rica. En una entrevista con Amy Goodman, de Democracy Now!, el propio Zelaya indicó que en esa base, conocida también como Base Militar Aérea Soto Cano o Base Palmerola, “se reabasteció de combustible”, “estuvimos como unos quince minutos o veinte minutos” y hubo “movimientos afuera, yo no sé con quién hablaron”.
“El Departamento de Estado (de Estados Unidos) siempre ha negado y sigue negando su vinculación con el golpe. Sin embargo, todas las pruebas los incriminan, y todas las acciones que hace el gobierno de facto del golpista para favorecer la política industrial, militar y financiera de Estados Unidos en Honduras”, dijo Zelaya en esa entrevista de 2011 con Goodman, periodista que recibió una orden de arresto la semana pasada por cubrir las protestas de grupos indígenas en Dakota del Norte en contra de la construcción de una gigante tubería para transportar petróleo. Según Zúñiga Cáceres, Estados Unidos opera once facilidades militares en Honduras, “entre bases y centros de entrenamiento”.
Durante el conversatorio, Cáceres mencionó como dueños mayoritarios de DESA, a la poderosísima familia Atala, liderada por el multimillonario Camilo Atala, presidente del banco centroamericano Ficohsa que adquirió la mayoría de los activos de Citibank en la región. Si el nombre de este banquero hondureño le es familiar es quizás porque estuvo en Puerto Rico el año pasado, con motivo de la Segunda Junta Ampliada del Consejo Empresarial de América Latina que tuvo de anfitriones al secretario de Desarrollo Económico, Alberto Bacó, y al gobernador Alejandro García Padilla.
Entre los seis detenidos por la muerte de Cáceres, figura Sergio Rodríguez, empleado de DESA. Según un reportaje de la periodista independiente de Los Ángeles radicada en Honduras, Gloria Jiménez, Rodríguez representó a DESA en una transacción entre esa compañía y la firma desarrolladora Fintrac, que ubica en Washington, DC y labora de la mano de la United States Agency for International Devolpment (USAID). Recientemente, activistas fueron arrestados por una manifestación en el Edificio Ronald Reagan de Washington, DC tras hacer denuncias sobre las acciones de USAID en Honduras.
Video de una protesta este año en el Edificio Ronald Reagan de Washington DC, en repudio a actuaciones del USAID en Honduras:
Los vínculos de la USAID a numerosos intentos de desarticular gobiernos alrededor del mundo han sido continuamente documentados. En 2014, Prensa Asociada reveló cómo esa organización desarrolló un esquema que utilizaba el hip hop cubano y las redes sociales para empujar la desestabilización política en Cuba. A principios de la actual década, la USAID fortaleció su presencia en Ucrania en ruta a una inversión de $142 millones en 2016 para reformas energéticas en este país, dos años después del conflicto desestabilizador. Hace tres meses, la USAID recibió denuncias por financiar a los “cascos blancos”, un grupo de rescatistas en Siria exaltados en un documental de Netflix, que un grupo de mujeres sirias activistas ahora señala como mercenarios y partidarios del Al Qaeda. Bueno, pero sigamos con Berta y ‘Bertita’, porque si nos ponemos a hablar de cómo este cooperador brazo de Estados Unidos mete la mano en la política de otros países no acabamos.
Además de Rodríguez, hay cinco otros arrestados, sospechosos del asesinato de la líder ecologista del pueblo Lenca: el sicario Elvin Rápalo Orellana, capturado este mes en una zona montañosa del municipio de Zacapa, al occidente de Santa Bárbara; Douglas Giovanny Bustillo, capitán retirado del ejército y exjefe de seguridad de DESA, y quién Zúñiga Cáceres cree que fue despedido “para que pudiera planear el asesinato” sin conflicto alguno; Mariano Díaz Chávez, un mayor del ejército de Honduras; Edilson Duarte, capitán retirado y quien supuestamente haló el gatillo; y su hermano gemelo, Emerson Duarte, a quien las autoridades le confiscaron un revólver calibre 38, con el que supuestamente mataron a Cáceres.
Zúñiga Cáceres entiende que los niveles de impunidad en el estado hondureño harán difícil “que paguen todos los verdaderos culpables del crimen” hacia su madre, Berta Cáceres, en el retrato al fondo. (Ricardo Alcaraz Díaz – Diálogo)Alcaraz Díaz)
Con respecto al juicio, a Zúñiga Cáceres no le sorprendería cualquier desenlace, debido a la impunidad que entiende que reina en su país y en Latinoamérica con respecto a casos como éste. La persecución a ambientalistas reconocidos del continente ha sido la orden del día. Cáceres por ejemplo, es una ganadora del Premio Goldman, catalogado como el Nobel de la ecología. A pesar de su prominencia y de que gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las vidas de Cáceres y los suyos llevan tiempo bajo amenaza.
“Yo me cuido mucho, pero al final, en este país de total impunidad soy vulnerable. Cuando quieran matarme lo harán”, le había dicho Cáceres a Al Jazeera en diciembre de 2013. “El Ejército tiene una lista para asesinar de 18 luchadores de los derechos humanos con mi nombre al tope”.
