Un cierre de gobierno es una probabilidad. Ya lo dijo el presidente del Comité de Transición del Partido Nuevo Progresista (PNP), Elías Sánchez, tras dar a conocer el informe final que preparó dicho cuerpo. Ante eso, la economista Martha Quiñones Domínguez ha dicho que tal medida “es ‘bullying’ de parte del gobierno hacia su pueblo”.
En respuesta a las declaraciones de Sánchez y a las recomendaciones austeras de los miembros del comité de transición de la palma, Quiñones Domínguez aseguró a Diálogo que “un cierre del gobierno representa una amenaza para que la ciudadanía acepte, sin cuestionamiento, políticas como la Reforma Laboral”.
Asimismo, la profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo hizo énfasis en que un cierre gubernamental y sus posibles “efectos nefastos” en la economía borincana se verán reflejados tanto en el bolsillo de los puertorriqueños como en la psiquis de la gente que vive en carne propia la crisis. Igualmente, indicó que es curioso el hecho de que un gobierno “amenace, torture y hostigue psicológicamente” a los trabajadores con anuncios de esta naturaleza, considerando la coyuntura histórica que atraviesa la isla.
“Te ajusta o te ajustamos, pero con nuestras medidas. No es democrático, no es de consenso, no es ético. Pero sobre todo, responde a lo que la Junta de Control Fiscal (JCF) quiere y a lo que los intereses económicos quieren tener: un país donde se obtienen ganancias y donde la gente obedece sin protestar”, manifestó la educadora.
Del mismo modo, la economista destacó que en el informe no se habla de calidad y preparación de la mano de obra, elemento que -a su entender- es una ventaja para el desarrollo de iniciativas. No obstante, de acuerdo con Quiñones Domínguez, hay otras alternativas antes del cierre gubernamental, pero “se requiere un análisis serio del gobierno”.
“El informe habla de volver a la transparencia y por ahí está la solución. Que se sepa y aclare cómo se usa el dinero, que se justifique cada gasto medible con objetivos sociales deseables -eso es parte del presupuesto ‘base cero’-, pero hasta ahora no se ha realizado. Hay gastos en contratos que se justifican, como siempre, sin valor social apreciable. Son onerosos y no generan beneficio social”, declaró, al tiempo que reveló que se habla de reestructuración gubernamental sin dialogar con las agencias y entender sus funciones.
Evaluar otras alternativas
Sobre la interconexión del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la profesora observó que “se supone que sea así, porque para gastar hay que saber lo que entra”.
“Es algo lógico, pero no se ha realizado ni se han establecido planes para hacerlo. Continúan improvisando y aprobando leyes sin evaluar, investigar y estudiar a fondo. Lo que se ve es que se establecen por conceptos ideológicos y no científicos”, opinó.
Para Quiñones Domínguez, establecer el presupuesto ‘base cero’ es una metodología de planificación para revaluar los programas y gastos, a la luz de objetivos sociales deseados y medibles. Luego de conocer cuáles son los objetivos sociales de cada agencia estos se deben atemperar a las prioridades y establecer los gastos, explicó.
“No es reducir por reducir, es evaluar lo que se logra y lo que no se logra, para poder evaluar lo que se debe quedar”, añadió.
De acuerdo con la economista, es necesario clasificar en orden de jerarquía los objetivos sociales prioritarios y los que se pueden prescindir -inclusive los salarios de los jefes de agencia que no se justifiquen a base de las necesidades que atienden-. Además, según la académica, ese proceso debe dirigirse hacia el establecimiento de topes salariales, “prescindiendo de compensaciones que no se justifican con sus objetivos y productividad”.
“No vemos que se establecen programas con metas y objetivos con el fin de tomar decisiones, sino que se justifican con lo que dice la JCF. Entonces, ¿dónde está eso que dicen de cortar gastos no esenciales y alegres? Pero los legisladores no se reducen su sueldo y quieren justificar sus autos y dietas nuevamente”, sentenció la profesora, no sin antes mencionar que se habla de negociar con acreedores sin hablar de auditar la deuda primero.
Quiñones Domínguez sostuvo que este gobierno se enfoca en atacar las pensiones, que -al modo de ver de la educadora- representan el dinero que los empleados ahorraron.
Del mismo modo, criticó el ataque a la UPR y subrayó la necesidad de evaluar si cumple con sus objetivos sociales, así como de entender la institución del Estado como una inversión social que genera crecimiento socioeconómico.
Atacar la evasión contributiva, una posible vía
De otro lado, como parte de posibles medidas para atajar la crisis, la experta precisó que hay que combatir la evasión contributiva.
“Tienes que investigar los altos salarios y evaluar si de verdad corresponden los gastos con los ingresos. Hacer como Juan Zaragoza, buscar a los que no pagaban. Pero, en vez de embargar, es pedir que paguen, investigar esas grandes riquezas para ver si de verdad cumplen o evaden. Así se hace justicia y equidad”.
Mientras, destacó a su vez que no es atacar al pequeño comerciante y empresario, ni al trabajador que paga, sino a esos que se las inventan para no pagar.
“Es no dar amnistía contributiva o de las multas, pues premia al que no paga y penaliza al honrado que paga a tiempo. Es investigar todas esas exenciones y subsidios a ver si están funcionando. Es investigar a esas iglesias que se hacen ricas, que los pastores tienen aviones y mansiones y no pagan impuestos. Que cada uno pague equitativamente según sus ingresos. Pero [en el gobierno] no se atreven, pues son sus seguidores, [y ahí] es dónde comienza parte de la corrupción. [Esa] es la razón por la cuál no tenemos ingresos, sino una crisis fiscal”, dijo.
De igual forma, la economista destacó que con los datos que se ofrecen en el informe del comité de transición, avalan que los salarios han disminuido y la productividad del puertorriqueño aumenta, lo que implica que el país es competitivo.
Sin embargo, la educadora manifestó que el problema está en que las ganancias se van y no se reinvierten.
“Los empleos en el gobierno han disminuido y no es el principal empleador, pues los servicios emplean más personas [34%], mientras el comercio emplea un 24% y el gobierno un 20%. La manufactura ha bajado porque se han ido y porque cada día las maquinas sustituyen a los empleados”, expresó.
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