La reunión de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) aparentaba ser una sin mayores controversias, si no hubiera sido por la discrepancia entre lo que se supone que cobre el presidente de la institución –$105,000– y lo que cobra el actual interino en esa posición, Darrel Hillman Barrera, –$124,107– en aparente violación a la reglamentación universitaria.
El aumento –detallado en un documento que circuló el propio Hillman Barrera a los miembros del máximo foro rector de la UPR durante su reunión anoche– se da en momentos donde se procura un mayor control financiero para la institución, que este año fiscal recibirá $188 millones menos de parte del gobierno. Dicha cifra deberá aumentar a $450 millones para el 2021, según el plan fiscal del gobierno certificado por la Junta de Control Fiscal en marzo.
Se da, además, en momentos donde el plan fiscal de la UPR –bajo la consideración del ente federal– contempla congelaciones de plaza en todas las unidades y dependencias que sumarían una economía de $722 millones para el 2026, así como reducciones de 20% en puestos de confianza y 50% en puestos temporeros que alcanzarían una reserva de $17 millones para el mismo año.
El representante estudiantil graduado ante la Junta de Gobierno, Gilberto Domínguez Escalera, denunció en la reunión que el sueldo de $124,107 al año sobrepasa los $105,000 que dispuso la Certificación 90 del año académico 1996-1997 como límite.
El ahora presidente en propiedad de la junta, Walter Alomar Jiménez, rebatió que el salario de Hillman Barrera se consultó con la Oficina de Recursos Humanos. Alomar Jiménez argumentó que los casi $20,000 adicionales pueden responder a la bonificación al salario que se recibe por ocupar el cargo de presidente de la UPR, lo que no formaría parte del cálculo del tope.
Sin embargo, hoy en la mañana, el funcionario negó la puesta en vigor de este aumento.
“No ha habido aumento alguno. El doctor Hillman Barrera está cobrando según la certificación vigente, que establece el salario de la posición que ocupa. En ningún momento se ha enmendado la misma, por lo que el salario del cargo de presidente tampoco se ha alterado y permanece según lo devengado por sus antecesores”, explicó Alomar Jiménez en declaraciones escritas. En el comunicado no se detalló si la certificación vigente es la misma que impone el límite.
“Hemos sido claros desde un principio en que no habrá aumento alguno. Más aun, hemos eliminado puestos de confianza y contratos, reducido salarios y renegociado acuerdos previamente onerosos, lo que nos permitió reducir el presupuesto en sobre $160 millones. Queremos reducir la burocracia y los gastos de la administración central para que los recursos lleguen donde deben estar, en el salón de clases”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno.
El secretario electo de la Junta, Luis Berríos Amadeo, cuestionó por su parte la vigencia de la certificación y adujo como poco probable que otros presidentes hayan cobrado eso anteriormente, por lo que calificó la certificación como “letra muerta”.
En una línea similar se expresó el representante claustral Alan Rodríguez, quien planteó que “una certificación de 20 años tiene que estar vieja”.
Además de la presidencia, otros cuatro puestos de confianza –un ayudante especial y las direcciones de las oficinas de Compras, Jardín Botánico y Exalumnos– también vieron un aumento.
El asunto quedó sobre la mesa, sujeto a la evaluación de la Oficina de Recursos Humanos sobre salarios previos de presidentes y a que Hillman Barrera elabore una lista de todos los puestos de confianza de este año y del anterior, con sus respectivos salarios.
Para enero de 2018 presidente en propiedad
En otros asuntos, se aprobó enmendar el proceso de búsqueda y consulta para el presidente en propiedad de la UPR con el fin de extenderlo hasta diciembre y permitir la participación de nuevos candidatos tanto del centro docente como internacionales.
La modificación no perjudicaría a los cinco profesores –Arturo Avilés, Carlos Colón de Armas, Nivia Fernández, Miguel Muñoz y Martha Quiñones– que ya participan del proceso. Este reiniciaría el 23 de agosto y se extendería hasta el 18 de diciembre, cuando se celebrará la última reunión de la Junta de Gobierno, en la que se designaría al presidente en propiedad.
Afloran espinas sobre descargas académicas
Otra disputa, también dejada para la próxima reunión del organismo, fue la dispensa de carga académica que disfrutan los docentes que fungen como representantes claustrales en los cuerpos de gobernanza de la UPR.
En términos generales, la reglamentación universitaria dispone que un profesor tendrá una carga académica de 12 créditos (cuatro cursos). Pero en el caso de que este participe como representante en el Senado Académico, la Junta Universitaria o la Junta de Gobierno, podrá recibir un descargue de tres créditos (una clase), pero reteniendo el salario de su carga académica usual.
“La situación en la que estamos en la UPR requiere un compromiso de los profesores de que si tienen 12 créditos, que sean dando clases y evitando que se tenga que pagar en exceso por contratos profesionales. Esta medida de eliminar o suspender la descarga de tres créditos [busca atender] el impacto en las redistribuciones académicas, [que] son millonarias, y en este cuadro fiscal no podemos darnos ese lujo”, sostuvo Alomar Jiménez.
El licenciado adelantó que espera que la medida sea aprobada y entre en vigor para enero de 2018. La discusión se dejó en remojo, con la encomienda a Hillman Barrera de requerir en dos semanas los datos de todos los docentes que se benefician de la dispensa y cuánto representa en términos presupuestarios.
Insistencia en sancionar a estudiantes partícipes de “paro ilegal”
Berríos Amadeo, en tanto, indagó sobre el estatus de las investigaciones administrativas de la UPR contra los estudiantes que participaron del proceso de huelga que se extendió por cerca de dos meses en nueve de las once unidades del sistema, y convidó a iniciar estos procesos si todavía no se ha hecho.
En síntesis, solicitó a la Junta de Gobierno –quien a su vez tramitará el asunto a través del presidente y los rectores– un informe de los “daños cuantiosos” en cada unidad producto del “paro ilegal”, y si no, “que se urja investigar”.
“Yo no estoy incitando a nada, lo que estoy pidiendo es que la administración de esta universidad mire en cada recinto e investigue si en efecto hubo violación a las normas universitarias ante los hechos tan públicos”, justificó Berríos Amadeo a Domínguez Escalera al este cuestionarle que su pedido parecer ir en contra de uno de los preacuerdos estudiantiles para finalizar la huelga.
Ayer, precisamente, se pospuso para septiembre la vista preliminar contra nueve estudiantes que irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno en abril.
En otros asuntos, tanto Alomar Jiménez como Zoraida Buxó Santiago pasaron a ocupar los puestos de presidente y vicepresidente en propiedad del organismo, y Berríos Amadeo fue electo su secretario.
También se aprobó la designación de la licenciada Magdalisse Ramos Costa como secretaria ejecutiva. Esta sustituye en el cargo a la abogada Sandra Espada.
