“Fue como un temblor de tierra. Yo me asomo por la ventana y veo todo blanco [de polvo] y empiezo a ver la tierra corriendo, y corrí para la cocina. De momento todo paró, porque todo fue bien rápido, y empecé a escuchar a los vecinos gritando que los ayudaran. ‘¡Auxilio, ayúdenme, sálvenme!’ Yo pensé que me iba a morir”. Así describió en el 2004, Evelyn Alsina, a un rotativo del País, el momento en que un enorme pedazo de mogote se deslizó a eso de las 7:40 de la mañana hacia una hilera de residencias de la novena y sexta avenida de la urbanización Los Rosales II, en el municipio de Manatí. Este ha sido uno de los varios derrumbes que han ocurrido en la Isla a causa de los proyectos de construcción que se están desarrollando en las zonas cársticas del País y que poco a poco han ido debilitando los terrenos. Aunque la lucha por parte de las comunidades por detener estos desarrollos ha sido intensa, parece ser que el Gobierno se ha hecho de oídos sordos, pues cada vez son más los permisos aprobados por la Junta de Planificación (JP) y la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), para construir viviendas en áreas donde la condición geológica de los terrenos presenta un alto grado de peligrosidad. Sin embargo, este conflicto se empeoró recientemente al darse a conocer la determinación de que varias agencias públicas y privadas intentan dejar sin vigencia el Estudio del Karso, que describe y define lo que son las zonas cársticas del País; a la vez que especifica qué áreas deberían tener mayor protección. Esta noticia ha dejado a muchos líderes comunitarios con la boca abierta, pues esto amenazaría la estabilidad de la reserva natural del Karso en Puerto Rico y favorecería la construcción de edificios. Quieren dejar sin vigencia el Estudio del Karso El Estudio del Karso es un documento de política pública que recoge las directrices de la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico de 1999, mejor conocida como la Ley 292. Fue en el 2002, cuando el Tribunal de Primera Instancia (TPI) le ordenó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizar esta investigación que se tardó seis años, pues concluyó en el 2008. Con esta investigación, el DRNA recomendó al gobierno central y municipal asignarle prioridad a la conservación de un 35 por ciento de la totalidad de la zona del Karso en la Isla para garantizar en un mínimo sus servicios ecológicos. Ya el estudio está redactado. Sin embargo, los eventos que se han suscitado recientemente demuestran que la administración del gobernador Luis Fortuño no está de acuerdo con lo que se estableció en este documento oficial. Y es que la JP, ARPE y el DRNA se han unido para impugnar una demanda radicada al Tribunal Supremo de Puerto Rico por la organización conservacionista Ciudadanos del Karso (CDK), para hacer cumplir la Ley 292. Según el presidente de CDK, Abel Vale Nieves, estas agencias gubernamentales intentan dejar sin efecto la vigencia de este estudio, pues alegan que esta investigación afecta los proyectos de ordenamiento territorial de los municipios autónomos. Otras entidades como el Sistema Universitario Ana G. Méndez (SUAGM) y las farmacéuticas Abbott Laboratories, Pfizer y Merck Sharp & Dohme, que forman parte del consorcio público privado Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR), se han hecho parte de este reclamo de las agencias gubernamentales; al igual que la Federación de Alcaldes. Vale Nieves comentó que el impugnar la vigencia de este documento, le dejaría el camino libre a los desarrolladores para que construyan cualquier proyecto y atentaría contra el suministro de agua potable del que depende una cuarta parte de la población y una parte importante de la actividad económica de la Isla. Asimismo, este líder comunitario se cuestionó por qué los demás países del mundo ya se están refiriendo al agua como el “oro negro del futuro” y protegen celosamente tanto a este recurso natural como a los demás, y aquí en Puerto Rico lo que se está haciendo es contaminando y disminuyendo la capacidad de abasto de agua. “No podemos seguir haciendo más de lo mismo, pues lo que hemos hecho nos ha llevado a un callejón sin salida”, expresó Vale Nieves. Por su parte, el geomorfólogo José Molinelli Freytes coincide con el