Con un formato que alteró en cierta medida la monotonía que suele caracterizar este tipo de evento, los seis candidatos a la gobernación se enfrentaron en un debate televisado por segunda vez en catorce días, a poco menos de dos meses de los comicios electorales.
El debate, organizado, producido y moderado por el colectivo juvenil Puerto Rico Cambia (PR Cambia), ofreció dinámicas innovadoras, tales como un segmento en el que cada candidato tenía la posibilidad de realizar una pregunta a alguno de sus oponentes, seleccionado al azar; así como otra sección en la que los seis aspirantes debían responder tres preguntas de los moderadores –todos miembros del colectivo– con un simple ‘sí’ o ‘no’, antes de agregar una breve explicación.
En la parte ‘tradicional’ del debate, enfocado en tres temas principales –economía, educación y gobernanza–, ninguno de los candidatos pareció salirse de los libretos que han llevado a la mano a lo largo de sus respectivas campañas.
Por ejemplo, ante la pregunta de qué alternativas propondría para que los jóvenes tomen la decisión de quedarse en el país, Rafael Bernabe, del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), aludió a los cerca de $35,000 millones en ganancias generadas en la isla que salen de Puerto Rico sin ser reinvertidas a nivel local. El profesor universitario afirmó que, por más inteligente que parezca una u otra propuesta, es poco lo que puede hacerse para generar empleos si los ingresos que generan esas empresas extranjeras no se reinvierten o se retienen por medio de contribuciones.
Quizás el más creativo ante esta pregunta lo fue el candidato independiente Manuel Cidre, quien propuso crear un fondo mediante el cual el gobierno saldaría las deudas por préstamos estudiantiles a aquellos jóvenes que se mantengan laborando en Puerto Rico en los cinco años posteriores a su graduación universitaria.
La pretendiente por el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, siguió una línea similar a la de Bernabe para explicar cuál sería su política para proteger a los pequeños y medianos comercios, al señalar que es imperativo cambiar la “cultura” de los decretos de exención a las grandes corporaciones.
Por otra parte, tanto la aspirante independiente Alexandra Lúgaro como el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, recalcaron la necesidad de revitalizar los cascos urbanos del país. En el caso del hijo del exgobernador Pedro Rosselló, mencionó su plan para traspasar edificios públicos en desuso a manos de pequeños y medianos comerciantes como parte de su estrategia para crear hasta 80,000 empleos nuevos.
Al abordar el tema del ausentismo de los maestros en el sistema público de enseñanza, Lúgaro indicó que el costo electoral ha sido la razón por la cual muchos de los educadores que incumplen permanecen en sus puestos, al tiempo que acentuó la necesidad de que el Departamento de Educación (DE) alcance una estabilidad que resista los vaivenes de la política partidista.
Mientras, Bernabe criticó que públicamente se realce el papel que cumplen los maestros dentro de la sociedad pero se les pague “una miseria”.
“Si les vamos a exigir mucho –y debemos exigirles mucho– tenemos que darles las herramientas”, expresó el candidato del PPT, al denunciar que los maestros a menudo tienen que trabajar en salones con una sobrecarga de estudiantes, afectando la capacidad de desempeñarse en su labor de manera efectiva.
Los candidatos fueron bastante ambiguos cuando se le pidió que propusieran dos alternativas para aliviar el bolsillo de los jóvenes ante la carga que representan los préstamos estudiantiles.
Cidre repitió su fórmula de saldar estas deudas en su totalidad en caso de que los estudiantes completen cinco años dentro de la fuerza laboral, añadiendo en esta ocasión que los fondos para dicha iniciativa provendrían de la “grasa” que se cortaría de agencias gubernamentales como el DE.
Entretanto, Bernabe trazó un paralelo entre la deuda pública y las deudas por los préstamos estudiantiles. “Las deudas insostenibles no se pueden pagar”, así que hay que renegociarlas, planteó.
Mientras, Rosselló habló sobre la importancia de la colaboración entre la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el sector gubernamental, indicando que se podrían allegar hasta $200 millones al principal centro docente del país mediante acuerdos de servicios.
Similarmente ambiguos fueron cuando se les preguntó qué tres agencias gubernamentales deberían “repensarse”.
Como hizo en varias ocasiones a lo largo de la noche, David Bernier, del Partido Popular Democrático (PPD) señaló que su administración no despediría empleados públicos, y que la “transformación” del aparato gubernamental se fundamentaría principalmente en el buen uso de la tecnología para generar eficiencia.
No obstante, reconoció que el objetivo de no despedir empleados públicos depende de la posibilidad de renegociar la deuda pública. “Esto es un asunto de aritmética. Si no se reestructura la deuda, hay que botar gente”.
