Mientras en la Isla se debatía lo que un candidato a la secretaría del Departamento de Educación dijo o no en un ‘blog’, la Oficina de Responsabilidad Fiscal federal divulgó que Puerto Rico era una de seis jurisdicciones clasificadas como de “alto riesgo” por el Departamento de Educación federal, lo que pone en jaque la disponibilidad de miles de millones de dólares bajo la Ley de Recuperación. La designación interna quedó plasmada en un informe de septiembre de la Oficina de Responsbilidad Fiscal (GAO por sus siglas en inglés) sobre cómo algunas agencias y estados estaban manejando los fondos de la Ley de Recuperación (ARRA por sus siglas en inglés). GAO tiene funciones similares a la Oficina del Contralor. El acto de etiquetar a Puerto Rico como de “alto riesgo” ocurrió internamente en Educación federal y con el propósito aparente de obligar a que la Administración Fortuño atendiera las negociaciones que han resultado en el anticipado acto de aceptar una sindicatura voluntaria para el DE. Los detalles de esa sindicatura serían anunciados esta semana por la Administración al igual que la designación del nuevo jefe o jefa del DE. Phil Maestri, director del Servicio de Manejo de Riesgo de Educación federal, explicó al CPI que su agencia no ha designado a la Isla formalmente como de “alto riesgo”, pero que el hecho de que el DE está en probatoria y la cuantiosa suma de dinero asignado contribuyeron a que la GAO utilizara el término. “La asistencia técnica a la que se refiere el informe de la GAO tiene el propósito de ayudar al DE a mitigar el potencial de riesgo”, dijo a preguntas del CPI. Las otras cinco jurisdicciones clasificadas de “alto riesgo” en el informe de la GAO son California, el Distrito de Columbia, Illinois, Michigan, y Texas. En un informe de seguimiento que la GAO publicó el viernes pasado, Puerto Rico sigue en la lista pero ya no se le identifica como de “alto riesgo”. Según GAO, la cantidad de señalamientos de auditorías y la inestabilidad en el liderato educativo son algunos de los factores que provocaron la etiqueta. Desde 2004, Puerto Rico está en “probatoria” para efectos de Educación federal. El DE todavía no ha resuelto señalamientos de auditoría que datan del 1994. Otro método de presión vino de la Oficina de Inspectores de Educación federal. En una presentación sobre la importancia de la fiscalización de los fondos ARRA, los inspectores presentaron a Puerto Rico como uno de cinco “ejemplos de la vida real” de fraude con fondos federales. Particularizaron sobre cómo de 2002 a 2005 el DE sometió reclamaciones falsas bajo el programa de Educación para Inmigrantes, con un saldo de unos $19 millones mal utilizados. Aunque todavía no se han publicado los detalles del nuevo plan, los propósitos del Gobierno federal para con el dinero asignado sí se conocen y representan un reto para la Administración Fortuño. No recortar empleos, hacer disponible por internet las evaluaciones de maestros (de los cuales sólo 15.5 por ciento tiene un grado mayor a bachillerato), asignar a los docentes de manera equitativa según las necesidades del sistema, y proveer planes claros para las escuelas desventajadas (unas 700 en todo el sistema educativo público), son algunos de los propósitos de ARRA. Entre la designación de septiembre y la desaparición de la etiqueta en diciembre, ocurrieron reuniones de alto nivel en Washington a las que asistió el Gobernador Luis Fortuño. En todo momento, la Fortaleza ha negado que la Isla haya sido clasificada de “alto riesgo” y ha representado que las reuniones del Gobernador son con la intención de evitar la etiqueta que tuvo el DE desde 2002 al 2004, a raíz del caso de corrupción que encabezó el ex secratario Víctor Fajardo. Sin embargo, Puerto Rico no sólo es una de seis jurisdicciones bajo la lupa de la GAO por su “alto riesgo”, sino también es sólo una de 18 jurisdicciones en Estados Unidos que van a recibir la visita de monitores de Educación federal para conocer de primera mano cómo se están usando los fondos. La visita aquí está programada para del 15 al 19 de marzo del año entrante. Mile$$ de millones sobre la mesa La lupa de la GAO, la sindicatura voluntaria y la monitoría cercana de Educación federal llega en momentos en que, según el informe de noviembre sobre uso de fondos ARRA, el DE todavía tiene categorías completas bajo las cuales no ha recibido fondos. Los programas de Título I, Educación Tecnológica, Educación para Jóvenes sin Hogar, Educación Especial, Vida Independiente y Ciegos todavía no han tenido inyecciones de fondos ARRA. De hecho, prácticamente lo único que ha usado el DE son los fondos disponibles para preservar los empleos de maestros. En total, Puerto Rico ha usado $466.6 millones de fondos ARRA principalmente para compensar los recortes en el presupuesto del 2010. El total de fondos asignados para preservar empleos es $529.7 millones. El total para todos los programas es $1,000 millones. La periodista independiente Mc Nelly Torres contribuyó a esta investigación desde Florida. Para ver la nota entera del Centro de Perdiodismo Investigativo acceda a http://cpipr.org/inicio/reportajes/40-reportajes/131-educacion-bajo-la-guillotina.html La periodista independiente Mc Nelly Torres contribuyó a esta investigación desde Florida.
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