La PROMESA del Congreso de Estados Unidos (EE.UU.) de favorecer a los bonistas y acreedores por encima del pueblo y el territorio de Puerto Rico va camino a ser cumplida. Y no les costó mucho pensarlo.
Durante la mañana de hoy, miércoles, el Senado de EE.UU. favoreció con votación de 68-32 que se cierre el debate sobre sobre el proyecto 2328 que crearía la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés). Esta votación garantizó que el proyecto se aprobara hoy en la tarde, a placer de los ánimos en el Senado federal.
La composición de la votación para adelantar PROMESA fue de 36 republicanos, 31 demócratas y el independiente Angus King a favor de cerrar el debate. Mientras, 18 republicanos, 13 demócratas y el independiente Bernie Sanders votaron en contra. Tras la votación, comenzó el proceso de discusión de enmiendas. Se requerirán 51 votos para que finalmente se apruebe la medida, la cual permanece idéntica a la adoptada por el pleno de la Cámara federal el pasado 9 de junio, y no luce que recibirá mucha cirugía.
Detractores del proyecto en el Senado –como el demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez– instaron a sus colegas a votar que no y a enmendar el proyecto a tutiplén “para evitar una crisis humanitaria mayor en Puerto Rico”.
“Hay que considerar este proyecto, pero con todas las enmiendas que sean necesarias para hacer lo correcto. Aquí se verá afectada toda una generación de puertorriqueños”, expresó Menéndez durante una ponencia posterior a la votación emitida por la televisora del Congreso de los EE.UU., C-Span.
La senadora Maria Cantwell, demócrata por Washington, invitó a sus colegas a votar en contra de PROMESA y a “trabajar un mejor proyecto en el Senado”, pues “sabemos que es un proyecto lleno de fallas. Así vino de la Cámara”.
Tanto Cantwell como Menéndez, descendiente de puertorriqueños, hablaron con el corazón en la mano, pero también con amplio conocimiento de causa. Como se ha destacado, PROMESA no es otra cosa que una junta con extraordinarios poderes para decidir principalmente sobre los asuntos fiscales de Puerto Rico e impulsar un alivio en la deuda pública, en detrimento de la calidad de vida de los puertorriqueños. Además, cuenta con matices coloniales de violación de derechos humanos, al restarle gobernanza y poder de la toma de desiciones al gobierno de Puerto Rico sobre asuntos que afectan directamente al pueblo que democráticamente representa.
En días recientes se ha intensificado el cabildeo de Casa Blanca y otros sectores para que se apruebe PROMESA. Previo a la votación de hoy, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), defendió el proyecto, aludiendo al pago de $2,000 millones que el gobierno borincano está obligado a hacer el viernes, entre ellos $750 millones en obligaciones garantizadas por la constitución de Puerto Rico. Irónicamente, poderes de esa misma constitución serían apabullados por PROMESA.
Pero McConnell y los que favorecen PROMESA aseguran que este será beneficioso para Puerto Rico. Su colega, el demócrata por Illinois, Dick Durbin, dijo que hará caso al cabildeo que durante semanas ha realizado el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, para que se apruebe la medida que nació en la Cámara. A este cabildeo, reveló, se le unió también el arzobispo de San Juan, Roberto González Nieves.
“El obispo de Chicago me llamó”, dijo Durbin, para pedirle que respaldara el proyecto pues “el obispo de San Juan lo había llamado” para explicarle que la isla se encontraba en un descalabro socioeconómico. “No hay ni gasolina para los autobuses que llevan a los niños” a estudiar, dijo, y “han cerrado cientos de escuelas”. El balón político salió a relucir cuando expresó que también estaba pensando “en los 100 mil votantes” de raíces puertorriqueñas que hay en su ciudad.
Puerto Rico mantiene una deuda de sobre $68,000 millones. El futuro socioeconómico y político se encuentra en entredicho en estos momentos, particularmente después de que todas las ramas de gobierno de Estados Unidas confirmaran la muerte del Estado Libre Asociado (ELA) que se estableció en 1952, impulsado por el exgobernador Luis Muñoz Marín y su Partido Popular Democrático. A principio de mes, el Tribunal Supremo reiteró la carencia de poderes que tiene la jurisdicción de Puerto Rico mediante la decisión del caso Sánchez Valle. Hace dos semanas, el mismo foro reiteró la farsa del ELA al negarle rotundamente la posibilidad de un mecanismo de “quiebra criolla” para atender la deuda.
Tal y como se lee en el proyecto ahora mismo, al momento de constituirse la junta federal constará de siete personas nombradas por el presidente de EE.UU. –y cuatro de ellas recomendadas por líderes republicanos. Este septeto tomará las decisiones finales sobre el presupuesto, las leyes y planes fiscales para Puerto Rico y los puertorriqueños. El proyecto provee además para la creación de un oficial de revitalización, nombrado por el gobernador pero recomendado por los miembros de la junta, que decidirá proyectos de emergencia que pudieran ir por encima de las necesidades puertorriqueñas.
