El gobierno cubano enfrenta el reto de profundizar sus reformas y extenderlas al plano político en un año en que prepara el relevo generacional de 2018, entre nuevas dificultades económicas y el probable retroceso en el deshielo con Estados Unidos.
Muchos analistas en Cuba evitan hacer conjeturas y prefieren esperar a que el nuevo presidente estadounidense, el magnate republicano Donald Trump, asuma el 20 de enero y comience a adoptar medidas, alegando que una cosa es la campaña electoral y otra gobernar.
En todo caso, cualquiera que sea el rumbo de la nueva administración de Washington, tendrá su impacto en este país caribeño separado apenas 90 millas (120 kilómetros) de las costas estadounidenses.
Esteban Morales, economista y estudioso de los vínculos cubano-estadounidenses, no cree que Trump se deje llevar por la línea de acabar con los negocios ya iniciados con Cuba. “Pero también creo que nuestro país está preparado para soportar una vuelta atrás”, dijo a IPS.
A su vez, el activista social Isbel Díaz estima que Cuba “no debería subordinar su política interna en relación al inquilino de la Casa Blanca, sea Obama o Trump. “Si el gobierno cubano es coherente con su propio discurso de independencia, tendría que asumir ese reto”, afirmó a IPS.
La llegada de Trump a la Casa Blanca aleja las esperanzas de que el legislativo Congreso estadounidense, controlado por el Partido Republicano, ceda a las demandas del cese del embargo contra Cuba, considerado por La Habana como Cuba el principal obstáculo para su desarrollo y la plena normalización de los bilaterales.
Ese cerco económico vigente desde 1962 frena la llegada al país de inversiones extranjeras en los volúmenes que esta isla necesita (alrededor de $3,000 millones anuales), junto a causas de orden interno como las dilaciones excesivas en el proceso negociador y prejuicios que el presidente Raúl Castro ha pedido superar.
Si Trump decide vetar las directivas ejecutivas de su antecesor, el demócrata Barack Obama, que en los últimos dos años han flexibilizado las restricciones del embargo, afectará no solo a Cuba, sino también a sectores empresariales estadounidenses interesados en invertir o que ya están negociando su desembarco en el país.
“No creo que Trump tenga un argumento sólido para prohibir de nuevo a las compañías aéreas que vuelen a Cuba, ni a los cruceros que arribarán este año. O que discuta con (las empresas hoteleras) Marriot y Starwood, para que salgan de Cuba (luego de ser autorizados a operar establecimientos locales)”, comentó a IPS el economista cubano Omar Everleny Pérez Villanueva.
“Pero si el nuevo mandatario estadounidense funcionara contra toda lógica, Cuba debería tener su propia lógica”, añadió este especialista, quien recomienda acelerar la aprobación de propuestas de inversiones procedentes de España, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur, Singapur, Alemania y Holanda, entre otros.
Desde esta óptica, entre otras medidas también se debería avanzar en la descentralización de la producción, la ampliación de actividades a desempeñar por el sector privado, aumento de las cooperativas, aprobación de pequeñas y medianas empresas y que estas puedan formar alianzas con el sector estatal como proveedores.
José Gómez Barata, columnista del periódico mexicano Por Esto, sacó a relucir el poco tratado ámbito político de las transformaciones en varias de sus crónicas que circulan en Internet. En su opinión, los avances registrados bajo la administración de Obama permiten que la isla esté mejor posicionada para enfrentar cualquier alternativa.
Este analista cubano aboga por la profundización y dinamización de las transformaciones. “La extensión del ambiente de reformas a los ámbitos políticos, institucionales y jurídicos parece inaplazable. Sin ellos es difícil avanzar en la economía. Los temas constitucionales y electorales, no pueden esperar”, señala.
En un discurso ante el parlamento en septiembre, el presidente Castro reiteró la opción socialista del modelo cubano.
“No vamos ni iremos al capitalismo, eso está totalmente descartado, así lo recoge nuestra Constitución y lo mantendrá”, afirmó en la última sesión del año del parlamento local. Entre quienes suelen leer entrelíneas, esa mención alentó esperanzas de que la reforma de la Constitución no está lejana.
En su texto, vigente desde 1976, se introdujo en 2002 un artículo que declara “irrevocable” el socialismo y el sistema político y social de Cuba.
El tema constitucional está sobre la mesa desde que en 2011 el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) acordó limitar a un máximo de dos períodos consecutivos la permanencia de los principales cargos estatales y gubernamentales y estableció topes de edad para ocuparlos (60 años en el comité central del PCC y 70 en cargos de dirección).
Para instituir este y otros aspectos del proceso de actualización del modelo de desarrollo se requiere modificar la Constitución mediante un referendo, aunque Castro, de 85 años, afirmó que en su caso no esperaría ese cambio para abandonar la presidencia tras cumplir en 2018 el segundo mandato, para el que fue reelecto en febrero de 2013.
Especialistas en el tema incluyen entre los cambios constitucionales que requiere la realidad actual del país y su sociedad, la separación de los poderes del Estado, con énfasis en una reestructuración y fortalecimiento del parlamento unicameral y una “inequívoca” independencia del poder judicial.
El próximo año deben llevarse a cabo elecciones generales para renovar la legislativa Asamblea Nacional y el gobernante entregaría el mando a quien ese órgano del Poder Popular designe presidente del Consejo de Estado, el máximo órgano del poder local. No se descarta que conserve su puesto como primer secretario del PCC.
Un fuerte “candidato” a suceder a Castro es Miguel Díaz-Canel, actual primer vicepresidente del Consejo de Estado, a quien el mandatario ha elogiado por su tenacidad y sistematicidad en el trabajo, espíritu autocrítico, su constante vinculación con el pueblo y alto sentido del trabajo colectivo.
Su actual cargo le confiere la responsabilidad de sustituir en sus funciones al presidente del Consejo de Estado en caso de ausencia, enfermedad o muerte de este. Según Castro, es una manera de preservar, sin interrupciones de ningún tipo, la continuidad y estabilidad de la nación.
Nacido el 22 de abril de 1960, comenzó su carrera política en la Unión de Jóvenes Comunistas, la continuó en el PCC y entre 2009 y 2012 fue ministro de Educación Superior. La edad promedio de los 31 miembros del actual Consejo de Estado es de 57 años y más de 60% nació después del triunfo de la Revolución.
Díaz–Canel encabeza la hornada de nuevos dirigentes cubanos que deberán ganarse las posiciones a las que ascenderán, por el desempeño que tengan en la puesta en práctica de la actualización del modelo y por la popularidad y el prestigio que alcancen ante la ciudadanía.
De acuerdo con varios analistas, no podrán gobernar Cuba como lo han hecho Fidel Castro, fallecido el pasado 25 de noviembre, y su hermano Raúl Castro, pues no tienen la legitimidad carismática ni la autoridad que les correspondió a aquellos como líderes de la generación histórica.
Este grupo tiene además el reto de propiciar “un modelo más colectivista y democrático de dirección”, “ampliar los espacios públicos de deliberación política” y una participación ciudadana más activa. Para ellos, la institucionalidad del país es crucial.
