Las personas de edad avanzada en Puerto Rico se encuentran desprotegidas de una atención eficiente ante el maltrato institucional, según un informe revelado ayer por la Oficina del Contralor.
El análisis concluyó que el Programa de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos del Departamento de la Familia “no es efectivo en la atención de los referidos de maltrato institucional” de este sector. La evaluación comprendió el periodo del 1 de julio de 2013 al 31 de agosto de 2016.
De acuerdo con el informe, el mal manejo de estos referidos se debe, en parte, a una desarticulación de la estructura organizacional y a la ausencia de supervisión en las unidades de maltrato institucional que forman parte de las diez oficinas regionales del Departamento de la Familia.
Asimismo, la evaluación de la contralora, Yesmín Valdivieso, atribuye la ineficiencia en el manejo de estos casos a la ausencia de un sistema mecanizado entre todas estas unidades para referir y procesar los casos de maltrato. También se señaló como un escollo la ausencia de datos estadísticos en estas unidades.
El informe expone, además, un desbalance entre la cantidad de referidos y la cifra de investigadores con los que cuenta la agencia. Hasta 2016, el Departamento de la Familia tenía solo 18 investigadores distribuidos en sus diez oficinas gubernamentales para manejar los casos de maltrato a ancianos. A estos se sumaban cinco investigadores de la Unidad de Maltrato Institucional de Menores (UMI-Niños) de Aguadilla que colaboraban en la atención de los referidos de las personas de edad avanzada.
En 2013, en Puerto Rico el número de personas mayores de 60 años oscilaba alrededor de los 784,110 o un 21.29% de la población, según la Encuesta de la Comunidad correspondiente a ese año.
La situación se agrava si se toma en cuenta que de los 18 investigadores, solo diez (56%) son los que realmente atienden los referidos de maltrato. Al resto, según el informe de la contralora, se delegaban otras funciones, como trabajo administrativo, trabajos de planes de corrección o eran trasladados a UMI-Niños.
Una petición de Diálogo a una entrevista con la actual secretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, a fin de conocer cuál será el plan de acción para remediar esta situación no rindió frutos.
Riesgo de vida
El maltrato a las personas de edad avanzada es un mal que deben atender todas las sociedades. Pero, ¿qué sucede si las instituciones que deben preservar por el cumplimiento de esa protección no cumplen cabalmente su encomienda?
A juicio del informe de la contralora, Yesmín Valdivieso, “no atender los asuntos que afectan la efectividad del programa en la atención de los referidos de maltrato institucional […] atenta contra la vida y seguridad de las personas de edad avanzada, ya que tiene como resultado que estas personas sean maltratadas sin que se tome acción sobre dicha situación y que no se les proteja ni se les garantice una buena calidad de vida”.
La problemática va más allá si se considera que Puerto Rico existe un crecimiento vertiginoso de la población de personas de edad avanzada, lo que requeriría mayor atención a todas las instancias que velan por el bienestar de los ancianos.
En números concretos, se espera que para 2030 en Puerto Rico las personas mayores de 60 años de edad constituyan el 30.6% de la población, según se desprende del informe Análisis de la situación de los adultos mayores en Puerto Rico, presentado en 2014 por el doctor Hernán Vera Rodríguez. En su estudio, el experto sostiene que el porcentaje de ancianos incrementará a 35.4% en 2040 y a 39.3% en 2050.
Con estos datos de frente, el informe de la contralora recomienda evaluar la estructura organizacional de las unidades de maltrato institucional para que se puedan identificar y atender las necesidades.
No obstante, para lograr ese objetivo se insta a que se haga un análisis de capacidad con el que se pueda determinar la necesidad de asignar más investigadores a las unidades que investigan este tipo de maltrato.
Asimismo, se recomienda al Departamento de la Familia evaluar la posibilidad de realizar una acuerdo con las universidades del país para establecer un programa de internado para alumnos de trabajo social.
De igual manera, se exhorta a tomar medidas para que la administración auxiliar y los directivos asociados de las diez oficinas regionales del Departamento de la Familia establezcan métodos de supervisión continua a las unidades que trabajan con este segmento desatendido.
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Víctor Rodríguez-Velázquez
Posee una Maestría en Teoría e Investigación en Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En esa institución también completó un bachillerato en Información y Periodismo con una concentración menor en Lenguas Extranjeras. Inició su carrera profesional como reportero en Diálogo en 2010 donde también dirigió la mesa de redacción de la versión digital del medio. Posteriormente, ocupó el puesto de editor y redactor en la sección de Economía y Negocios del periódico Metro, labor que tuvo hasta septiembre de 2016. En ese mismo año, obtuvo el reconocimiento de “Periodista del Año” otorgado por el Centro Unido de Detallistas en la categoría de cobertura noticiosa de pequeñas y medianas empresas. Se ha destacado como profesor conferenciante en cursos de comunicación para la Universidad del Turabo y la UPR en Humacao.
