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Más que una piedra y una flechera, su equipaje ahora incluye la fuerza del nuevo conocimiento y la genuina intención de reafirmarse como pueblo. Buscan el reconocimiento de los gobiernos y de la comunidad internacional. Su discurso se afirma con ahínco en las leyes básicas y autóctonas de la raza humana. Estos son los hijos de la Pachamama. Algunos los consideran piezas precolombinas de museo o los imaginan con taparrabo y macanas… y así es. Siguen siendo piezas invaluables para la humanidad, pero no en exhibición. Su voz y paso firme los ha ubicado en la mesa parlamentaria de América Latina y puesto en jaque a más de un gobierno. En medio del intenso proceso de la modernización y la expansión de la economía, los grupos indígenas se formularon grandes expectativas de participación que prontamente fueron diluidas en un caldo de agresiones por parte de los gobiernos de turno. Su frustración activó su potencial político, su identidad étnica y, tomados de la mano, atravesaron fronteras en busca de alternativas a su marginación y opresión en el marco de su propia matriz civilizadora. Sobrevivieron a las garras de la globalización, a las políticas de asimilación por parte del estado-nación y se enfrentaron a las formas modernas de “democracia” y a los modelos propios del neoliberalismo. Uno de los rasgos característicos del indigenismo es su lucha contra los sistemas de opresión -que han destruido algunos de sus logros y reprimido su capacidad creadora-, herencia del colonialismo, el capitalismo y el imperialismo. Enfocados en potenciar su identidad, se apoyan de importantes recursos como la reivindicación de derechos, la recuperación de su cultura y la descolonización de sus tierras. Con este nuevo aire, prometen “redibujar” el escenario público del continente y formar frentes comunes contra los cambios en los regímenes políticos, estamentos legales y estructuras socioeconómicas impuestas por grupos dominantes y contrarrestar así los desastres del modelo desarrollista que se ha mostrado incapaz de resolver los problemas de los países en vía de desarrollo. Cabe preguntarse, ¿los estados-naciones podrán sobrevivir al levantamiento de los pueblos indígenas? En varios países, estas etnias han colisionado con el nacionalismo y demandado autonomía y reconocimiento de los cientos de estados multiétnicos y pluriculturales. En medio de un cóctel de religiones, lenguas y tradiciones, con pisada fuerte, han confluido en un movimiento de tal dimensión que actualmente encabezan la agenda de los derechos internacionales.
Este resurgir de las organizaciones indígenas de América Latina no es un fenómeno aislado; tiene lugar en un contexto a escala mundial. La opinión pública internacional ha comenzado a cambiar su actitud frente a la validación de los derechos de estos grupos al considerarlos convergentes con la actual “democracia”, el desarrollo integral y la conservación medioambiental. En la década de los años noventa, muchas de estas organizaciones presionaron para que se modificaran las constituciones de los respectivos países especificando claramente sus facultades de autogobierno en materia jurídica, política, económica, cultural y social. Obtuvieron, a grandes rasgos, la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en cada país, y la discusión y aprobación por parte de la Organización de Estados Americanos del Instrumento Jurídico para los Pueblos Indígenas. Estas constituyen las principales reivindicaciones recogidas en la Declaración Universal de las Primeras Naciones Indias (Canadá, 14 de noviembre de 1991). Asimismo, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó el año pasado la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo propósito es proteger a los 370 millones de personas que pertenecen a comunidades autóctonas en todo el mundo contra la discriminación y la marginación. La decisión recibió el apoyo de 143 países. Once se abstuvieron y cuatro votaron en contra: Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. A partir de estas proclamaciones, en varios países latinoamericanos, se les reconoce a los indígenas su espacio político en las estructuras del Estado y su puesto en las agendas bilaterales para desplegar su derecho a participar libremente de los procesos de gobierno, cualquiera que sea su proyecto desarrollista.
