A pesar de que aún dicen desconocer cuáles son los servicios esenciales que sufrirán la peor parte de la austeridad de Promesa, los miembros de la Junta de Control Fiscal (JCF) certificaron en la mañana de hoy el plan fiscal del gobernador Ricardo Rosselló y parecieron darle tiempo extra para que afine los detalles del camino a seguir.
Luego de lo que pareció ser un pulseo mediático de varios días entre la junta y Fortaleza, el plan de Rosselló fue confirmado con la condición de que se ajusten algunos puntos y se presente un presupuesto antes del 30 de abril. Se aprobó durante la parte final de la quinta reunión pública de la junta, en el Edificio Federal Alexander Hamilton, en Nueva York.
El presidente del ente federal, José Carrión III, dijo en conferencia de prensa, celebrada luego de la reunión, que los miembros de la junta y el gobernador Rosselló sostuvieron intensas conversaciones “hasta las tantas de la noche” durante este pasado fin de semana para concordar las enmiendas que debían hacerle a su plan fiscal.
“Estamos hablando de un plan fiscal [ya certificado] en el que el 90 y pico [por ciento] es del gobernador”, dijo Carrión III sobre el plan aprobado de manera unánime por la JCF.
Según trascendió, la junta le envió una carta a Rosselló el jueves pasado dándole 48 horas para enviar un plan fiscal corregido, pues el que sometió antes del 28 de febrero no cumplía con las especificaciones de Promesa. Rosselló estableció a los medios en la mañana del sábado que el plan esbozado sí cumplía con dichas especificaciones. Parecía que el cónclave de hoy, lunes, sería algo álgido, pero la junta y el gobernador parecieron estar en la misma página.
A tijerazo limpio
En el aspecto laboral, el plan fiscal aprobado propone una reducción de jornada laboral de un 20%. También se eliminan bonos laborales, como el de Navidad. No obstante, estos primeros dos puntos están sujetos a si el gobierno logra probar que es capaz de hacer recortes adicionales o ahorros que logren ingresos de $200 millones. Aparte de esto, se ha propuesto una reducción de 10% en la nómina de las pensiones para el 2020.
Entre otros aspectos aprobados figuran aumentos en impuestos a los cigarrillos, a las licencias y permisos, a las multas de todo tipo y a los impuestos por propiedad. Además, se vislumbra una reducción en los beneficios a la cubierta de MI SALUD, aunque se desconoce cuáles serían y a cuánto ascendería.
Asimismo, cuando al gobierno de Rosselló le toque presentar el nuevo presupuesto el 30 de abril deberá incluir un informe detallado de la ruta que llevará su flujo de efectivo, de las proyecciones para la liquidez global de Puerto Rico y un reporte incisivo de cómo piensan implementar las reformas del plan fiscal. Durante los próximos 30 días después de esa fecha, el Gobierno de Puerto Rico deberá trabajar para finalizar el plan fiscal antes del 30 de junio. La fecha límite que la junta ha puesto para determinar los próximos pasos a seguir para ejecutar todas las reformas propuestas en ese plan final será el 1 de septiembre.
En pie el intento de cercenar la UPR
Entonces, está la situación de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Tras concluir la conferencia de prensa, se confirmó que el recorte de $450 millones en tres años para la UPR sigue en pie. El clamor universitario para evitar esto, empero, se dejó sentir durante la sección de preguntas y comentarios en la que se abrió el micrófono a la ciudadanía.
“¿Cómo ustedes se atreven a cortarle a la universidad si ustedes no conocen la universidad?”, le preguntó en su turno la ciudadana Carmen Santiago, quien se describió como pensionada de la UPR.
Ante esto, José Ramón González, uno de los miembros más vocales le respondió que “la universidad no es ajena para mí, porque fui síndico, y tengo familiares que estudiaron allí”.
Carmen Santiago, pensionada de la UPR, le hizo un reclamo en Nueva York a la Junta de Control Fiscal.
González estableció que estuvo cinco años en la Junta de Síndicos. Su participación en ese cuerpo, del cual llegó a ser vicepresidente, fue durante la década pasada, bajo las administraciones de Sila María Calderón y Aníbal Acevedo Vilá, ambos gobernadores del Partido Popular Democrático (PPD).