presidente de CDK, pues opina que “no vamos a lograr un desarrollo sostenible si seguimos llevando ese patrón de destrucción en las áreas de mayor valor ecológico del País”. “Cada una de las regiones de la zona kárstica es distinta, por lo que se requiere la elaboración de varias estrategias que ayuden a trabajar cada área en específico”, comentó el geomorfólogo, quien también es profesor de Ciencias Ambientales en el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR). Para abundar en este tema, Molinelli Freytes mencionó que el área que se ubica entre el Río Cibuco y el Río Grande de Loíza es susceptible y es por eso que los colapsos se dan con mayor frecuencia en esos terrenos; como ocurre en los municipios de Vega Baja, Manatí y Barceloneta. “El Carso es una de las regiones con más potencial y una de las más violentadas por el ser humano. Esta zona cárstica, que drena sus aguas de manera subterránea, está siendo demolida, afectando la integridad de un hermoso paisaje”, añadió el profesor. Violentan al “principal guardián de los acuíferos del sur” Según el estudio Análisis Geológico Ambiental en la Zona de Estudio de las Canteras de Juana Díaz y Villalba realizado en noviembre de 2004 por un grupo de estudiantes del Departamento de Salud Ambiental del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), las zonas sureste y suroeste en general de la Isla son las que sufren del mayor impacto ambiental y humano. Esto es causado por la ubicación de varias canteras, de las cuales había tres operando en el 2004. De acuerdo a esta investigación, donde también laboró el doctor José Seguinot Barbosa, la formación geológica Las Cuevas, ubicada en el Barrio Guayabal en Juana Díaz, se constituye de una roca caliza muy antigua. Su edad se extiende a la época del Eoceno del periodo Terciario en la era Cenozoica, hace entre 50-60 millones de años atrás. Esta roca está compuesta por restos calcáreos, principalmente calzadurita, calcarenita y algas calcáreas. Sin embargo, ésta ha sido una de las áreas más impactadas por la construcción. La caliza de Las Cuevas es un fenómeno único en Puerto Rico. Distinta a las calizas que abundan en el norte de la Isla, ésta se distingue por su antigüedad, su pureza y la diversidad de rasgos y formaciones geomórficas. Residentes del área, como José Ariel Torres, portavoz del Comité al Rescate de Nuestro Ambiente (CORENA), están muy conscientes del valor que tiene tanto esta reserva natural como el karso y hacen lo posible por preservarlos. “El Karso es el principal guardián de los acuíferos del sur”, comentó Torres, quien aseguró que los acuíferos de esta zona se han ido secando y en el futuro podría provocarse una sequía a gran escala como la que la Isla atravesó hace unos años. La transformación y fragmentación del paisaje, la construcción desmedida, la alta demanda de roca caliza para hacer cemento, las canteras mal ubicadas, la edificación de carreteras, las descargas sanitarias, y el turismo poco sustentable, son sólo algunas de las acciones que amenazan con destruir la zona cárstica del País. El terreno kárstico tiene menos resistencia a la presión de carga o al peso de estructuras construidas sobre éste, por lo que es más susceptible a colapsar; ya que la roca está en un proceso continuo de disolución. Protesta ciudadana Desde los últimos 15 años, las comunidades aledañas a la zona cárstica vienen peleando por los vertederos y los proyectos de viviendas que se intentan construir en el área. Han sido múltiples los casos de deslizamientos de terrenos en años anteriores. Entre estos se destacan los de: la Urbanización Valle de Aramaná y el Centro de Diagnóstico y Tratamiento en Corozal; las urbanizaciones Monte Verde y Los Rosales II en Manatí; el complejo residencial Estancias de la Fuente en Toa Alta; la comunidad del Barrio Unibó en Morovis; la urbanización Cerca del Cielo en Ponce; la comunidad Alturas de Bélgica en Guánica; el sector Los Molinas en Lares; el sector Pringamosa en Vega Alta; y el Barrio Pajuil en Hatillo. Según el Portavoz de CORENA, en el 2008 el DRNA canceló la licencia a la cantera Hiram Rivera, ubicada en Juana Díaz, luego de que los residentes comprobaran que esta maquinaria estaba afectando el ambiente y la salud de los ciudadanos. El caso es