Fernando Cardim de Carvalho
A medida que 2015 se acerca a su fin, el pueblo brasileño vive un período de extraordinaria incertidumbre. La recesión parece empeorar día a día. La inflación es alta y exhibe una resistencia inesperada a las políticas monetarias restrictivas que aplica el Banco Central.
La perezosa economía internacional neutralizó en gran medida el incentivo que la fuerte devaluación de la moneda nacional, el real, podría representar para los exportadores y productores, que ahora compiten con importaciones más caras. Luego de la resistencia inicial, los niveles de empleo comenzaron a decaer.
Todo esto, sin embargo, no es solo una recesión “normal”. Se desarrolla en el contexto de un escándalo de corrupción mayor, que prácticamente paralizó la inversión de las grandes empresas, como la petrolera estatal Petrobras.
También plantea la posibilidad concreta de que figuras políticas, como el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, terminen en la cárcel. El líder del bloque del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) en el Senado, Delcidio do Amaral, ya está en prisión, al igual que otros miembros de la administración del presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).
Apenas pasa un día sin que haya noticias sobre nuevos escándalos o arrestos de autoridades y empresarios. Además, en los primeros días de este mes, el acosado presidente de la Cámara de Diputados aceptó una solicitud para iniciar un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, por presuntas violaciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Cualquier subconjunto de esa lista de hechos bastaría para provocar una inestabilidad generalizada. En su conjunto generaron una situación hasta el momento inédita de crisis política y económica de la que se tendrá que hacer esfuerzos extraordinarios para hallar una salida.
El juicio político contra la presidenta no surgió de la nada. La revelación del escándalo de Petrobras alimentó rumores y sospechas, no contra la presidenta, pero sí contra muchos de su entorno actual o pasado, ya que Rousseff fue ministra de Energía en el gobierno de Lula y expresidenta del consejo de administración de Petrobras.
Hasta ahora, sin embargo, no han surgido acusaciones ni pruebas contra la presidenta. De hecho, ni siquiera parece ser un principal objetivo de los investigadores, que parecen estar enfocándose en Lula y en su familia inmediata.
El elemento de la acusación que justifica el inicio del procedimiento de juicio político refiere al uso de artificios contables para violar los límites al gasto público impuestos por la Ley de Responsabilidad Fiscal, un argumento que la mayoría de los líderes de opinión parecen considerar demasiado débil para sostener el juicio político.
Lo que hace que todo el proceso sea más amenazante es, de hecho, la severa fragilidad política de Rousseff. La presidenta es considerada universalmente como la creación de Lula, pero el expresidente nunca renunció a su poder sobre el partido y la coalición que lideró.
Poco después de que Rousseff fue reelegida en noviembre de 2014 anunció un cambio radical en el rumbo económico de su administración. Las políticas de austeridad, el recorte del gasto y el aumento de los impuestos parecían inevitables ante el incremento del gasto federal para garantizar su victoria en las elecciones presidenciales.
La presidenta en ejercicio declaró en repetidas ocasiones durante la campaña electoral su rechazo a esas políticas, solo para anunciar su aplicación pocos días después de conocerse el resultado de la votación popular. A pesar del aparente apoyo de Lula, el cambio de rumbo fue mal recibido por el PT, que anunció a regañadientes su respaldo a Rousseff, pero condicionándolo a la modificación de las políticas macroeconómicas.
El partido parecía ignorar el hecho de que, durante 2014, el incremento del déficit fiscal no tuvo un impacto expansivo sobre la economía, que no creció en absoluto.
La percepción de que la presidenta carecía de apoyo político propio, sin embargo, alentó a sus adversarios a defender agresivamente las propuestas para su juicio político, basadas en cualquier motivo que se pudiera encontrar, o la anulación de la elección misma, o, si no funcionaba nada más, obligarla a renunciar.
Con una oposición agresiva y sin poder contar con una base política de apoyo, el gobierno se vio paralizado durante todo el año. Ninguna medida de austeridad relevante obtuvo la aprobación del Congreso.
A pesar del esfuerzo de los partidos de izquierda por culpar al ministro de Hacienda, Joaquim Levy – favorable a las medidas de austeridad – por la contracción de la economía, es imposible pasar por alto que los intentos fallidos de obtener la aprobación legislativa a las políticas propuestas solo hicieron explícita la falta de poder político que caracteriza la posición de Rousseff.
El callejón sin salida creado por la inexistencia de un gobierno efectivo ante una oposición agresiva llevó a los responsables políticos a aplazar todas las decisiones, salvo las más inmediatas. La inversión cayó, los despidos de trabajadores crecen, el consumo se vio perjudicado, etc.
La crisis política transformó una recesión esperada en algo que amenaza con convertirse en una depresión mayor, tanto en profundidad como en duración. La situación se hace más difícil por la dificultad de visualizar una solución sostenible para las crisis en el horizonte mediato, ni que hablar de los próximos meses.
Si el proceso de juicio político prospera, seguramente se podría esperar una mayor inestabilidad política como consecuencia, por una parte, de los intentos del PT y los movimientos sociales cercanos a él de reaccionar de alguna manera, y por el otro, del hecho de que no hay una oposición organizada preparada para ocupar el lugar de la actual administración.
Si la iniciativa de juicio político resulta derrotada, persiste el problema de que la presidenta no tiene ninguna visión ni poder y es abrumadoramente difícil imaginar de qué manera podría recuperar la suficiente iniciativa para permanecer durante los tres años que le quedan a su mandato.
Parafraseando al fallecido historiador británico Eric Hobsbawn, quien observó que el siglo XX fue muy breve – ya que comenzó en 1914 y concluyó en 1991 -, 2015 puede ser un año largo para los brasileños. La duración mínima, no reducible, del proceso de juicio político lo llevará hasta 2016, cuando la situación social puede ser más tensa de lo que es ahora, con elevada inflación y desempleo en expansión.
Si para evitar lo peor no se llega a un acuerdo nacional de algún tipo, ya sea en términos de permitirle al gobierno de Rousseff que trabaje o eliminándolo por completo, 2015 puede durar más tiempo.
El país puede sumergirse en un abismo desconocido debido a la combinación de crisis económicas, políticas y sociales de la que resulta difícil ver cómo, cuándo y en qué condiciones se recuperará el año en que todo salió mal.
Comentarios
Inter Press Service
Agencia de Noticias Inter Press Service. Desde su creación en 1964, la labor de IPS ha estado guiada por la convicción de que la información es un elemento indispensable para la superación de la pobreza y la marginación.
