En momentos en que el país experimenta una gran incertidumbre respecto a su futuro económico, una encuesta realizada por el doctor José Caraballo Cueto, del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Cayey, reveló 16 áreas y premisas en las que la mayor parte de los economistas encuestados estuvo de acuerdo y tres áreas en las que existen marcadas discrepancias.
“No es cierto que los y las economistas diferimos en todo. Esta encuesta preliminar expone unas tendencias en ciertos temas, aunque no fue probabilística porque no hay una base de datos que recoja sin distinciones todos los correos electrónicos de todos las economistas de Puerto Rico. Más adelante se puede hacer una encuesta más abarcadora pero tomará más tiempo. Dada la coyuntura actual, quería auscultar preliminarmente cuál es el sentir de un grupo amplio de economistas –de los que tienen acceso fácil al pueblo y de los que no– sobre propuestos económicos que se escuchan en los medios”, explicó Caraballo Cueto en el comunicado de la UPR Cayey.
Entre sus reveladores resultados, la encuesta plantea la existencia de dieciséis acuerdos principales entre los economistas encuestados: 81% piensa que el IVA es mejor como sistema que el IVU aunque difiere de su tasa; 66% piensa que el Departamento de Hacienda puede mejorar la evasión sin la necesidad de cambiar a un IVA del 16%; 86% piensa que las leyes de cabotaje hay que eliminarlas; 81% está en contra de una Junta de Control Fiscal federal; el 67% está en contra de una Junta de Supervisión federal; 79% está contra de que las megatiendas extranjeras dominen el sector de las ventas al detalle; 74% piensa que la deuda de Puerto Rico hay que reestructurarla con un recorte severo a los fondos buitres pero menor para otros bonistas; 79% considera que una deuda ilegítima no se debe pagar; 76% favorece una moratoria en el pago de la deuda; 81% piensa que la desigualdad es una prioridad que debe atenderse con políticas intervencionistas activas; 76% favorece una ley de quiebras; 71% no favorece que se despidan empleados públicos; 86% piensa que el empresarismo local debe ser la prioridad para desarrollar la economía; 91% considera que es más importante pagar los servicios públicos esenciales que pagarle a los bonistas; 91% está en contra de que se baje el salario mínimo actual a jóvenes menores de 25 años y; 93% está en contra de que se baje el salario mínimo federal actual a toda la población trabajadora, siendo la respuesta de mayor consenso.
No obstante, existen tres discrepancias marcadas en cuanto a detalles económicos se refiere: 37% favorece un IVA del 16% con exenciones a los ingresos hasta $40,000 pero el 46% está en contra; 12% siente que los economistas entrevistados en los medios comparten su sentir en la mayoría de las veces pero el 18% expresa que ni tan siquiera en pocas ocasiones comparten su sentir y; 18% considera que la baja creación de empleo es el factor que más afecta la economía de Puerto Rico mientras un 38% piensa que la migración, la mala administración gubernamental, el estatus político y la crisis fiscal tienen un impacto similar.
La breve encuesta de opinión fue enviada electrónicamente a un grupo de 96 economistas de Puerto Rico. Estos tienen diversos trasfondos educativos e ideológicos. Para lograr una amplia representatividad en la encuesta participaron economistas de diversas edades, razas y sexo. A su vez, entre los participantes de la encuesta hay residentes en y fuera de Puerto Rico; y son de lugares de trabajo distintos. La misma fue contestada por 42 economistas de los que el 43% informó tener doctorado en economía y el 33% tenía maestría o cursos de doctorado en economía.
Cabe destacar que las respuestas ofrecidas fueron en base a enunciados específicos por lo que no se pueden extrapolar los resultados para contestar otras preguntas. Por ejemplo, no se preguntó si los economistas favorecían o no un aumento en el salario mínimo federal, ni se especificó qué tipo de empresarismo local favorece la entrevistada, ni cuáles son los servicios públicos esenciales, ni qué tipo de ley de quiebras se necesita (ejemplo, local o federal), ni cuál debía ser la prioridad en el pago de obligaciones generales frente a otra deuda pública, ni si favorece o no la presencia de megatiendas extranjeras, ni cuál es el porcentaje del recorte a los bonos de los fondos buitres, ni se definió qué es una política intervencionista activa, entre otras.
“Este tipo de encuesta de opinión se realiza en otros países pero en Puerto Rico no se ha hecho en años, a pesar de su alta pertinencia. No considero que una encuesta probabilística encuentre un resultado completamente diferente en los casos donde se hallaron respuestas cercanas al 90% ya que no hay tantos economistas en Puerto Rico, pero es necesario seguir auscultando y comparar resultados”, aseguró el también doctor en economía.
Según el investigador, estos hallazgos preliminares pueden ayudar a comunicar las opiniones de un grupo amplio de economistas. Esta investigación no cuenta con el apoyo económico o institucional de organización alguna. Para más información pueden comunicarse a jose.caraballo8@upr.edu o al (787) 738-2161 extensión 2615.
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