Por: Edgardo Ayala
A pesar de las agresiones y los abusos sufridos en la universidad por ser una mujer trans, la salvadoreña Daniela Alfaro no claudica en su meta de graduarse como licenciada en educación para la salud.
“Hace falta mucha tolerancia en la universidad hacia nosotras, pensé que sería diferente al bachillerato, pero no”, dijo a IPS esta estudiante de tercer año de carrera en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en la capital del país.
Rechazada por el resto de su familia, Alfaro solo tiene el apoyo emocional y financiero de su madre, “la única que no me volteó la cara”, según narró.
Como ella, muchas personas de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersex (LGBTT por sus siglas en inglés) sufren cada día en América Central vejámenes por tener una preferencia sexual o una identidad de género diversa, dijeron activistas de Guatemala, Nicaragua y El Salvador entrevistados por IPS.
Los acosos, las discriminaciones y agresiones recibidas en la universidad por Alfaro han venido de sus propios compañeros de estudio, profesores, trabajadores y autoridades universitarias.
Ha puesto varias denuncias desde 2010 ante las autoridades universitarias por agresiones sufridas en el baño de hombres del recinto académico, el que debe utilizar. “Pero no toman en serio mis denuncias porque soy trans”, narró la joven de 27 años.
Alfaro ha experimentado el fenómeno de la invisibilidad de las personas LGBTI, que ocurre cuando no hay respuesta de las instituciones o funcionarios porque desestiman las denuncias simplemente por el perjuicio hacia quienes no son heterosexuales, afirmó Carlos Valdés, de la Organización Lambda.
“No existimos para el Estado en temas de salud, estudio, trabajo o ámbito social, no hay protocolos de atención de la actitud del servidor público hacia nosotros”, comentó Valdés a IPS por teléfono desde Ciudad de Guatemala.
Lambda y otras tres organizaciones del istmo impulsan el programa regional Centroamérica Diferente, que busca hacer valer el cumplimiento de los derechos humanos a personas con preferencias sexuales o expresiones de género diversas.
“En definitiva queremos mejorar calidad de vida de la comunidad LGBTI, que ya no sea discriminada por sectores e instituciones de gobierno”, señaló Eduardo Vásquez, de la Asociación Entreamigos, que participa en la iniciativa.
El programa comenzó en mayo del 2014 y se prolongará hasta junio del 2016 en los cuatro países participantes: Guatemala, Honduras, Nicaragua, y El Salvador.
Con el financiamiento de la Unión Europea, el programa pretende llegar a 40 organizaciones, a más de 200 defensores de derechos humanos, 3,550 personas LGBTI, 160 comunicadores, 600 funcionarios públicos, 8,000 adolescentes y 10 por ciento de la población de los cuatro países.
Entre sus acciones, el programa brinda apoyo legal para tener acceso a la justicia en casos de abusos y violencia, capacitación para activistas de los derechos de la diversidad sexual, junto con campañas nacionales y regionales contra la homofobia.
Esos activistas coordinan las operaciones con instituciones gubernamentales, que brindan servicios públicos a la comunidad LGBTI, y vigilan que no se cometan abusos y discriminaciones, por ejemplo en centros de salud, de educación y de trabajo o en los procedimientos policiales.
“Con tristeza seguimos viendo que personal de la policía aún ejerce malos procedimientos en registros, o la forma irrespetuosa cómo se refieren a compañero gay o trans”, explicó a IPS por teléfono Norman Gutiérrez, del Centro para la Educación y Prevención del Sida, otra organización participante en la iniciativa.
El programa también creará un observatorio regional de derechos humanos LGBTI, que permitirá monitorear los casos de abusos, agresiones y violencia contra el colectivo, y realizará un estudio para diagnosticar el nivel de violaciones a derechos humanos por su condición sexual.
Esos dos instrumentos serán claves para detectar cuán serio es, por ejemplo, el fenómeno de los asesinatos sobre todo de personas trans, ya que las estadísticas oficiales no reconocen los crímenes de odio y los etiquetan como homicidios, explicaron los activistas.
“En Guatemala el derecho a la vida está entre los más violentados, muy enfocado a las personas trans”, señaló Valdés.
Y debido a la falta de estadísticas oficiales, las organizaciones van recopilando información sin la sistematización adecuada. Con base a ella, las organizaciones que participan en el programa aseguran que en los últimos cinco años se cometieron en América Central al menos 300 asesinatos contra personas LGBTI, sobre todo mujeres trans.
Esos crímenes por odio se dan en contexto de violencia generalizada en la región. El llamado Triángulo del Norte, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, está entre las regiones más violentas del mundo.
Honduras ha mantenido en los últimos años índices de homicidios en torno a 70 por cada 100,000 habitantes, según la informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muy por encima el ya alto promedio latinoamericano, de 29.
Crímenes de odio
En esa nación, los activistas LGBTI han reportado al menos 190 asesinatos por odio en los últimos cinco años y algunos de ellos son incluidos en un informe publicado el 17 de diciembre por la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH).
El documento recoge violaciones a los derechos humanos recoge violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBTI en 25 países miembros de la Organización de Estados Americanos, entre enero de 2013 y marzo de 2014. En ese periodo fueron asesinadas al menos 594 personas que eran LGBTI o se las percibía como tales, mientras otras 176 fueron víctimas de grave violencia física.
El organismo “insta a los Estados a tomar medidas urgentes y efectivas de prevención y respuesta frente a estas violaciones de derechos humanos y a garantizar que las personas LGBTI puedan gozar efectivamente de su derecho a una vida libre de violencia y discriminación”.
Entre los casos recopilados por la CIDH, está el asesinato a pedradas de una mujer hondureña trans, identificada como José Natanael Ramos, de 35 años, ocurrido el 4 de marzo del 2013 en la norteña ciudad de San Pedro Sula.
A diferencia de otros programas que operan sobre todo en las capitales nacionales, Centroamérica Diferente busca llegar a los pueblos y pequeñas urbes, donde las agresiones e indefensión son más agudas.
“En las pequeñas ciudades hay mucho más machismo, más violencia y más homofobia. Hay asesinatos o crímenes de odio que ni siquiera se denuncian”, agregó el nicaragüense Gutiérrez.
También en el ámbito laboral sigue habiendo una fuerte discriminación contra la población LGBTI centroamericana, dijo el guatemalteco Valdés.
“Por ejemplo los gay tienen que esconder su identidad para poder optar a un trabajo, y si descubren su orientación, empieza el acoso hasta que se van”, acotó.
En tanto, Alfaro reafirmó a las puertas de la Facultad de Medicina donde estudia, que no cesará en sus denuncias de las agresiones que recibe, hasta que en algún momento obtenga justicia.
“Solo espero que algún día respeten mi identidad como mujer”, comentó.
