Feria de Estudios Graduados 2023 en UPR-RP
El economista Argeo Quiñones, profesor de la UPR, Recinto de Río Piedras, abogó por un “sistema transparente, que Hacienda no pueda hacer arreglos a puertas cerradas ni cuartos oscuros, que la gente pague de acuerdo a su capacidad lo que tiene que pagar”. (www.uprrp.edu/economia)
“El problema del Departamento de Hacienda es un problema de conflicto de interés institucional”. Así lo dejó claro el economista y profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, doctor Argeo Quiñones, en entrevista reciente con Diálogo.
“El problema de Hacienda es que tienes al cabro velando las lechugas. Podríamos decir que hay funcionarios públicos que utilizan los fondos de sus agencias para otorgarles contratos a bufetes de alto calibre”, aseguró Quiñones.
Para comprender el argumento del Catedrático, es necesario observar primero la trayectoria de varios de los exsecretarios y secretarias del Departamento de Hacienda (DH).
Fundado en 1946, McConnell Valdés es el bufete de abogados más grande en Puerto Rico, con más de 120 profesionales. Aunque en principio representaban solo a instituciones financieras y fabricantes, su crecimiento vertiginoso, paralelo a la evolución industrial del País, según asegura el bufete en su página cibernética, les ha permitido cubrir prácticamente cualquier aspecto del Derecho de los negocios en Puerto Rico.
La farmacéutica Pfizer, el hotel siete estrellas Dorado Beach Ritz Reserve, la aseguradora MCS, Banco Popular de Puerto Rico, Citybank, UBS Financial y Johnson and Johnson en Puerto Rico son solo algunas de las millonarias empresas y corporaciones para las cuales trabaja el bufete McConnell Valdés.
Es precisamente de esa firma de abogados que proviene la exsecretaria de Hacienda y actual presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta. La exsecretaria Xenia Vélez Silva (1997-2000) y el exsecretario Juan Carlos Méndez (2005-2007), también trabajaban en esa firma.
Pero el esquema de posible conflicto de interés institucional protagonizado por el exsecretario Jesús F. Méndez Rodríguez (2011-2012), ha sido el más evidente en la última década. Bajo su mandato, el DH acordó con el recién cerrado Doral Bank, devolverle un reintegro de 231 millones de dólares, con él probablemente intentarían salvar las arcas financieras del desaparecido banco. Méndez presentó su renuncia al cargo en el 2012, con la única excusa de que se trataba de asuntos personales.
“Luego cuando terminan esos cargos pasan a trabajar con los bufetes en los cuales ellos gastaron todo ese montón de dinero de sus agencias”, afirmó Quiñones.
La abogada Sila Marie González, por ejemplo, quien fungió como senadora de la Legislatura de Puerto Rico entre 2004 y 2012, es ahora miembro del bufete McConnell Valdés.
“Esas personas se van a ver limitadas en el ejercicio de su cargo, porque tienen relaciones comerciales o son socios de negocios de los grandes intereses en Puerto Rico y si tú quieres encontrar mucho dinero que está siendo evadido, te tienes que meter en ese mundo”, aseguró el profesor.
No al Proyecto de Reforma Contributiva
Para el economista del recinto riopedrense, el Proyecto de la Cámara 2329, que transformaría el sistema contributivo de Puerto Rico e impulsaría el Impuesto por Valor Añadido (IVA) de 16 por ciento, “se debe posponer inmediatamente y por tiempo indefinido”.
Según Quiñones, 21 corporaciones no rindieron la planilla estimada ni pagaron contribuciones en abril de 2014, lo que provocó un menoscabo de 400 millones de dólares al DH. A esto, hay que añadir que Hacienda sufrió una reducción de un 33 por ciento de su presupuesto para 2014-2015, lo que provocó por consiguiente una reducción de asignación de fondos para el Negociado de Rentas Internas y Recaudaciones, los encargados, precisamente, de la fiscalización de evasores de contribución.
“Si el gobierno quisiera acabar o minimizar la práctica de la evasión contributiva, tiene que fiscalizar con mayor intensidad los sectores de altos niveles de ingreso en la sociedad puertorriqueña”, recalcó el economista, añadiendo que, aunque el IVA podría captar ingresos por consumo, no necesariamente sería igual o más efectivo en la captación de impuestos en la planilla que llenan los ciudadanos y corporaciones en el País.
Según Quiñones, las probabilidades de la evasión contributiva se elevan a medida que aumenta el nivel de ingreso. Es decir, si el nivel de ingresos del DH aumentara con el IVA de 16 por ciento, aumentaría, a su vez, la probabilidad de evasión contributiva por parte de los contribuyentes. Aunque el economista sí avaló una transición del IVU al IVA, reafirmó que este último también sufre de evasión. Más allá de la supuesta “autoregulación” del IVA por medio de recibos, el profesor aseguró que el fortalecimiento de la fiscalización por parte de Hacienda debe ser parte esencial de cualquier proyecto de reforma.
“Donde hay evasión contributiva a gran escala, ahí no le están metiendo mano, porque son los grandes contribuyentes a las campañas políticas y entonces nuestro sistema político, con el problema del inversionismo político, plantea que los políticos de turno tienen que escoger entre contribuciones para Hacienda o contribuciones para las campañas y mientras eso sea así, la reforma contributiva que realmente necesita este País no va a llegar”, denunció Quiñones.
Crecimiento económico como objetivo principal
Cualquier proyecto de reforma contributiva, debe estar enfocado principalmente en fomentar el crecimiento económico en un País, por encima del pago de deudas, según explicó el catedrático. Pero, ¿qué es crecimiento económico de una manera menos abstracta?
“Es aumentar la capacidad de producción de bienes y servicios en la economía del País, porque para aumentar esa capacidad de producción necesitas crear más empleos, necesitas más empresas, necesitas más inversión y entonces comenzarías a revertir la tendencia de la economía en picada o estancada que llevamos hace nueve años”, explicó Quiñones.
El crecimiento económico genera, a su vez, los ingresos y recaudos suficientes para atender el requisito de pago a los bonistas y permite crear un presupuesto balanceado que permita la inversión en mejoras permanentes de infraestructura, así como mejores servicios gubernamentales. El economista también instó a que el Gobierno analice y reconsidere las leyes de exenciones contributivas, como la Ley 20 de 2012 o Ley para Fomentar la Exportación de Servicios. Asimismo, abogó por un “sistema transparente, que Hacienda no pueda hacer arreglos a puertas cerradas ni cuartos oscuros, que la gente pague de acuerdo a su capacidad lo que tiene que pagar”.
“El gobierno se ha metido en un callejón sin salida porque por un lado se le están pidiendo más contribuciones al Pueblo y por el otro están trayendo a vivir más gente rica que no tiene que pagar contribuciones y eso ya la gente lo está viendo y por eso la gente dice, ni un impuesto más”, concluyó Quiñones.
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SOBRE EL AUTOR
David Cordero Mercado
Periodista. Completó bachillerato en Información y Periodismo, segunda concentración en Ciencia Política, de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Es estudiante graduado en la Escuela de Administración Pública del recinto riopedrense. Obtuvo el premio por el Mejor Reportaje Especial de la prensa escrita de Puerto Rico, otorgado por la ASPPRO en el 2013. Además, fue nominado en 2014 al premio por el Mejor Reportaje de Interés Humano, que otorga el Overseas Press Club Puerto Rico.
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