De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el acoso sexual en los espacios públicos es una plaga mundial que no es suficientemente reconocida. Por lo tanto, creó la Iniciativa mundial de Ciudades Seguras, a la que se han acogido sobre veinte países, incluyendo a Ecuador y Filipinas. El programa es exclusivo para los países miembros de la ONU, ¿pero qué alternativas tienen los territorios que no lo son, como Puerto Rico?
“Puerto Rico debería hacer como Ecuador, que transversalizó el género a través de una política municipal, pero el problema es que el acoso se ha vuelto una conducta tan normalizada que la sociedad ni siquiera la reconoce como problemática”, puntualizó Coraly León Morales, activista feminista.
De acuerdo con León Morales, transversalizar el género significaría que se incorpore la perspectiva de género durante las políticas, para empoderar a la sociedad civil y otras partes interesadas para monitorear su aplicación.
“El problema es que se asume que las políticas públicas son independientes de las problemáticas del género y por eso es que vemos que en Filipinas implantaron política y ahora la gente se burla de la medida: porque no les dieron orientación previa”, añadió.
Y aunque Herbert Bautista, alcalde de la ciudad de Quezón, expresó públicamente que estos son pequeños pasos para concienciar, para León Morales, debe haber un enfoque preventivo dentro de la creación de políticas públicas, “un protocolo de agresión sexual en donde se dejen a un lado las categorizaciones y el acoso callejero deje de ser menos que el hostigamiento laboral”.
¿Y qué se hace en un país donde el acoso callejero está normalizado?
“Yo he decidido contestar”, afirmó la también estudiante graduada de Trabajo Social en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP). Claro, siempre y cuando su vida no corra peligro.
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La primera vez que León Morales se atrevió a responder el acoso callejero, según explicó, fue difícil.
El incidente ocurrió hace meses, mientras salía de una cafetería del Paseo Jaime Benítez, mejor conocido como la Avenida Universidad. Un grupo de hombres le empezó a gritar desde un edificio cercano.
“Lo normal hubiese sido bajar la cabeza e ignorar”, continuó. Pero esta vez, León Morales había decidido voltearse y responder.
–Mira, ¿tú sabes que lo estás haciendo se llama violencia?
–Esto no es violencia. Es que tú me gustas, mamita.
Lo peor es que para el Estado, la seguridad y la prevención de violencia contra las mujeres es un gasto y no una inversión, aun cuando las mujeres comprenden la mayor parte de la población, manifestó la activista.
De hecho, las mujeres mayores de 18 años componen el 53.2 por ciento de la población, según las estadísticas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.
Por ese motivo, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico elaboró en el 2015 una Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual. A través de esta certificación, el Programa de Título IX recibe mayor potestad para proteger a los miembros de la comunidad universitaria de todo tipo de discriminación sexual.
“¿De qué vale que se apruebe una política si la gente no lo sabe? Poner un papel en las paredes no es divulgación. Se trata de crear una red de actividades, carteles y adiestramiento”, planteó León Morales.
El alfa y omega del acoso
“A veces nos preguntamos cuáles son los orígenes de la violencia contra las mujeres: estas micro-agresiones que se dan por normales. Pero estas no son más que el andamiaje de una mirada deplorable sobre la mujer”, explicó Elithet Silva, profesora de la Escuela Graduada de Trabajo Social, de la institución riopedrense.
Entonces, la universidad se convierte en un pequeño mundo que debe resolver la situación con educación –o al menos eso propuso Silva.
Silva también planteó que la universidad debe trabajar campañas que atiendan las necesidades, no solo de las mujeres, sino de todos los géneros. De hecho, ya se redactó un borrador para una propuesta que está trabajando el Programa de Título IX y la Procuradora Estudiantil de la UPRRP.
“Pero para trabajar un plan coherente, se tiene que trabajar un plan con perspectiva de derecho: el derecho que tenemos de vivir libres luego que el sistema nos fallara”, sentenció la profesora.
Según Silva, es preocupante que las mujeres y las niñas tengan que cuestionarse si el pantalón que se pondrán está más o menos holgado, o si se le notan mucho las caderas, porque eso las lleva a la culpabilización.
“Deberíamos tener derecho a movernos libremente, pero siempre está el silbido que nos obliga a bajar la cabeza por culpa de la hegemonía de la propiedad”, agregó.
Y contrario a León Morales, Silva instó a no responder a la agresión. “Eso puede ser peor aún”, manifestó la profesora de Trabajo Social.