En América Latina, donde los partidos políticos fracasan con regularidad, ha sido crucial la presentación de este modelo alternativo independiente que no pertenece a los sistemas de derecha, centro o izquierda. Este surgimiento, especialmente en Bolivia y Ecuador, ha dado voz a los intereses del pueblo indígena en el debate político, obligando a los partidos tradicionales a tomarlos en cuenta. Aunque la participación electoral es baja, sigue en aumento la posibilidad de establecer sistemas partidarios más estables y coherentes. Los países que han inscrito la mayoría de los derechos indígenas e incluido su participación en las plataformas de gobierno son Ecuador, con el mayor número de candidatos indígenas en los comicios; Colombia, con representantes en la Cámara y el Senado; Venezuela, con la inclusión de los 44 pueblos originarios, y Panamá. Los países con un reconocimiento moderado son Bolivia, con la elección de su primer mandatario Evo Morales, diputados y concejales; Brasil, con seis nuevos alcaldes de origen indígena; Costa Rica, que aumentó el índice de su participación en aspectos medioambientales; México, con la expansión Zapatista; Paraguay, con una nueva presidencia a cargo de Fernando Lugo, quien redirigió su agenda con mira a las minorías; Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú. Los que reconocen un mínimo y en ocasiones ningún derecho, son Belice, El Salvador, Guyana, Surinam y Chile. Esta reciente incorporación legal y judicial de los grupos políticos indígenas al Estado ha significado un cambio de poder notable y un debilitamiento de los demás partidos tradicionales. Por esto es común encontrar alianzas electorales entre candidatos y partidos indígenas y no indígenas. Por ejemplo, en Bolivia, Ecuador y Colombia, los partidos indígenas han presentado candidatos no indígenas, decisión que ha aumentado el número de votos del electorado no indígena y robustecido los movimientos indígenas. Sin embargo, no todos los partidos étnicos traen apoyo fuera de su círculo. En Nicaragua, Amazonas y Venezuela, se concentran en obtener apoyo de su propio grupo y candidato, sin alianzas y sin renunciar al apoyo de otros partidos.
Muchos de los representantes no indígenas desconocen los fundamentos propios de cada movimiento indígena y sus luchas, pero se apoyan en su proyecto político y estrategias de acción para impulsarse al poder. Luego, los favores no se devuelven. Forma versátil de fracturar las estructuras de las comunidades y las voces de los pueblos. Al respecto opina Guillermo Tascón, presidente de la organización indígena de Antioquia, Colombia: “Nosotros estamos pensado en una transformación territorial del país y su sistema político, el problema de la propiedad de los recursos naturales y la liberación de la Madre Tierra, pero los compañeros políticos no indígenas están pensando en la participación electoral y llegar al poder. Esto nos demuestra que vamos por caminos encontrados y es un tema que hay que repensar en términos de jurisdicción”.
Las organizaciones indígenas se encuentran en su momento más crucial. Actualmente, se ven amenazadas por los enlaces comerciales que se gestionan en Suramérica. Por tal razón, plantean una revisión a las negociaciones de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea, que buscan convertir a Latinoamérica en receptor de capitales transnacionales y proveedor de materia prima con extracción sin límite de los recursos naturales. El impacto social sobre los pueblos y los terrenos se agravarán y la soberanía nacional se verá agrietada con estas disposiciones. El derrotero principal de las organizaciones indígenas debe ir más allá de la defensa de intereses políticos de un país y articularse en relación a un horizonte universal. Pueden sorprender, y llegar a ser el eslabón valioso en esta cadena de luchas por la emancipación del continente y la reconquista de la Madre Tierra.
CONAIE, en Ecuador, ha mantenido como estrategia el no asociarse a ningún partido político en particular para proteger la unidad del movimiento. MITKA, en Bolivia, es considerada una fuerza revolucionaria de reivindicación nacional. COMG, en Guatemala, propone reivindicaciones territoriales, económicas, sociales y culturales. COICA, en la Cuenca amazónica, aglutina las diferentes organizaciones regionales de los pueblos indígenas (1.2 millones de habitantes de los diferentes países amazónicos). CISA, en el área andina, busca gobernar las repúblicas donde son mayoría. CORPI, en el área centroamericana, denuncia la política “genocida y represiva” de los gobiernos.
Guatemala: Rigoberta Menchú Su lucha por los derechos de los indígenas le mereció el Premio Nobel de la Paz en 1992. Como dice el laudo de dicho premio, “… es un vívido símbolo de paz y reconciliación a través de las líneas étnicas, culturales y sociales que dividen su país, América y el resto del mundo”. Ecuador: Luis Macas Líder del histórico levantamiento indígena de 1990 y ministro de agricultura del gobierno de Lucio Gutiérrez. Sus movilizaciones derrocaron a dos presidentes y han puesto en jaque el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Perú: Ollanta Humala Militar ultranacionalista que estuvo a punto de ganar las elecciones del 2006. Lideró el movimiento que exigía la renuncia del presidente Alberto Fujimori. Hasta el momento, planea volver a aspirar a la presidencia. Bolivia: Evo Morales Primer indígena en conquistar la presidencia de un país en la historia moderna de América Latina. Fue diputado del Congreso y líder de movimientos socialistas en pro de las clases bajas y los pueblos indígenas. Colombia: Floro Tunubala Primer líder elegido democráticamente como gobernador. Luego fue representante por los pueblos indígenas en el Senado. Los politólogos afirman que próximamente, en compañía de otro líder indígena, podría aspirar a la presidencia.