En marzo de 2011 se cumple un año del inicio del conflicto en la Universidad de Puerto Rico (UPR). Las personas desconocen que el origen de las manifestaciones fue en el Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Los primeros actos surgen con el anuncio de la administración universitaria de dicho recinto, de aumentar los costos de matrícula y cuotas de los cursos de verano, así como la disminución del pago al profesorado que brindara dichos cursos.
La Facultad de Ciencias Sociales, del Recinto mayagüezano, puso la voz de alerta a la situación. El estudiantado del Colegio tomó nota y cuestionó a la administración universitaria del recinto. La administración utilizó el argumento que existía un precedente en el recinto de Aguadilla. En cambio, no indicó que en Aguadilla dicha disposición representaba una medida provisional de su pasado rector, el profesor José Arbona.
Un secreto a voces
Posteriormente el alza se implantaría al resto del sistema universitario. La Administración Universitaria desde Presidencia decidió aplicar los cambios a todo el sistema universitario sin que la Facultad y el estudiantado tuvieran conocimiento de ello. No solamente estaba la sesión de verano del 2010 en la mirilla, ya había planes de aplicar aumentos similares o mayores en las sesiones ordinarias como la del Primer Semestre del Año Académico 2010-2011. Ante estos hechos, la Facultad y el estudiantado del Recinto de Río Piedras comenzó a cuestionar a su rectora interina, la doctora Ana Guadalupe, sobre si la medida sería aplicada en ese recinto. La rectora interina, luego de afirmar el alza, argumentó que era parte del plan para mejorar la situación fiscal de la Universidad.
Días más adelante, la prensa nacional informó que el presidente de la UPR, doctor José Ramón de la Torre, solicitaría un presupuesto menor para el próximo año académico en comparación al existente. Los diferentes sectores universitarios comenzaron a cuestionar que algo extraño ocurría en la Universidad. El estudiantado investigó y descubrió que la Presidencia buscaba eliminar las exenciones de matrícula de miles de estudiantes.
Desde el recinto de Mayagüez hasta el de Río Piedras el estudiantado cuestionó las acciones de la administración y convocó asambleas para alertar a sus pares. En el Recinto de Río Piedras el estudiantado solicitó reunirse con el Presidente para dialogar sobre éste y otros temas. La Presidencia se negó a atender el estudiantado porque consideraba que era un asunto administrativo en el cual los matriculados no tenían injerencia alguna. De hecho, los estudiantes le dieron varios días para reunirse pero fue en vano. Entonces en una Asamblea de Estudiantes se aprueba un paro de labores académicas para que la Administración atendiera su solicitud de reunión. Nuevamente fueron infructuosas las gestiones.
Mientras estos eventos ocurrían en el Recinto de Río Piedras, en otras unidades del sistema UPR como Mayagüez, Ponce, Cayey y Humacao estaban realizando asambleas y paros para apoyar a sus homólogos riopedrenses. La mecha se encendió y, en menos de una semana, ya eran ocho recintos: sólo restaban Ciencias Médicas, Arecibo y Aguadilla.
Los daños
Un año después nuevamente un recinto inicia sus manifestaciones. Esta vez el respaldo de la Facultad y empleados no docentes es inmediato. Pero, ¿cuáles son algunos de los daños colaterales que ha ocasionado este conflicto? Mi parecer es que se presentan en lo económico, psicológico, social, jurídico y político.
En lo económico, los hospedajes han comenzado a extrañar sus futuros pupilos; los negocios de comestibles (tradicionales e informales) experimentan pérdidas; el pago de horas extra en el personal de la Policía de Puerto Rico es millonario.
La frustración, tanto del personal policíaco como del estudiantado en general, es cada día más evidente. El coraje, expresado verbal y no verbal por parte de agentes policíacos y oficiales del Estado contra manifestantes, es la orden del día en foros cibernéticos y la prensa nacional. La angustia es constante en la comunidad interna y externa a la UPR.
El rechazo, repudio y marginación social con quienes de una u otra forma se identifican como parte de la Universidad es cada día más frecuente. La imagen de Puerto Rico en general se afecta negativamente ante la continua presencia de un estado policíaco en la Universidad.
La falta de respeto por la defensa de los derechos mínimos en una democracia, como es el caso de la libertad de expresión, rompe con las estructuras que han validado los mismos desde sus orígenes. Las contradicciones frecuentes entre los tribunales y juristas cuando se interpreta una ley o derecho, confunde hasta el perito más experto en el tema.
La intervención político partidista es muy obvia y presente. Tal vez en otros conflictos estuvo latente. En este momento es uno de los actores principales. Sus efectos están por verse en los próximos procesos.
Lo académico es inminente. La propia universidad ha rechazado estudiantes internacionales de intercambio.; la cantidad de solicitudes de ingreso se ha reducido dramáticamente; internados, graduaciones, reválidas y otros procesos cerca del borde del abismo. Pensar que todo inició por falta de sensatez y, que se pueden evitar estos daños colaterales, con una simple decisión: derogar una cuota.
*El autor fue Decano de Administración en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla
