“Nosotros no tenemos ningún problema en que se arregle el sistema de permisos, obviamente no queremos estar seis u ocho años peleando contra proyectos ilegales”. Al menos en esa declaración de Camilla Feibelman, activista ambiental, y las partes más encontradas en torno a la propuesta nueva ley de permisos están de acuerdo: el sistema de permisos necesita ser reestructurado. O, como expuso la Asociación de Industriales de Puerto Rico en su deposición de las vistas públicas al respecto, “el sistema de permisos que se configure, debe ser simple, transparente y eficiente en todos sus procedimientos, determinaciones y etapas”. No exactamente la situación actual. Si nos dejamos llevar por el esquema simplificado de desarrolladores/obreros de construcción versus ambientalistas/comunidades tenemos que por un lado, la gran mayoría de permisos como “proyectos de construcción, proyectos comerciales y proyectos turísticos tardan entre 5 hasta más de 7 años en aprobarse” según depuso la Asociación de Industriales. Ciertamente, no es un espacio temporal muy atractivo para la inversión, mucho menos en tiempos de crisis económica, donde el no tener más pérdidas apremia. Por el otro, cada vez parecen ser más los casos en que comunidades denuncian irregularidades en la otorgación de permisos. No se trata solamente de los “Tito Kayaks” de la vida y el drama público del controversial Paseo Caribe. Pleitos como los de Playa Almendro, donde se cuestionan el desarrollo de propiedades en zonas adyacentes a la playa o en la playa misma se han vuelto cada vez más frecuentes. Tan reciente como hoy el derrumbe de un muro perteneciente a un centro comercial que cayó sobre 12 casas, afectando a 23 personas, llevó al administrador de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), Humberto Marrero, a reconocer que están investigando lo que parecen ser permisos otorgados “de una forma no muy certera”, según publicó uno de los diarios del país. Ante este contexto surgen los proyectos de ley 1649 y 880 de la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente. Se pretende con ello agilizar el proceso de permisos, a tal punto que estos se otorguen en un periodo máximo de 90 días. Para lograr esto se eliminará ARPE y se creará la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE). Esta oficina podría poner en manos de profesionales del sector privado casi una tercera parte de la evaluación de los permisos, según informa Prensa Asociada. Pues, según ha trascendido, la OGPE estaría a cargo de la evaluación de la mayoría de las solicitudes de permisos, pero también se permitiría que profesionales autorizados, como ingenieros o arquitectos, emitan esas autorizaciones, que serían tan válidas como las del gobierno, en aquellos casos que no conlleven complicaciones como variaciones en la construcción o en el uso de un proyecto, o la rezonificación de un terreno.
Y es precisamente la clasificación de terrenos, si es una zona industrial, zona marítimo-terrestre o alguna otra, lo que a juicio de la Asociación de Industriales como del Sierra Club (dos organizaciones no muy frecuentemente encontradas en el mismo bando) lo que falta por considerarse. “El problema de permisos no podrá solucionarse en su totalidad mientras no exista un Plan de Uso de Terrenos (PUT) para Puerto Rico”, declaró la Asociación de Industriales, quienes en general favorecen la medida, incluso “felicitando” a los legisladores por tal iniciativa. Abundaron al tema al destacar que “no es mera casualidad que el tipo de permisos que “menos” tarda en otorgarse, en promedio 3.3 años, según la exposición de motivos, son los permisos para proyectos industriales. Esto se debe en gran medida a que en Puerto Rico existen cientos de zonas industriales ya debidamente demarcadas”, sin embargo, no ocurre lo mismo con otro tipo de desarrollo como proyectos de construcción, proyectos comerciales y proyectos turísticos donde hay disputas sobre el uso adecuado del terreno. Feibelman, portavoz del Sierra Club, coincidió: son precisamente los permisos de ubicación y localización (generalmente otorgados por la Junta de Planificación) los que más tardan, por lo que “no debemos estar bregando en procesos de permisos hasta que esté el PUT”. Mas enfatizó también la necesidad de que la redacción de ese documento conlleve participación ciudadana y de diversos sectores, algo que en su opinión limita severamente la nueva ley de permisos propuesta.
Según Feibelman, bajo esta restructuración las personas o comunidades no podrían intervenir en el proceso hasta que se haya finalizado toda la otorgación de permisos. Actualmente sí es posible cuestionar permisos o determinaciones en el camino. De hecho, Feibelman recordó que “en pasadas ocasiones hemos podido demandar sobre la decisión de aceptar el DIA (Declaración de Impacto Ambiental)”. El gasoducto del sur fue un caso tal donde una incongruencia entre lo que se decía en el DIA y lo que los vecinos veían que se estaba haciendo llevó a que el alcalde juanadino, Ramón Hernández, radicara una demanda.
Bajo la nueva ley los ciudadanos ya no podrían acudir al Tribunal de Apelaciones, en cambio, tendrían que ir a lo que sería la Junta Apelativa de Permisos, entidad administrativa formada por la ley propuesta y que sería parte de la misma OGP. El abogado especialista en derecho ambiental, Pedro Saadé Llorens, explicó que si bien la rama ejecutiva tiene la facultad de establecer juntas administrativas o mecanismos de autorregulación dentro de su rama, “son los tribunales los que tienen el grado de independencia y marco de referencia constitucional para evaluar las decisiones administrativas (…) como está ahora el proceso la Junta de Calidad Ambiental retiene un grado de independencia para determinar si se han cumplido los requisitos, bajo la nueva ley todo estaría consolidado”. Es decir la misma agencia que otorga los permisos (o que acepta permisos de “profesionales certificados”) evaluaría si estos fueron otorgados adecuadamente. El único mecanismo judicial que se podría implementar sería a través del Tribunal Supremo, y “si lo ven, (porque) es discrecional, podrían imponer costos tanto al grupo como a sus representantes legales” esto por vía de una fianza para cubrir los posibles costos y daños de quien cuyo permiso esté siendo cuestionado. Para el también director de la Clínica de Derecho Ambiental de la Universidad de Puerto Rico, esta medida está “dirigida a disuadir e intimidar” a los ciudadanos, comunidades o personas del tercer sector que quisieran cuestionar una decisión del OGPE, además de estar dirigida “precisamente a eliminar la intervención de los tribunales”.
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