Ninguno de los candidatos independientes, en tanto, escondió su disposición a despedir empleados públicos, a lo que Lúgaro añadió su intención de fusionar municipios.
Los jóvenes de PR Cambia entonces cuestionaron la relevancia que tendrán los comicios del 8 de noviembre ante la reciente llegada de la junta de control fiscal (JCF), así como la manera en que cada candidato manejaría la relación entre el gobierno electo y el impuesto cuerpo federal.
Para Rosselló, “la JCF no es un dictador” y es cuestión de establecer un ambiente de comunicación entre el gobierno y esta para que funcione a favor de los intereses del pueblo, algo que el candidato estadista aseguró que ya comenzó a hacer al pedirle al organismo federal que revise el presupuesto aprobado, que catalogó de “ilegal” al no contemplar el pago de la deuda.
Por su parte, Bernier argumentó que la JCF se usará de “excusa para lastimar a los más vulnerables”, y que por lo tanto el deber del gobernador –que será miembro con voz pero sin voto dentro de la junta– es “llevar planteamientos firmes del pueblo”.
Como era de esperarse, tanto Santiago como Bernabe reiteraron su postura de confrontación ante la JCF.
“Votar por los que aceptan [la junta]”, es lo que haría irrelevantes las elecciones, de acuerdo con la aspirante pipiola. “El voto tiene que ser de liberación”, agregó.
La sesión de preguntas entre candidatos produjo varios momentos notables. Lúgaro abrió el segmento inquiriéndole a Santiago si aceptaría alguna iniciativa que beneficiara a Puerto Rico pero que nos alejara de la independencia.
“Es que no existe tal cosa”, replicó Santiago. “Si ser colonia fuera tan bueno Estados Unidos no habría luchado por su independencia. No existe una iniciativa que propongan las otras fórmulas de sumisión [que sería beneficiosa para Puerto Rico]”, manifestó categóricamente.
El formato le dio igualmente la oportunidad a Bernier de cuestionarle directamente a Rosselló de qué manera recortará el 55% del gasto gubernamental –lo que se traduce en unos $16,000 millones–, tal como hizo en innumerables ocasiones en el primer debate.
Rosselló ripostó estableciendo que los fondos disponibles –tanto los del Fondo General como los federales– se utilizan para cubrir tres áreas: el servicio a la deuda, los gastos operacionales y la nómina. Los recortes que propone, aclaró, se limitan a lo que se consideran gastos operacionales, mediante el traspaso de servicios públicos a entidades privadas o sin fines de lucro.
“El 25% del [presupuesto] consolidado, que es el pago a la nómina, no la vamos a tocar”, recalcó el candidato penepé.
En lo que habría que describir como un bombito al pitcher, Rosselló le preguntó a Bernabe de qué manera se aseguraría de que el gobierno pudiera colaborar con la UPR para conjuntamente trabajar por el país.
Bernabe resumió su proyecto universitario en tres puntos: autónomo, democrático y accesible. Destacó la necesidad de que se respete la fórmula que le otorga a la institución un porcentaje fijo del presupuesto anual del gobierno central y que fue ‘congelada’ como parte de las medidas que se implementaron a partir de la Ley 66 de 2014; de que haya una participación más amplia de los distintos sectores que la componen en la toma de decisiones, reconociendo la importancia de la participación de componentes del gobierno central de forma que la universidad “responda al plan de país que tenemos”; y que se detengan los aumentos a la matrícula.
Sí o no
En el “Sí o No”, Lúgaro se posicionó a favor de la consolidación de unidades de la UPR, así como de la privatización de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, si bien indicó que idealmente esas no serían la primera opción. Asimismo, se opuso a eliminar las exenciones contributivas a las empresas foráneas, pues no considera conveniente “cambiar las reglas de juego”.
Por su parte, Bernier se opuso a la legalización del cannabis, aunque mostró apoyo al uso de la marihuana con fines medicinales. El candidato popular igualmente se opuso a la legalización de la prostitución.
Cidre, en tanto, se manifestó en contra de que se instituyan baños ‘unisex’ en las escuelas públicas ante la posibilidad de que esto genere situaciones de “bullying” en los planteles e indicó que se requeriría un proceso de educación a niños y padres para que esa iniciativa funcionara.
Rosselló negó que favorezca la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero que considera conveniente que el sector privado sea el responsable de la generación de energía.
Mientras, Bernabe confirmó por enésima vez que es independentista, aunque el PPT no se posicione oficialmente respecto al estatus, al tiempo que Santiago evitó a contestar directamente si renunciaría a la ciudadanía estadounidense, al indicar que la ciudadanía no es más que “un accesorio jurídico”.
