Existen limitaciones para los jueces estadounidenses al momento de aplicar las leyes o tratados internacionales con relación a los derechos civiles, situación que afecta directamente a la Isla, señaló la jueza del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, Sonia Sotomayor. “Nosotros no usamos las leyes o tratados extranjeros, nosotros las consideramos. Estados Unidos no permite que utilicemos las leyes extranjeras o internacionales para resolver nuestros casos. Sin embargo, no pueden decirnos que no consideremos las ideas que plantean dichos tratados para hacer un análisis y emitir nuestro propio juicio”, expresó la jueza federal en una conferencia organizada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Añadió que el Congreso de Estados Unidos es el que decide cuáles son las leyes que se eliminan y estipula cuáles son los estatutos que se aplican en un litigio. La ACLU declaró que de los 16 pactos de derechos humanos existentes, Estados Unidos sólo se ha aliado a seis.
“Esto nos afecta directamente por la falta de soberanía que tiene la Isla, ya que le pertenecemos a Estados Unidos. Por esa falta de soberanía, es que nuestros tratados dependen de los acuerdos y tratados que Estados Unidos quiera ratificar”, señaló el profesor de derecho, Efrén Rivera. El catedrático también señaló que Puerto Rico tiene serias limitaciones para aplicar los derechos internacionales por falta de esa soberanía. Para Rivera, existe un problema muy serio, ya que aunque obtuvimos nuestra constitución en el 1952, es la constitución americana la que tiene supremacía. Durante la charla, la jueza indicó que temas como el discrimen racial, discrimen por orientación sexual, por religión o por discapacidad no son ley en los Estados Unidos, sino aplicaciones morales. “De manera que un litigante no puede ir a la corte de Estados Unidos a radicar una querella por ello”, declaró la experta en litigio. Sin embargo, explicó que Estados Unidos utilizará la ley extranjera para resolver algún caso siempre y cuando dicha ley no vaya en contra de la constitución americana. Los panelistas trajeron a la luz la violación de Estados Unidos a uno de sus pactos sobre los derechos civiles de la ACLU en el caso de Medellín vs. Texas. Es en este caso donde se le viola el derecho civil a un hombre mexicano tras aplicarle la pena de muerte sin haberle notificado al consulado mexicano antes de emitir dicha declaración como está estipulado en el pacto. Rivera, aludió a la cláusula de supremacía la cual establece que la Constitución de Estados Unidos y los tratados creados por dicha nación deben ser protegidos por la Corte Suprema estadounidense. Además, estipula que los jueces de cada corte deben asumirlas, sin embargo tienen la libertad de decidir si las utilizan o no. “Estados Unidos es una nación que trata de presentar una imagen de que defiende los derechos civiles de la gente, sin embargo sus acciones demuestran lo contrario”, señaló Rivera en su ponencia. Investigaciones realizadas por la ACLU han identificado las constantes violaciones que comete Estados Unidos al momento de defender los derechos civiles de sus ciudadanos. Es por esta razón que la organización protectora de las libertades civiles tiene como propósito el defender y preservar los derechos de cada individuo en las cortes, la legislatura y las comunidades. La ACLU también pretende lograr que se les garanticen a los ciudadanos americanos los derechos civiles expuestos en la Constitución de los Estados Unidos creada en el 1787. Algunos de estos derechos lo son el derecho a la libre asociación, derecho a la privacidad, derecho de igualdad ante la ley y derecho al debido proceso legal en caso de que su libertad sea privada por la justicia. Durante la conferencia se habló del tema de pena de muerte en Estados Unidos y de cómo ésta aplicación legal afecta los derechos civiles de los ciudadanos. Según una cifra emitida por la ACLU, desde que la Corte Suprema restituyó la pena de muerte en Estados Unidos en 1976 con el caso de Gregg vs. Georgia, más de 525 hombres y mujeres han sido ejecutados por el estado. Más de 150 de estas ejecuciones han ocurrido desde el 1996, y por lo menos existen 3, 500 personas esperando por su turno para ser ejecutados por el verdugo. La primera conferencia de la Quinta Jornada de los derechos civiles de la ACLU, “Doctrina de Supremacía, los convenios internacionales de derechos humanos y su aplicación en Puerto Rico” se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. Las conferencias continuarán hasta el sábado 2 de mayo para tratar los diferentes temas relacionados a los derechos civiles y su aplicación en la Isla.
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