Una reflexión sobre el Plan de Uso de Terrenos y otras políticas

Por: Norma I. Peña Rivera

Frente a la “crisis” que vivimos, las medidas de austeridad que hemos experimentado tienden a aumentar la misma crisis, al menos para los ciudadanos de a pie y los pobres: para salvar bancos, se ejecutan hipotecas de casas y para pagar a bonistas se despiden empleados. Como dice el español Álex Grijelmo, esta definición de austeridad exige a las personas impactadas negativamente a “conformarse con menos de lo necesario”. Sin embargo, las medidas de austeridad, entendidas como “renunciar a tener más de lo necesario” han de ser emancipadoras para la mayoría de las personas y no en beneficio de unos pocos. Promover la regeneración de los entornos urbanos es una medida de austeridad emancipadora que se justifica, ya que debiera ser un derecho tener ciudades acorde a nuestras necesidades.

Es preciso proteger el derecho a la ciudad porque estas proveen el espacio-tiempo para que sus habitantes se encuentren cara a cara y conozcan y reconozcan sus diferencias de género, clase y etnia, y congruencias; socialización que no ocurre dentro de una casa o un carro con la intensidad, diversidad y frecuencia que sucede en una ciudad vibrante. Reconocer “al otro” sin temerle por ser distinto a uno es básico para cultivar la tolerancia en una sociedad de ciudadanos comprometidos con la solidaridad económica, social y ambiental. Ciudadanos libres de prejuicios, atentos a las necesidades de los demás y sensibles a los cambios globales o externos que les afectan están en mejor posición para promover el bien común de una sociedad que aquellos ensimismados que procuran el consumo de bienes para su beneficio único. La ciudad es el espacio-tiempo por excelencia que promueve el encuentro espontáneo socializador que genera ideas nuevas, compromisos, proyectos y sosiego. También genera tensiones y controversias que son parte del devenir de una sociedad de ciudadanos igualmente capacitados para solucionarlas.

En Puerto Rico llevamos más de cinco décadas forjando ciudades que cada vez más coartan la capacidad de sus ciudadanos de tener una vida plena, productiva y sosegada. La ciudad vibrante y socializante se ha desmembrado en segmentos deshumanizantes de grandes escalas—urbanizaciones distantes, centros comerciales enormes, autopistas de gran capacidad—donde para hablar hay que usar un teléfono celular porque la oportunidad del encuentro cara a cara y el rose social es mínimo. Para ver a los amigos y familia hay que hacer una cita o planificar una fiesta. Son pocas las oportunidades de encontrarse en la calle, la plaza, la acera, el balcón, el parque o la playa espontáneamente porque habitamos en cubículos (casas), transitamos por corredores (calles) en contenedores (carros). Este estilo de vida lo hemos internalizado pero nos desgasta y cuesta.

Promover el redesarrollo de nuestras ciudades es una medida de austeridad emancipadora de la sociedad; una afirmación del derecho a la ciudad. El Plan de Uso de Terrenos (PUT) que realiza la Junta de Planificación de la Oficina del Gobernador, es una medida de austeridad emancipadora porque refuerza el rol de las ciudades como lugares donde enfocar nuestro desarrollo. El PUT propone clasificar todo Puerto Rico según sus condiciones físicas, geológicas, ecológicas, hidrográficas y agrícolas. También conforme a los asentamientos e industrias existentes y potenciales, infraestructura, y otros factores de escala regional o relación sistémica.

El Plan es una medida de austeridad porque requiere que organicemos nuestro territorio y seamos más críticos y eficientes a la hora de escoger cuál es su mejor uso. Es emancipador porque promueve el bien común, balanceando principios económicos, productivos, ecológicos, de protección a la vida y propiedad, patrimoniales, y de capacidad de regeneración y resiliencia, plasmados en un mapa de carácter legislativo y guías de ordenación, que reconocen nuestras ciudades como generadores de cambio. El PUT protege el derecho a la ciudad porque redirige hacia ella y sus espacios vacíos y baldíos la inversión social y económica que podamos producir, clasificando algunos suelos bajo la tipología “urbana”. Previene así que se diluyan los escasos recursos que tenemos o atraigamos de afuera en terrenos que no cuentan con infraestructura o que resulta ambiental y socialmente costoso desarrollar, clasificando algunos suelos bajo la tipología “rústica”.

El PUT es una medida de austeridad emancipadora porque asegurando la existencia de ciudades apoya el desarrollo de una red de movilidad enfocada en las personas y no en los carros. Al agrupar en ciudades las actividades y personas que las efectúan—como el Plan propone que sea en los suelos urbanos—se hace viable el transporte colectivo como el modo de transporte de mayor jerarquía en una red de movilidad. A su vez, el transporte colectivo es dependiente del transporte no motorizado, bicicleta y peatonal, pues todo viaje comienza y termina a pie. La puesta en operación de esta intermodalidad generaría encuentros espontáneos y socializantes que promuevan ciudadanías emancipadoras. Pero el PUT ciertamente no será suficiente.

El Gobierno creó la nueva Autoridad de Transporte Integrado que en teoría podría ofrecer al menos un esquema institucional que nos acerque a crear una red de movilidad. Pero uno de sus fines principales es aliviar a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) al traspasarle a la ATI el Tren Urbano y su deuda sin fuentes de financiamiento seguras, e integrar a la AMA y Autoridad de Transporte Marítimo Metropolitano. Esto es una medida de austeridad orientada a satisfacer los compromisos contraídos con los bonistas de la ACT. Sin embargo, crea una oportunidad a favor de planificar, diseñar, construir y operar una red de movilidad que proteja el derecho a la ciudad que todos tenemos en Puerto Rico.

Aunque el PUT no resuelve todos nuestros problemas en Puerto Rico, sí es una oportunidad única que tiene la sociedad para establecer un paradigma nuevo en la gestión de hacer ciudades emancipadoras. Aunque miles han participado del proceso de hacer el Plan, queda en los ciudadanos asegurar que sea uno que represente sus aspiraciones como pueblo durante sus vistas públicas, aprobación, implantación y revisiones futuras, porque los derechos, incluido el derecho a la ciudad, se forjan constantemente.