Desde la década de los 80, en plena dictadura de Augusto Pinochet, no se veían tantas personas marchando por las principales calles chilenas. Cada jueves de junio más de 200,000 chilenos en Santiago y unos 400.000 en el resto del país se han manifestado durante horas bajo una misma consiga: recuperar la educación como un derecho gratuito y de calidad.
Este 30 de junio se realizó un gran paro por la educación por el que rectores, profesores, estudiantes y padres marcharon por las mismas demandas que tienen a unos 500 colegios e institutos tomados, a la mayoría de las universidades paralizadas y, recientemente, las sedes de dos emblemáticos partidos políticos ocupadas por estudiantes.
Ricardo estudia sociología en la Universidad de Chile. Para poder estudiar tuvo que postular a un crédito solidario que ofrece la universidad pero que, en su caso, el porcentaje asignado no alcanza para cubrir el total del arancel. Para completar su saldo ha debido pedir un crédito a la banca privada, la que fija los intereses libremente aumentando casi en un 200 por ciento su deuda. Ésa es la realidad de la mayoría de los estudiantes chilenos y la principal motivación para salir a las calles.
Hace cinco años se desarrolló la llamada “revolución pingüina”, un movimiento liderado por los estudiantes secundarios que se caracterizó por la claridad de sus demandas, por la cantidad de líderes jóvenes que movilizaron a sus pares de manera independiente y apartidista, y por haber terminado con la Ley Orgánica Constitucional Estudiantil (Loce), la última herencia de Pinochet antes de dejar el poder.
Esa misma generación que se activó tras años de pasividad social por el trauma posdictadura es la que hoy vuelve a salir a las calles reivindicando las mismas demandas y sumando otras que no han sido resueltas en la Ley General de Educación que reemplazó la antigua Loce. Ahora quieren cambios sustanciales y de fondo: terminar con el lucro en la educación y asegurar la financiación de las universidades, gratuitas y de calidad.
A diferencia de lo que muestra la prensa nacional, los estudiantes secundarios que participan activamente en el proceso cuentan con el apoyo de los Centros de Padres y Apoderados, quienes han elaborado sus propios peticiones y apoyan a sus hijos política y moralmente, llevándoles comida y abrigo a los establecimientos tomados.
“Nuestras demandas partieron de las de los estudiantes. Hemos estado en este camino común de luchar por la recuperación de la educación pública y eso conlleva plantearse cambios profundos en esta sociedad que tienen que ver con la carta fundamental más que con cualquier ley o con cualquier artículo. Esto tiene que ser un cambio profundo y este cambio no se consigue solamente desde los estudiantes o desde sus tutores. Pasa por los trabajadores de Chile y por la sociedad en su conjunto”, explicó Dafne Concha, presidenta del Centro de Padres y Apoderados (tutores legales) del Liceo de Aplicación de Santiago.
Concha ha denunciado el papel de los carabineros de Chile. Entiende que la represión es un arma que ha utilizado el gobierno y el Estado para mantener el status quo. “A ellos les conviene que haya pobres porque hay ricos. Lamentablemente gran parte de este país vive con un sueldo mínimo. La gente ya se cansó. Creo que lo que hemos visto con Hidroaysén, con las marchas por la educación, significan un cambio de mentalidad en la población chilena. Estamos recuperando este sentido democrático que nos tiene que llevar a recuperar el camino que perdimos tras 17 años de dictadura”, sentenció.
Pero no sólo en la eduación secundaria se plantean estos análisis. Según Camila Vallejo, estudiante de la Universidad de Chile, presidenta de la Confederación de estudiantes de Chile (CONFECH) y ya todo un personaje público, las movilizaciones continuarán hasta conseguir una reforma más profunda y sistémica.
“Necesitamos que el Gobierno tenga una política de Estado, que ponga como eje central la educación pública y también la regulación de la industria privada de la educación que hoy día lucra con los estudiantes más pobres y con miles de familias“, dijo la líder estudiantil.
El lucro en la educación ha sido uno de los temas más controvertidos. Aunque la ley prohibe que se utilice la educación como negocio, lo cierto es que en Chile las universidades tradicionales y privadas cobran aranceles millonarios, que se incrementan con los intereses fijados por la banca privada, lo que terminan triplicando y muchas veces quintuplicando la deuda inicial. Así, un universitario terminará su carrera debiendo igual o más de lo que cuesta una vivienda de unos 25 millones de pesos (unos 36800 euros).
Además de los altos aranceles, el sistema de educación marca la brecha desigual entre clases desde el inicio de la etapa escolar, ya que en los colegios públicos el 85% de los alumnos viene del 60% más pobre, mientras que en los colegios privados más del 60% pertenece al 20% más rico de la sociedad.
Es por esto que las peticiones presentadas por la CONFECH ante el ministro de educación, Joaquín Lavín, incluye el acceso con equidad, calidad, integración y heterogeneidad social en la matrícula. Los estudiantes rechazan la Prueba de Selección Universitaria (PSU) por considerarla regresiva y elitista y proponen la creación de mecanismos complementarios de acceso que consideren nivelación, mantención (académica y económica) y titulación para que exista igualdad de oportunidades en el acceso, así como de fondos estatales que permitan financiarlos.
