Desde que se creó la Comisión de Energía (CEPR) –mediante la Ley 57-2014–, esta ha tenido, al menos sobre el papel, la encomienda de regular y fiscalizar la ejecución de la política energética por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Sin embargo, el Plan Fiscal revisado para la corporación pública que el gobierno sometió la semana pasada a la Junta de Control Fiscal (JCF) parece cuestionar las facultades de la CEPR, planteando, por ejemplo, que “consistentemente” ha ejercido un “control operacional excesivo” sobre la AEE.
Asimismo, el Plan Fiscal anticipa que, como parte de la reorganización de instrumentalidades gubernamentales viabilizada a través de la Ley de Nuevo Gobierno, las funciones de la comisión pasarían a formar parte de la Comisión de Servicio Público, que agruparía además a agencias encargadas de velar por asuntos tan disímiles como las telecomunicaciones y el transporte.
El documento, sobre el que la JCF indicó que pasará juicio a más tardar el 23 de febrero, tampoco contempla un rol para la CEPR como está diseñada una vez la operación del sistema eléctrico pase enteramente a menos privadas, un escenario que el gobernador Ricardo Rosselló anunció sería una realidad dentro de 18 meses.
“El Plan Fiscal habla sobre la necesidad de un regulador ‘razonable’. Pero la realidad es que el papel de un regulador energético siempre es el mismo, independientemente de si estamos hablando de un sistema monopólico público o de competencia privada”, dijo a Diálogo el presidente de la Comisión de Energía, José H. Román.
Para el comisionado, la caracterización de la CEPR que se plasma en el Plan Fiscal revisado no le hace justicia a la responsabilidad que el cuerpo carga con respecto a los consumidores.
En la página 36, el plan critica el rechazo que la comisión presentó a las tarifas propuestas por la AEE, “en contravención con [la Ley] Promesa” y el Plan Fiscal que la JCF aprobó en marzo de 2017.
“Lo que ocurrió fue que la AEE básicamente dijo ‘yo gasto como quiera y después se realizan los ajustes necesarios’ mediante lo que se llama el “Formula Rate Mechanism” (fórmula que determina las tarifas por consumo). Nosotros no aprobamos ese método, y en lugar aprobamos un presupuesto que de entrada proyectara unos gastos e ingresos”, argumentó el ingeniero.
El Plan Fiscal revisado propone aumentar hasta un 31% las tarifas residenciales, al tiempo que reduce alrededor de 20% las tarifas comerciales e industriales, bajo el argumento de que “en ningún estado, las tarifas industriales o comerciales son más altas que las residenciales, como ocurre en Puerto Rico”. Al presente, según el documento, las tarifas residenciales e industriales promedio rondan los 19 centavos por kilovatio hora, mientras la tarifa comercial asciende a los 23 centavos.
En momentos en que la AEE carece de la liquidez necesaria para operar al tiempo que costea el multimillonario proceso de recuperación del sistema eléctrico, y a días de que el gobernador anunciara la intención de vender sus activos, no es una exageración afirmar que la corporación pública vive los días más oscuros desde su creación en 1941.
En ese marco, Román considera que la CEPR desempeña una función imprescindible de cara a la transformación que se propone para el modelo energético.
“La comisión como está actualmente regula efectiva, correcta y eficientemente a la AEE. Mantiene los principios establecidos en la política publica y protege al consumidor. Claro está, el gobierno y la legislatura tienen la facultad de ajustar la política pública y el rol que tenemos. Pero entendemos que no es el momento de tocar a la CEPR. Tenemos el conocimiento de cómo funciona y debe funcionar un sistema energético y trastocar la estructura en este momento diluye nuestra capacidad de funcionar efectivamente”, sostuvo Román en torno a la idea de consolidar al ente y restarle a su capacidad fiscalizadora.
Aunque el comisionado se abstuvo de opinar sobre las premisas que se establecen en el Plan Fiscal revisado, aduciendo que la CEPR se encuentra en proceso de evaluarlo, aseguró que el cuerpo que dirige está preparado para supervisar el proceso de privatización “de manera ordenada y transparente”.
Las alternativas para reconstruir la infraestructura energética que el gobierno incluyó en el Plan Fiscal descansan principalmente en la esperanza de que el gobierno federal destine para ello los sobre $17,600 millones que el gobernador solicitó al Congreso como parte del paquete de ayudas de $94,400 millones que el gobierno local estimó necesarios para la recuperación del país, así como en la inyección de capital proveniente de las empresas privadas que se involucren en el proceso de compraventa de activos.
En el plan se especifica que las concesiones del sistema de transmisión y distribución a empresas privadas se realizarían por términos de al menos 25 años. En el caso de contratos de operación, bajo los cuales el gobierno retendría la titularidad de los activos y la responsabilidad de invertir en su mantenimiento, los contratos fluctuarían entre los diez y 15 años.