Desde 2002 a 2014, Honduras ha registrado 111 muertes por ataques a ambientalistas, según un informe divulgado el año pasado por la organización no gubernamental Global Witness. Menos de cuatro meses después del asesinato de Cáceres, apareció muerta a machetazos la también activista del COPINH, Lesbia Yaneth Urquía. Su cuerpo, sin vida y con cantazos de machete en la cabeza, fue encontrado en un basurero del municipio de Marcala, en la frontera con El Salvador. El COPINH responsabilizó públicamente al gobierno de Honduras por el asesinato.
Justo durante los días en que Zúñiga Cáceres estuvo en Puerto Rico, otra ganadora del Premio Goldman, la peruana Máxima Acuña, fue atacada y se encuentra en estado de gravedad. Según Ysidora Chaupe, hija de Acuña y el también activista Jaime Chaupe, este pasado domingo “gente contratada por la empresa minera Yanacocha entró en el terreno de la familia Chaupe sin ninguna autorización y empezaron a alterar su terreno con diversas herramientas. Cuando la señora Máxima y su esposo Jaime se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar. Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime. Con un arma han golpeado a Máxima en su cabeza y cuerpo y la han dejado gravemente herida”. La familia Chaupe Acuña libra una batalla legal y física con la minera Yanacocha en la zona de agricultura de Tragadero Grande en Cajamarca, barrio de la localidad de Sorocucho, en Perú.
“Aquel día, mi mamá le dijo a mi abuela: ‘si usted escucha algo, usted no se asuste, que en este país de mierda cualquier cosa puede pasar’”, narró la hija de Berta Cáceres sobre la última comunicación de su madre a su abuela. (Ricardo Alcaraz Díaz – Diálogo)
Ante esta funesta tendencia en contra de los ambientalistas, el ejemplo de Cáceres ha cobrado gran relevancia a nivel internacional. Castro, único testigo del atentado, Zúñiga Cáceres y el resto de la familia de la fenecida líder y del COPINH libran una cruzada por justicia para el crimen, que ejemplifica la frustrante situación de persecución que sufren los activistas del medioambiente y de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Latinoamérica.
“Vi al sicario a dos metros de distancia”
“Vi al sicario que me quiso asesinar a dos metros de distancia. Apenas me estoy recuperando del atentado. Seguimos en este proceso con la familia de Berta y con el COPINH (organización liderada por Cáceres)”, dijo Castro hace unos días a la prensa en Costa Rica, donde acudió para el Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales (COLCA).
Castro ha dicho en numerosas entrevistas que teme por su vida y estuvo refugiado durante un mes en la embajada de México en Tegucigalpa antes de salir del país. Ya sea en México, en Costa Rica, en España o en Puerto Rico, Castro, la familia de Berta Cáceres y los activistas del COPINH han levantado la voz sobre la persecución. De hecho a principios de septiembre, en México, Zúñiga Cáceres participó de un foro de Amnistía Internacional (AI), donde se abundó sobre los riesgos que enfrentan quienes se oponen a las grandes obras que atentan contra el medio ambiente, los recursos naturales y los pueblos nativos, tanto en Guatemala como Honduras.
Claro, cabe resaltar cómo en los países en desarrollo esta situación de opresión ecológica es algo común. Antes de que fuese una de las economías más potentes del planeta, Brasil tuvo un mártir en la figura del activista ambiental y líder obrero Chico Mendes, asesinado en 1988 por un ranchero tras años de lucha en defensa del Amazonas. El viacrucis de Mendes es reconocido alrededor del mundo – sale hasta en una canción de Maná – y a 28 años de su muerte es el estandarte de la lucha que libran los sectores oprimidos del Brasil de hoy ante el embate feroz de las desarrolladoras.
Hoy, el reclamo por justicia por el crimen de Berta Cáceres, el mismo que hace casi tres décadas se hacía por Chico Mendes en Brasil, el que ejemplifica el embate neoliberal de las empresas de desarrollo energético y los modelos extractivistas sobre el campesinado y los pueblos pobres del mundo, se hace en Carolina. Allí, en el pedazo de costa que a capa y espada han defendido los ambientalistas puertorriqueños, estaba Zúñiga Cáceres. El día anterior estuvo alzando la voz en la montaña, en el Encuentro Latinoamericano de Mujeres que Luchan por el Ambiente y el Desarrollo Sostenible en Casa Pueblo, en Adjuntas. Y al día siguiente llevó sus posturas a un anfiteatro de la Facultad de Estudios Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.
En fin, que ella no vino aquí a relajarse. Diálogo conversó con Zúñiga Cáceres durante su visita al campamento que durante más de un década han mantenido las organizaciones Amigos del Mar y Playas Pa’l Pueblo, entre otras organización. A continuación la entrevista, donde la joven líder ambientalista aborda el tema de los recursos naturales de Puerto Rico ante la llegada de la junta de control fiscal, el ejemplo de su madre, la “moda” verde de las grandes empresas desarrolladoras y la necesidad de que la resistencia ambientalista se una alrededor del planeta.
Aquí la entrevista:
