Hace más de 20 años el Gobierno de Puerto Rico reconoció que la planificación del sector público no era efectiva dirigiéndose desde una agencia central. Por esta razón, en 1991 se aprobaron un conjunto de leyes que fundaron los mecanismos para transferir poderes de planificación y desarrollo a los municipios. Esta nueva perspectiva de administración pública fue la base de la “Reforma Municipal”.
Los alcaldes, de ambos partidos políticos, cabildearon por lograr una legislación que viabilizara mayor autonomía para sus estructuras administrativas. Bajo esta reforma, cualquier municipio podría obtener mayores poderes si lograban preparar y adoptar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este plan debía ser un esquema en donde los ejecutivos municipales junto a residentes, comerciantes, industriales y otros componentes de la comunidad tendrían la oportunidad de establecer las guías para el diseño urbano y organización territorial del municipio. Esto significaba que el proceso de delimitar las áreas para ser urbanizadas, las zonas para ser conservadas y las formas en mejorar los espacios urbanizados se convertían en un ejercicio que emanaba de la ciudadanía. Esta intervención, en donde se enfatizaba la escala comunitaria, tenía que integrar las disposiciones legales (estatales y federales) vigentes que disciplinan la práctica de la planificación urbana y la conservación ambiental en la Isla. El nuevo proceso representaba un cambio radical a los procedimientos existentes que hasta entonces era controlado exclusivamente por ingenieros, arquitectos, planificadores y oficiales gubernamentales. Las disposiciones legales que dieron forma a este proceso participativo en Puerto Rico fueron tomadas de las experiencias de planificación urbana de varios países de América y Europa.
La integración coherente de los POT municipales al contexto de toda la Isla era una responsabilidad ministerial de la Junta de Planificación de Puerto Rico (JPPR). Bajo las disposiciones técnicas y administrativas establecidas en la misma reforma, la JPPR debió haber preparado para 1996 unas guías regionales. Las mismas establecían el marco para armonizar cada plan municipal dentro de la escala como país. Lamentablemente, las guías estatales nunca se hicieron, o al menos, nunca se aprobaron. Los planes de ordenamiento territorial de los municipios se aprobaron y se implantaron sin guías regionales en toda la Isla. Este fue el escenario de administración territorial y urbana en que Puerto Rico finalizó el milenio.
A partir del año 2000, se han hecho múltiples esfuerzos para establecer unas guías que integren los planes de ordenamiento territorial que han preparado la mayor parte de los municipios. Dentro de este contexto es que ha aflorado el Plan de Usos de Terrenos de Puerto Rico (PUT-PR). El objetivo de esta iniciativa de la JPPR es implantar principios elementales de diseño y organización física-espacial que faciliten el mejoramiento de la calidad de vida en todo el país. Es una forma de trabajar con uno de los recursos más limitados que tenemos; nuestro propio espacio terrestre. En términos generales, el PUT define las vías en el diseño, preservación y fortalecimiento de las actividades comerciales, residenciales, industriales, institucionales, movilidad (transportación) y recursos naturales dentro de nuestra realidad geográfica.
En la actualidad, existe un borrador de un plan de usos de terrenos para todo Puerto Rico. Este documento inserta unas particularidades importantes; reducción de la dependencia de vehículo de motor, facilitar la sustentabilidad alimentaria mediante el fortalecimiento de la agricultura y desarrollar acciones concretas frente al calentamiento global. Otras consideraciones como el envejecimiento natural de la población, la contaminación y la migración son atributos que se han evaluado en la conceptualización del plan.
El borrador PUT-PR lleva varios meses discutiéndose en diferentes foros. Representantes gubernamentales, académicos, industriales, comerciales, ambientales, políticos y religiosos han participado en las presentaciones y discusiones del documento. Como ha de esperarse, el borrador del plan ha recibido cientos de críticas, inquietudes y recomendaciones. Muchas de estas contienen argumentos contundentes y otras tienen menor validez. Esta reacción general al borrador PUT-PR es un indicio de un interés genuino sobre la planificación en la Isla.
No existe forma alguna de aprobar e implantar un plan de usos de terreno que sea endosado unánimemente. Siempre habrá un costo de oportunidad y también existirán detractores. Restringir el desarrollo en áreas rurales, modificar los modos de transportación, transformar la naturaleza de la propiedad inmueble dentro de los centros urbanos son algunas de las acciones que serán trastocadas con el PUT-PR. Independientemente del partido político en el poder, los intentos de modificar el PUT-PR desde las legislaturas municipales y desde el foro estatal serán continuas e intensas. Desarrollistas, cabilderos, ambientalistas, industriales, comerciantes, especuladores entre muchos otros siempre tendrán una opinión bifurcada.
Puerto Rico no puede continuar formulando estrategias para el desarrollo social y económico sin un marco territorial. Sencillamente, no tenemos el espacio geográfico para un desarrollo coherente sin un plan. Por otro lado, es una utopía exigir un PUT perfecto dentro de una economía de mercado insertada dentro de un contexto colonial. Nunca ha existido un plan de usos de terrenos perfecto, ni siquiera en los países con sistemas económicos planificados.
En la coyuntura histórica que nos encontramos como país, es prudente e inteligente establecer unas guías generales y entendibles sobre la manera en que debemos ordenar nuestro futuro económico, social y ambiental dentro de nuestro limitado espacio isleño.
El autor es profesor en el Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
