FAJARDO – Todo apunta a que los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) ya tienen previsto algún ajuste en la matrícula del estudiantado de la Universidad de Puerto Rico (UPR), según la pregunta que le hicieran al universitario Christian Arvelo Forteza, tras su deposición en la tercera reunión de este organismo federal.
Arvelo Forteza, expresidente del Consejo General de Estudiantes (CGE), tomó un turno para exponer la situación precaria en la que caería la UPR de implantarse las bestiales medidas de austeridad que se anticipan desde que se aprobó el proyecto federal de ley Promesa.
“Nos oponemos a cualquier medida de austeridad que surja contra la universidad”, resumió Arvelo Forteza en su exposición, que se enfocó en recalcar el aumento que ha habido en el número de estudiantes de escuelas públicas que en los pasados dos años ha tenido el sistema UPR en sus 11 centros de estudio.
La deposición entera de Arvelo Forteza puede accederse pulsando aquí. El también estudiante de derecho participó ante la JCF en un panel que también incluyó a Jorge Irizarry, de Bonistas del Patio; a la presidenta electa de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Alicia Lamboy; a Eric LeCompte, director ejecutivo de Jubilee USA, una organización religiosa de carácter internacional que tiene lazos estrechos con la Iglesia Católica; y Rodrigo Masses, presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico.
Fue el primero de dos paneles ciudadanos en los que en menos de una hora y de forma un tanto atropellada, cada ciudadano intentó exponer las distintas situaciones de sus sectores particulares. Luego de finalizar los planteamientos de todos los miembros de este panel, los miembros de la junta dispararon sus inquisiciones y cuestionamientos a diestra y siniestra.
El presidente de la Junta, José Carrión III, de inmediato lanzó una pregunta al miembro más joven del panel. Carrión inquirió sobre cómo Arvelo y la comunidad universitaria ve la posibilidad de un ajuste por ingresos al costo actual de la matrícula. ¿Pudieran los estudiantes pagar una matrícula más alta, según los ingresos de sus familias?, fue básicamente lo que preguntó Carrión.
“Se ha discutido, pero hasta ahora no tenemos una clara visión para estructurar el costo de las matrículas. Es un verdadero reto. Esto es uno de los problemas de este sistema, pues hay personas que no tienen necesidades económicas y reciben la beca [Pell Grant], y hay otros con necesidades económicas muy reales que no reciben nada”, respondió Arvelo Forteza.
En un aparte con Diálogo, Arvelo Forteza reconoció que la pregunta alude a la posibilidad de que en el futuro inmediato la Junta de Control Fiscal imponga algún aumento, o, al menos “un ajuste por ingresos”.
“Esto me da a entender que por lo menos Carrión le ha dado cabeza al asunto”, apuntó.
Asimismo, el también exmiembro de la Junta de Gobierno de la UPR hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad universitaria se integre más a la discusión del plan fiscal que pretende implantar la JCF para con la UPR, el cual deberá ser revelado en el primer trimestre del año entrante, al igual que otras estructuras de ajustes económicos en otros sectores del país.
“Es el momento para que la administración de la UPR y su presidenta [interina, Celeste Freytes] salgan de la zona de confort y vean qué pueden hacer y cuáles van a ser los próximos pasos con respecto a las decisiones en la UPR. Los estudiantes… algunos estudiantes… tomaron su iniciativa, pero creo que hay que seguir buscando posibles soluciones”, expresó Arvelo Forteza, sin exponer cuál ha sido esta particular iniciativa.
Los subsidios federales a los estudiantes de la UPR y a la institución como tal salieron a relucir nuevamente en el segundo panel de ciudadanos que depuso ante los siete miembros de la JCF, que en esta ocasión estuvieron acompañados por el secretario de Estado, Víctor Suárez, en representación del gobernador Alejandro García Padilla.
En el segundo panel participaron José Orta, presidente electo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA); Jaime Plá, presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico; Iván Román, asesor de la junta de directores de la Asociación de la Industria Farmacéutica; Andrew Wolfe, de Anne Krueger & Assoc.; y José Joaquín Villamil, presidente de Estudios Técnicos. Fue Villamil quien trajo de nuevo el tema de los subsidios de la UPR ante el escenario de un posible ajuste en la matrícula.
“El problema con la cantidad de dinero de subsidios como las becas Pell es la manera en que se provee. Hay gente rica aprovechándose de esto”, indicó Villamill.
La reunión de la Junta comenzó con un informe general de la liquidez del Departamento de Hacienda, ofrecido por la firma consultora de economía Conway & MacKenzie. En el informe, que no incluyó los bonos COFINA, se dedujo que la liquidez de Puerto Rico estaría en negativo (-) $2,000 millones de cara al año fiscal 2017-18.
El primer encuentro de la JCF en Puerto Rico se efectuó bajó estrictas medidas de seguridad, con 500 oficiales estatales de la Policía de Puerto Rico y al menos un centenar más de efectivos privados. Tanto en las afueras de la hospedería como en el edificio de MCS en Hato Rey, donde están las oficinas de Carrión, se realizaron protestas. En Hato Rey, hubo un arresto y la Fuerza de Choque sacó por la fuerza a los manifestantes.
Al momento de escribir estas líneas, la reunión de la JCF, en el hotel El Conquistador, en Fajardo, se encontraba en su cuarta hora. El propio Carrión dijo que se encontraban atrasados en el itinerario. Se espera una conferencia de prensa de 45 minutos de duración al finalizar la reunión. Pendiente a Diálogo para más sobre este histórico cónclave en Puerto Rico que cementa la condición colonial de la menor de las Antillas Mayores.