conocido como: Cantera Hiram Rivera vs DRNA. Además, desde el 2003, los residentes del mencionado municipio luchan en los tribunales por la cancelación de operaciones de la cantera Canarico, porque presuntamente es la causa de enfermedades respiratorias en residentes cercanos al lugar. Según Torres, últimamente se ha intentado crear una cantera en el Valle Collores, y esto convertiría al municipio de Juana Díaz en el pueblo con mayor número de canteras. En el 2005, vecinos de la urbanización El Plantío en Toa Baja también alzaron su voz e iniciaron un pleito contra un desarrollador que quería construir un complejo de “walk ups” en un mogote de alto valor ecológico adyacente a sus residencias. Finalmente, los ciudadanos lograron paralizar la construcción y conseguir que el municipio de Toa Baja adquiriera las 4.7 cuerdas de terreno donde el proyectista Freddy Peguero Maldonado pretendía construir 57 unidades de vivienda. “Ahora mismo esa área está nombrada como suelo rústico especialmente protegido, pero queremos que sea permanente esa designación y que se le nombre Bosque urbano”, afirmó Ileana Pérez, vicepresidenta del grupo Ciudadanos Pro Bosque del Plantío. Asimismo, se ha intentado construir en el municipio de Arecibo al margen del Caño Tiburones. Según el reverendo Wilfredo Vélez, miembro de Ciudadanos en Defensa del Ambiente (CEDA), los residentes de Arecibo han luchado desde el 1993 y, actualmente, tienen un caso en la corte desde mayo del año pasado por la construcción que se intenta realizar en la Posa del Obispo, que es área marítima terrestre. Ya llevan nueve meses pernoctando en un campamento de desobediencia civil en el área. Al igual, se da en el municipio de Aguas Buenas donde, de acuerdo con Edith Jiménez del Comité Pro Defensa Reserva Natural Cuevas Aguas Buenas, se ha intentado construir 30 solares de viviendas, nombradas como Estancias de la Sierra III, encima de la Reserva que tiene un valor arqueológico, ecológico y estético. Uno de los casos más recientes es el del municipio de Aguadilla, donde los vecinos de la Avenida Montemar han entablado una demanda desde el 2008 ante el Tribunal Supremo, en oposición al proyecto Crash Boat Sunset. Según narró el arquitecto José Gabriel Amador, quien es el asesor legal de los vecinos, esta construcción vislumbraba 100 unidades de viviendas en terrenos que forman parte de la zona kárstica. Uno de los aspectos más inquietantes en todo este drama no es la lucha en los tribunales, sino el sentido de desesperanza que invade a estas comunidades. “Los desarrolladores construyen la casa; los residentes la compran; la tierra colapsa; el ciudadano pierde la casa; el desarrollador desaparece; el seguro no te cubre; la ayuda del Gobierno es sólo por unos meses; y como quiera el banco te exige que pagues la hipoteca aunque no tengas casa”, relató el Presidente de CDK. “En los tribunales duerme el sueño de los justos”, agregó el portavoz de CORENA. “Sabemos que nos esperan días peores” La tierra sigue temblando, los terrenos están a punto de un colapso, el agua se acaba y la construcción desmedida no para. “Sabemos que nos esperan días peores”, comentó el Reverendo Vélez. Para muchos de estos residentes, el problema estriba en la forma en que se organiza el Gobierno, pues cada cuatro años la administración cambia y muchas de las leyes aprobadas y logros obtenidos en años anteriores, en varias ocasiones, no son vistos con buenos ojos por la nueva administración y terminan cayendo. Además, los ciudadanos cuestionan por qué el gobernador Fortuño cuando fue Comisionado Residente en Washington presentó una medida al Congreso para que se protegieran 100,000 cuerdas de la zona cárstica del norte y ahora “no ha movido ni un dedo” para detener estos proyectos de construcción en la zona cárstica. “El Gobernador es una contradicción en sí mismo y nada nos sorprende”, expresó Vélez, quien opinó que el Primer Mandatario le responde a los grandes intereses. Para poder ver un cambio, el Presidente de CDK aseguró que se necesita eficiencia y “un sistema justo”. Puede acceder al texto original visitando la edición digital de Diálogo: https://dialogo-test.upr.edu/es/archivo/2010/03/dialogo-verde-marzo-abril-2010
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