Se paga para estudiar, se estudia para pagar
El círculo vicioso en el que ingresa todo estudiante chileno es parte medular del problema. Además de los bajos estándares en la calidad de la educación y la marcada brecha social, se suman los altos aranceles que deben pagar los estudiantes. Chile se ubica en el sexto lugar con las tarifas de ingreso más caras del mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la vez que el segundo sistema educativo con mayores desigualdades en la calidad según la misma fuente. La diferencia con los otros 5 países se encuentra en que aquí existe el peor sistema de becas y que no tiene ninguna universidad de reputación internacional.
Las demandas, compartidas por rectores, directores, colegio de profesores y estudiantes apuntan a lo mismo: educación gratuita y de calidad. Un cambio de fondo que debe partir con un aumento de los recursos invertidos por el Estado chileno en educación. La realidad es que en Chile sólo el 56% del aporte a la educación lo hace el Estado, mientras que el 44% depende de las familias chilenas. En países de la OCDE el Estado aporta una media del 85% y las familias el 15% aproximadamente.
La dictadura militar es considerada la gran responsable de esta crisis pues redujó el gasto público en educación de un 7% del PIB al 3 %. Algo que se podría solucionar, por ejemplo, renacionalizando el cobre y asignando esos fondos directos a la educación. Para Camila Vallejo la crisis en la educación es parte de un problema aún mayor y de fondo que se ha venido arrastrando desde el retorno a la democracia. “Nosotros esperamos respuestas, queremos avanzar, pero si aquellos no pueden por sus conflictos de interés, porque hoy día el poder político y el poder económico están entrelazados, que sea la ciudadanía la que realmente responda, que decida si quiere un sistema nacional de educación público de calidad gratuito; si quiere renacionalizar los recursos naturales, si quiere que las grandes empresas paguen impuestos y financien la educación y la salud; y si quiere una asamblea constituyente, se haga un plebiscito y sea vinculante”, expresó la presidenta de la FECH.
Además, Vallejo puso en entredicho la capacidad del ministro Lavin para resolver el conflicto que ya lleva más de un mes sin ninguna solución y cuyo final aún parece lejano. “Debería dar un paso al lado pues no ha dado salida a este conflicto. Llevamos mucho tiempo movilizados y además tiene conflicto de interes. El ministro debería renunciar. Creo que a él se le debiera adelantar las vacaciones” dijo la dirigente estudiantil. Esto último, en referencia a la medida adoptada esta semana por el ministro de adelantar las vacaciones de invierno como solución para desarticular el movimiento estudiantil.
Pero el ministro de Educación, Joaquín Lavín, no sólo ha sido cuestionado por su desempeño y manejo político, sino también por los vínculos que posee con la Universidad del Desarrollo, institución privada fundada en 1990 junto a cuatro socios y cuya sede fue construida por la inmobiliaria Ainavillo Limitada, de la que Lavín Infante poseía el 16,6 por ciento de participación. Aunque Lavín dejó la empresa al asumir el ministerio, aceptó en el programa de televisión chileno Tolerancia Cero que había recuperado su inversión en la inmobiliaria, lo que ha puesto en duda su participación como interlocutor válido en las negociaciones.
El ambiente de protesta se siente en cada rincón de Santiago cuyas calles, plagadas de carteles, grafitis y lienzos de colores, reflejan un consenso masivo de apoyo a la protesta entre la población. Tras dos décadas en las que no se había visto actos tan multitudinarios, la emoción se ha ido contagiando y nadie quiere estar fuera de este proceso histórico.
Marcel Claude, economista de la Universidad de Chile no ha sido la excepción y se ha sumado al movimiento recorriendo varias facultades en paro para dictar, desde un aula o en la misma calle, conferencias que apuntan a responder una sola pregunta: ¿Es posible la educación gratuita en Chile? Para Claude sí ha habido un cambio negativo que ha destruido el sistema educacional chileno: la privatización de la educación “que no ha significado ni menores costos porque es una de las más caras del mundo y de América latina particularmente. Tampoco ha generado un mejor nivel de educación porque estamos lejos de los estándares internacionales y regionales”.
“La importancia de los estudiantes en el sector público viene cayendo de manera sistemática desde el año 1981. Hoy en día los estudiantes que están en el mundo público son menos de la mitad y ha crecido un sector privado al que además se le permite el fin de lucro, es decir, Chile es el único país en el planeta que permite lucrar con fondos públicos”, aseveró el economista.
Para Claude la solución pasa por la renacionalización del cobre puesto que las ganancias mineras son tres veces el presupuesto destinado a la educación y en la actualidad Chile es 7 veces más rico que en los años 60, cuando se financiaba la educación pública. Además, el país tiene el más alto presupuesto en gasto militar de América Latina: mientras invierte 0.3% del PIB en educación superior, gasta 3,6% en defensa. Los sindicatos y trabajadores organizados de las minas de Chile se han sumado a este llamado y también ven la renacionalización del cobre como principal solución para financiar un sistema gratuito de educación que además incluye institutos profesionales y de formación técnica.
Aunque el gobierno presentó la semana pasada su propuesta, tanto universitarios, estudiantes de secundaria y el Colegio de Profesores rechazaron la iniciativa alegando que no satisface las exigencias en lo más mínimo, aunque continúan abiertos al intercambio y apuntan a una mesa de diálogo ampliada que incluya además a los representantes de los apoderados y el poder legislativo.
Mientras, cada día amanecen nuevos centros educativos tomados y más estudiantes, profesores y padres se suman al movimiento.
