Junto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), promulgado en 1994, entró en vigor la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un organismo gubernamental que promueve la protección ambiental y el cumplimiento con las leyes ambientales en Canadá, Estados Unidos y México, los tres países que conforman el Tratado.
Así lo explicó la doctora Irasema Coronado, directora ejecutiva de la Comisión, quien ofreció el pasado miércoles una conferencia coordinada por el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña (INESI) y la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Recinto de Río Piedras, donde se llevó a cabo el evento. Además de informar sobre la Comisión, la conferencia tenía como fin promover los internados estudiantiles en la CCA y acercar a Puerto Rico a los esfuerzos que realiza ese organismo gubernamental.
La Isla, por ser un territorio de Estados Unidos, también está obligada a cumplir con las leyes ambientales federales, de modo que cualquier ciudadano puede presentar quejas respecto a conflictos ambientales. Coronado, quien dirige la Comisión desde el año 2012, puntualizó que uno de los componentes más importantes del Tratado es la promoción de la participación ciudadana.
En la foto, la doctora Irasema Coronado, directora ejecutiva de la Comisión para la Cooperación Ambiental. (Ricardo Alcaraz / Diálogo)
“Un gran componente del acuerdo es que cualquier residente de América del Norte nos puede mandar una petición, una queja, y así nosotros comenzar un proceso de investigación”, dijo la también directora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de El Paso, Texas.
Algunas de las leyes federales por las que la Comisión vela su cumplimiento son el Clean Air Act, Clean Water Act, Atomic Energy Act y Chemical Safety Information, site Security and Fuels Regulatory Relief Act. El proceso de quejas, sin embargo, tiene sus limitaciones. Y es que la Comisión no está facultada ni tiene la autoridad de emitir sanciones o denuncias por violaciones a leyes ambientales.
“Nosotros no tenemos la capacidad ni la autoridad de sancionar a nadie. Eso es decisión del gobierno, nosotros lo que damos son los hechos. Por ejemplo, si alguien de Canadá dice que una industria en ese país no está cumpliendo con la ley ambiental, nosotros realizamos un expediente de hechos, los presentamos y el gobierno decide si se está cumpliendo con la ley”.
De acuerdo con la experta, los expedientes de hecho que surgen de las investigaciones que lleva a cabo la CCA, sí pueden ser utilizados como prueba en caso de que ocurriese una demanda o el gobierno emitiera sanciones. Emitir la queja, sin embargo, nunca es en vano. Los informes son siempre presentados al gobierno, de modo que se evidencia la ocurrencia del conflicto y se alerta sobre las consecuencias. “Eso le va dando pauta al proceso de peticiones ciudadanas”, añadió Coronado.
Retos económicos
La Comisión recibe apoyo financiero de los gobiernos de: Canadá, a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente; los Estados Unidos de América, a través de la Agencia de Protección Ambiental, y los Estados Unidos Mexicanos, mediante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No obstante, es importante señalar que en los últimos años el presupuesto asignado a la Comisión se ha ido reduciendo. Cuando Coronado fue asignada como directora, de hecho, el presupuesto se redujo de $9 a $7.5 millones.
La cantidad se queda pequeña cuando se toma en consideración que es con ese dinero que la CCA promueve proyectos de infraestructura ecoamigable o “verde” en los tres países miembros del Tratado. En los pasados 20 años, la organización gubernamental ha auspiciado proyectos de regulación de mercurio, lindano, protección de la mariposa Monarca, manejo de residuos electrónicos, protección de la Vaquita Marina o Cochita, la promoción de la salud infantil, enverdecimiento de la cadena de suministro de la Industria Automotriz y la construcción de edificios ecoamigables o “verdes”.
A pesar de la escasez de fondos y la falta de autoridad para emitir sanciones, Coronado aseguró que existen otras maneras de someter presión a las industrias para que cumplan con las leyes federales ambientales y promuevan la protección ambiental. Según la directora, representantes de la Comisión se reúnen constantemente con propietarios de distintas industrias para armonizar los objetivos ambientales, de modo que se trabaje en conjunto y con un mismo fin.
“Ya hay muchas personas en la industria que quieren hacer las cosas bien, porque los inversionistas están presionando, es decir, quieren ver que sus trabajos, donde invierten el dinero, no tengan un impacto dañino al ambiente. Entonces, vemos que ya hay mucha más conciencia, esa ha sido una de las estrategias”, explicó la directora.
Para someter una queja formal, puede escribir al correo electrónico info@cec.org, o enviarla a través del correo federal tradicional a la siguiente dirección: 393 calle St. Jacques O, oficina 200, Montreal (Quebec) H2Y 1N9 Canadá.
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