Otros ciudadanos que participaron fueron la líder magisterial Aida Díaz y el representante del PPD, Jesús Manuel Ortiz. Díaz, por su parte, cuestionó por los recortes en Educación, pues un pueblo que busca progresar “necesita invertir en su educación”. A esto, la miembro de la junta Anna Matosantos indicó que “sacrificios como estos son necesarios”. Ortiz, mientras tanto, inquirió sobre la situación de Salud, pero la respuesta que dio Carrión III no fue más allá de decir que “el tema apremiante es en Salud”.
¿Servicios esenciales?
Y, a pesar de todo esto, ni de parte de la JCF, ni de parte del Gobierno de Puerto Rico se pudo especificar cuáles servicios esenciales serían afectados. De hecho, no han dicho realmente qué es lo que se considera como servicios esenciales.
¿Cuáles son los servicios esenciales?, preguntó una periodista puertorriqueña durante la conferencia de prensa.
“Es una conversación continua que tenemos con el Gobierno [de Puerto Rico] para definir eso”, respondió Carrión III.
La incertidumbre sobre los servicios esenciales es cuestión de debate desde la segunda reunión que sostuviera la JCF, en Fajardo, Puerto Rico, el pasado noviembre.
No obstante, Carrión III indicó que ya buscan la manera de insertarse concretamente en los debates dentro de los círculos gubernamentales de Washington DC, especialmente para poder tener más conocimiento con respecto a las reformas en salud que proponen los republicanos en el Congreso y el presidente Donald Trump, desde Casa Blanca.
La quinta reunión de la JCF, celebrada en Nueva York, contó también con la participación del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, quien explicó las bases del Plan Fiscal de Fortaleza.
De igual forma, participaron los economistas y asesores de la Junta Joaquín Villamil, quien ha sido una figura constante en la consultoría de pasadas administraciones gubernamentales de Puerto Rico, y Andrew Wolfe, quien curiosamente estuvo durante el cuatrienio pasado trabajando con el controvertible informe Krueger sobre la situación energética de Puerto Rico.
Además de los puertorriqueños Carrión III, Matosantos, González y Carlos ‘Caco’ García, componen la JCF los estadounidenses Andrew Briggs, David Skeel, jr. y Arthur González. Elías Sánchez, mano derecha de Rosselló, fungió nuevamente como representante del Gobierno de Puerto Rico.
De nuevo, la reunión se celebró bajo estrictas medidas de seguridad y con protestas fuera del edificio federal. Además, en la tarde ya habían reacciones a granel, como la del presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), Andrés Lloret Gutiérrez, quien calificó de inaceptables las medidas acordadas hoy. El líder sindical mediante comunicado de prensa dijo que “el pueblo trabajador no va a aceptar ni ahora ni el 1 de julio, que se le recorte la jornada laboral y se elimine el bono de Navidad si el gobierno no alcanza las metas de recaudos adicionales que establece la junta”.
“Aquí que nadie se llame a engaño. En unos meses van a decir que el gobierno no logró cumplir esas cuotas de recaudos y van querer cortar por lo más fino. Ni el gobierno ni la junta han hecho su trabajo de reactivar la economía y controlar los gastos. Aquí solo se busca pagarle a los bonistas a costa de los trabajadores”, declaró Lloret Gutiérrez, a la vez que una manifestación de obreras y obreros se efectuaba en las afueras de las oficinas de UBS, en la Milla de Oro, en Hato Rey.
En la tarde de hoy, lunes, se espera un mensaje de parte del gobernador Rosselló. La JCF además emitió varios comunicados de prensa, que usted puede acceder pulsando aquí. Los dejamos con el vídeo de la reunión oficial de la Junta.
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Hermes Ayala
Periodista. Reportero con 20 años de experiencia. Es egresado de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y cursa estudios de maestría en Gestión y Administración Cultural. Posee un diplomado en periodismo deportivo internacional del Instituto de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Ha sido galardonado en numerosas ocasiones por el Overseas Press Club y la Asppro.
