Una medida de la autoría del representante Michael Quiñonez Irizarry busca incentivar la construcción en los municipios de la montaña a fin de promover el desarrollo económico mediante la edificación de nuevas infraestructuras. La pieza legislativa se concibió, además, con miras a solventar la crisis fiscal en la zona que se agravó luego del paso de huracán María.
Se trata del proyecto de la Cámara 1295 (PC 1295) con el cual el legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) espera impulsar la construcción en los municipios de Utuado, Lares, Adjuntas, Jayuya, Orocovis, Ciales, Morovis y Florida.
Sin embargo, la legislación no cuenta con el aval de expertos en planificación y construcción consultados por Diálogo, quienes explicaron que el proyecto “se queda corto” en su misión de promover el desarrollo en el área.
“Esto [la construcción en la zona] requiere una planificación integral. Se debe sacar provecho de las ventajas y desventajas que otorgaría la montaña, pensando en el desarrollo de estos municipios del centro y así mover a su gente”, opinó el profesor y planificador ambiental Iván Elías Rodríguez, para quien esa gestión debe tener en cuenta una comunicación directa entre el gobierno y la ciudadanía de esa zona.
En síntesis, el proyecto —radicado el pasado 30 de octubre en la Cámara de Representantes— pretende establecer un incentivo contributivo a toda construcción que se efectúe dentro del distrito de la montaña.
El Artículo 3 del proyecto indica que “será otorgado un crédito contributivo en la contribución sobre ingresos del contribuyente y será equivalente al monto pagado por el contribuyente en arbitrios de construcción y patentes al municipio donde esté ubicada la estructura objeto del crédito, más el total de los derechos por impacto ambiental (Impact Fees) pagados a las agencias concernidas que hayan requerido dicho pago”.
Empero, para el planificador ambiental Luis Jorge Rivera Herrera, el proyecto del representante Quiñonez Irizarry “no parece contemplar las circunstancias en las que vivimos bajo [la ley] Promesa y el compromiso con el fisco”.
“Definitivamente, no es viable aprobar este proyecto ahora sin una fuente de ingreso externa”, indicó.
Diálogo quiso conversar sobre este asunto con Quiñonez Irizarry, pero nuestra solicitud para entrevistar al legislador no rindió frutos.
En términos del impacto directo con el ambiente, Rivera Herrera insistió en que “hay que evitar promover la construcción en áreas susceptibles”.
Rivera Herrera fue más allá al exhortar al gobierno a repensar la manera en la que se ejecutan proyectos como este, pues “existe un colapso en construcciones formales (hoteles, grandes edificaciones) e informales (viviendas)”.
Añadió que se deben utilizar récords históricos en cuanto a fenómenos atmosféricos para poder construir. “Es imposible decir que se pudo haber evitado esto [la devastación del huracán María]. Sin embargo, pudimos haber hecho lo posible por regular su impacto y el daño a la infraestructura. ¿Cómo? Habiendo tomado en consideración nuestra posición geográfica para el desarrollo de construcciones recientes”, sentenció.
“Antes de promover algún tipo de incentivo a construcciones, hay que reevaluar la propuesta de proyectos. No es construir por construir”, puntualizó Rivera Herrera.
La Asociación de Constructores no la avala
Al igual que Rivera Herrera, Ricardo Álvarez-Díaz, presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico, dijo a Diálogo que la coyuntura histórica en la que se encuentra el País amerita “fomentar la planificación formal a nivel isla”. Por esta razón, Álvarez-Díaz coincidió en que el PC 1295 “se queda corto”.
El experto fue más allá al plantear que el gobierno debería prestar atención al código de construcción de Puerto Rico, que no ha sido revisado desde hace seis años.
“El código de construcción en Puerto Rico no es malo, sino que ha tenido una mala planificación e implementación. Es más, con el código de construcción actual, se minimizan los daños a la infraestructura”, explicó.
Sin embargo, es evidente el gran impacto que tuvo el paso de María sobre la infraestructura del País. Incluso, una muestra de ello es el daño que experimentaron las costas y las edificaciones que se perdieron, por ejemplo, en Rincón e Isabela, producto de la marejada ciclónica. ¿Realmente, el código de construcción minimiza los daños, aún considerando escenarios como este?, preguntó Diálogo al presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico.
“Ciertamente, ahí es donde entra la educación. Tiene que haber un mecanismo que pueda ayudar a educar a la población en cuanto a la construcción. El tipo de construcción y dónde se practicará. Esto es algo que depende de todos: empresas privadas, gobierno y comunidad. Solo así se fomentaría una infraestructura organizada y armónica con el ambiente”, argumentó Álvarez-Díaz.
El presidente de la asociación sostuvo que para lograr estar “completo”, este proyecto de ley debería reformular la fiscalización, fomentar la educación dentro de su estructura y apoyar los centros urbanos.
“Ahora mismo como está, la medida no es holística, por lo que la Asociación de Constructores de Puerto Rico no lo apoya”, manifestó.
Se expresa Casa Pueblo
Uno de los pueblos que serían impactados por esta medida legislativa es Adjuntas, que cuenta con el respaldo de Casa Pueblo en la conservación de sus zonas verdes.
El presidente de la Junta de Directores de Casa Pueblo, Arturo Massol, también se unió a las voces que criticaron la medida y sus intenciones principales.
“Depende de qué exactamente quiere lograr este proyecto de ley, si es sin restricciones podría causar más daño que bien. La recuperación no puede ser caótica, requiere disciplina. Si se refiere a facilitar proyectos de desarrollo sostenible, entonces con esas guías conceptuales podría darse un buen impulso, pero construir por construir es un error”, comentó.
La zona que pretende impactar este proyecto de ley está dentro de la demarcación del Bosque Modelo Nacional de Puerto Rico, que tiene a través de la Junta de Planificación sus propias guías de uso de terreno, indicó el profesor del Recinto Universitario de Mayagüez a Diálogo.
“La agenda inmediata y la prisa de decir que hacen por la montaña no puede comprometer la agenda de estos recursos naturales, que es una agenda permanente y de todos”, reclamó Massol.
El pasado 2 de noviembre la medida fue referida a la Comisión Especial de la Cámara de Representantes para la Reconstrucción y Reorganización de Puerto Rico tras el paso de los huracanes Irma y María.
