La actual crisis política en Brasil emerge, fundamentalmente, de dos variantes históricas. Primera, el agotamiento del modelo “lulo-desarrollista”, que durante los gobiernos del presidente LuizInácio Lula da Silva (2003-2011) rescató de la pobreza a 35 millones de personas y mejoró el nivel de vida de otros 20 millones de brasileños.
La segunda causante es la crisis del “sistema-mundo” financiero, que promueve sus políticas de recuperación económica y de realización de sus ganancias mediante la manipulación de los intereses que pagan los países endeudados, cuyos gobiernos tienen estrechos márgenes de soberanía para encontrar salidas no ortodoxas para cumplir con sus compromisos.
El modelo lulista fue alimentado por el alto precio de las materias primas e impulsó la inclusión social y el aumento del poder adquisitivo de los asalariados. También efectuó ingentes inversiones en vivienda popular, educación pública e infraestructura, y emprendió una política internacional de relaciones diversificadas.
Fue un período de intenso diálogo social que abarcó desde los banqueros hasta los “sin-tierra”.
El modelo se agotó, no porque fracasó, sino porque al cumplir su meta planteó nuevas exigencias a la sociedad.
Los gobiernos de Lula reestructuraron las clases sociales en Brasil, y ahora gran parte de la población quiere proseguir el ascenso y mejorar su vida. Esto sería posible solo mediante la reducción de las brutales desigualdades sociales.
No existe otra manera de impulsar la economía sin aumentar el endeudamiento, o sea mediante la expansión de la demanda en un gran mercado interno de masas de este país de 204 millones de habitantes que, según los parámetros del capitalismo avanzado, en gran parte continúa en nivel de subconsumo.
Brasil posee riquezas inexploradas. El caso más evidente es la inmensa reserva de petróleo de aguas profundas costa afuera.
Aparentemente, la actual crisis política se origina en la corrupción. En realidad sería correcto decir que la crisis se agravó en función del descubrimiento de casos de corrupción enquistados hace décadas en el aparato estatal que fueron revelados durante los gobiernos de Lula y el actual de DilmaRousseff. Esos casos nunca habían sido investigados con eficacia e independencia, como ha sucedido ahora.
La corrupción nace de acciones internas dentro de sistemas de poder de tipo criminal, incrustadas en el Estado, proveniente de gobiernos anteriores a los del Partido de los Trabajadores (PT), el de Lula y Rousseff, y que parte de ese PT “utilizó” para beneficio propio y para poder gobernar.
Esto fue posible por la valorización de los órganos de control e investigación, principalmente durante los gobiernos de Lula. Porque así como el PT compartió con los demás partidos la corrupción instalada en el Estado y el sistema político, también lo es que la corrupción nunca fue tan combatida como durante los gobiernos del PT.
Pero esta es también una crisis “bendita”, porque después de este ciclo resurgirá una nueva conciencia anticorrupción en el país, en las elites políticas y empresariales y, finalmente, porque si el PT quiere sobrevivir como exponente de una utopía democrática e igualitaria, deberá acometer una profunda reforma organizativa, programática y ético-política.
La crisis política en Brasil no puede ser comprendida integralmente si no se consideran dos factores vitales en la historia nacional.
Primero, que este es el periodo democrático más prolongado de su historia, que transcurre con el fortalecimiento de la Constitución de 1988, que aunque haya sido producto de un pacto conciliado con el régimen militar, encaminó al país hacia una democracia social, cuando paralelamente estaba retrocediendo a escala mundial, presionada por las reformas neoliberales.
Segundo, que la jerarquía social brasileña tiene profundísimas desigualdades sociales y contrastes económicos, resultantes de las políticas de una elite culturalmente colonial-esclavista, renuente a todo tipo de distribución de la renta a través del Estado, al que considera un intruso que pretende apropiarse de su riqueza privada.
Estos dos factores originan la crisis como ámbito de disputa por el poder y por la definición del modelo de desarrollo y de la reforma del sistema político que tendrá lugar en el período venidero.
En el centro del proceso está la siguiente disyuntiva: ¿el modelo de Estado y de sociedad que será reestructurado, en el marco de la crisis global, será más aproximado al modelo social europeo (adaptado a las condiciones brasileras) o cristalizará en una sociedad del tipo “tres tercios”?
En esta última, un tercio de miserables, un tercio de pobreza relativa y un tercio de incluidos plenamente, coexistirían en una democracia con espasmos de excepción y autoritarismo.
Lo que se disputará en Brasil en las próximas décadas, por lo tanto, no será la implementación de un régimen socialista o “poscapitalista”, actualmente sin paradigmas, sino si tendremos un proyecto nacional democrático, con más o menos cohesión social, con más o menos desigualdades y pobreza.
La posibilidad de una democracia social se comenzó a construir en los gobiernos de Lula, mantenida en el primer gobierno de Rousseff (2011-2015), cuyo segundo período, iniciado en enero de este año, fue forzado por circunstancias políticas internas (el sistema de alianzas) e internacionales (la crisis financiera mundial) a abandonar ese rumbo y a adoptar las propuestas de política monetaria exigidas por la oposición liberal y neoliberal.
Lo hizo sin consultar a la base de su propio partido y a la base social y parlamentaria que la apoya con creciente insatisfacción. Este es el impase que hoy rige la coyuntura política brasileña y que estimula, por parte de la oposición, intentos golpistas “dentro del orden”, como sucedió en el caso de Paraguay con el presidente Fernando Lugo, destituido en 2012 por un pronunciamiento parlamentario.
Pero la crisis presenta dos aspectos malditos. Por un lado, nunca fue sembrado tanto odio contra una parte de la sociedad representada por el PT y los demás partidos de izquierda, lo que abrió heridas de difícil cicatrización.
Cualquier gobierno que suceda al actual, considerado de izquierda pero en verdad centrista de cuño democrático y social, si no pudiese responder rápidamente a las demandas actuales, será violentamente desestabilizado por grandes movimientos de masas que se sentirán engañadas por los grandes medios de comunicación y los partidos conservadores, o falsamente socialdemócratas.
Por otra parte, la encarnizada campaña contra los gobiernos del PT ha generado una situación de inestabilidad económica que, aprovechada por el sector rentista, aumenta la fortuna de los más ricos y empobrece al resto de la sociedad. Según datos publicados por fuentes confiables “las fortunas han vuelto a crecer en el primer semestre”, lo que implica que el déficit social aumenta, combinado con la reducción de las funciones del Estado.
Aún es temprano para prever el destino del PT y del gobierno de Rousseff. Pero lo cierto es que quien está perdiendo con la demonización de la política y la radicalización fascista que los medios de comunicación dominantes están atizando contra el PT y la izquierda, es la democracia brasilera y la población trabajadora, que puede sufrir un gran retroceso en sus conquistas sociales y en su protagonismo político.
Asistiremos a excesos lamentables, durante este período de enjuiciamiento de los antiguos sistemas de financiamiento ilegal de los partidos y de corrupción, impulsados por las disputas de protagonismo entre las instituciones del Estado, y por la manipulación política que los mayores medios de comunicación promueven, en este tema, contra Lula y el PT.
