Aunque en la pasada década y media el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) prácticamente se ha duplicado ($757,302,633 en el 2000 -$1,479,805,000 en el 2015), esa evolución presupuestaria no representa la realidad fiscal de la principal institución académico-superior de la isla.
Y es que, a junio de 2015 la UPR sostenía una deuda actuarial valuada en $1,456.1 millones, cuya amortización está proyectada para 40 años, a partir del 30 de junio de 2015.
Además, tal y como señala el informe presentado en las vistas de transición por la presidenta interina, Celeste Freytes, durante el pasado año fiscal 2015-2016 la UPR tuvo que superar el hecho de que, por varios meses, el gobierno central se retrasara por más de $100 millones en los pagos programados por concepto de las remesas, lo que también aportó directamente la crisis que atraviesa la universidad.
Tal como adelantó Diálogo ayer, durante el periodo 2015-2016 la institución se ahorró sobre $121 millones por medio de recortes, cuyo fin era el ajuste fiscal de la institución. Igualmente, se indicó que la administración de la UPR espera reservarse otros $113 millones en el 2016-2017 por medio de la misma estrategia de recortes y ajustes financieros que ponen en jaque la oferta académica de la institución.
Sin embargo, los retos financieros de la UPR están enmarcados en la crisis fiscal y financiera que azota al país. En este sentido, estos desafíos se contextualizan en la degradación del crédito y el agotamiento del margen prestatario del gobierno central y de las corporaciones públicas, así como en la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno de Puerto Rico (Ley 66 de 2014), en el Plan de Recuperación Económica 2014-2018 y los retos presentados por las tendencias demográficas, la amplia emigración y la evasión contributiva.
Es por esto que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha establecido que la solución a la crisis nacional se resuelve mediante la aplicación de medidas de austeridad. Y, claro, la UPR no queda exenta de ese enfoque e incluso ya se habló de una posible matrícula ajustada a los ingresos y de recortes en la fórmula de 9.6% que recibe la universidad por parte del gobierno central.
Para el economista José Alameda, esas medidas austeras —recortes a la fórmula y una posible matrícula ajustada a los ingresos— son inminentes, dado que para la JCF la UPR no es la prioridad.
“Nos guste o no, la forma en la que esta gente está mirando esto [la crisis del país] es bajo la interrogante de ‘cómo le pagamos a los bonistas’, porque para eso fue que los americanos hicieron esto, bajo la premisa de que ‘esos puertorriqueños no quieren pagar’’’, aseguró el profesor.
Sobre el posible impacto a los ingresos netos que recibe la UPR del Fondo General del Gobierno [la fórmula 9.6% / $833 millones], Alameda manifestó que lo que ha planteado la JCF son visiones muy genéricas, sin detalles.
“Como decía Cantinflas, ‘el diablo está en los detalles’. La JCF podría decir, ‘vamos a quitarle el subsidio de $833 millones a la universidad y vamos a bajarlo $100 millones por año’, de manera tal que terminen por eliminarlo por completo o llegue a un balance muy bajo, de unos $200 millones. Por eso, la pregunta aquí es [a partir de las declaraciones que hizo la JCF sobre las intenciones de impactar la fórmula UPR] cómo se va a afectar la fórmula anualmente. Eso es lo que habría que ver”, detalló el experto.
Al presente, la universidad del Estado se encuentra en su tercer y último año de la implantación de la Ley 66, proyecto que enmendó la Ley Núm. 2 de 1966 y que congeló la asignación gubernamental por concepto de fórmula en $833,929,000 por un periodo de tres años fiscales (2014-2015 – 2016-2017).
Si bien entre el año fiscal 2004-2005 y el año fiscal 2008-2009 la fórmula de la UPR reflejó un crecimiento importante de $683.4 millones a $835.1 millones, para el año fiscal 2009-2010 esa suma se redujo a $729.1 millones.
Para el año fiscal 2010-2011, la fórmula UPR llegó al punto más bajo durante la pasada década: $691,487. Esto, debido a los recortes presupuestarios que se realizaron bajo la última administración penepé, encabezada por Luis Fortuño.
Al presente, el presupuesto consolidado de la UPR para el año fiscal 2016-2017 se estima en $1,472,931,000, suma que incluye la última asignación fija de la fórmula establecida por la Ley 66.
Ante el posible recorte a la fórmula, el profesor Alameda sugiere evaluar de qué manera se afectaría el pago del servicio del bono UPR, “porque el gobierno estaría dando menos. Entonces, la UPR tendría que pagar el servicio de la deuda con los ingresos que genera con matrícula. Y qué pasa, que la población en Puerto Rico ha ido bajando”.
“La población de 0 a 14 años ha ido disminuyendo significativamente, lo cual quiere decir que de aquí a 5 ó 6 años vamos a tener menos gente en la universidad por el efecto poblacional. El rendimiento del recurso, del activo humano en la universidad es como un 20%. La universidad es bien importante. Hay que transformar la forma en cómo financiamos la universidad sin lastimarla”, aseguró.
De acuerdo con los informes anuales de la Junta de Gobierno de la UPR, el presupuesto consolidado para el año fiscal 2014-2015 reflejó una disminución neta de $100.9 millones, que representó una reducción de 6.3% respecto al periodo anterior: de $1,604 millones a $1,503 millones.
A pesar de que el costo de matrícula se mantuvo congelado entre agosto de 2014 y agosto de este año, la captación de ingresos de juegos de azar y los costos indirectos, han disminuido, lo que provocó un impacto significativo en las finanzas de la UPR.
La segunda reducción importante durante este cuatrienio representó una baja de $16.7 millones en las partidas asignadas al Programa de Mejoras Permanentes. Ese caso, según Administración Central, respondió a que los proyectos fueron completados.
De acuerdo con los datos, por los pasados tres años fiscales las reducciones mayores no tuvieron impacto directo sobre las operaciones de la UPR por ser partidas con características particulares.
Por esa razón, el impacto de una reducción de esta naturaleza no tuvo el efecto que se esperaría sobre las operaciones de la institución, así lo estableció la Junta de Gobierno en su último informe. La disminución real fue de $7.7 millones por la merma en costos indirectos y en ingresos propios y que, se establece, se atendió mediante redistribución interna.
Del mismo modo, hubo una disminución de $6.7 millones correspondiente a dos resoluciones conjuntas de deudas pagadas por la UPR que la Oficina de Gerencia y Presupuesto registró en 2014.
Una de las resoluciones fue parte del plan de pago de $5 millones anuales de ingresos por recibir de becas legislativas otorgadas por la institución en 2005 y 2006. La segunda resolución conjunta fue de $1.7 millones del plan de pago a los servicios de salud ofrecidos a pacientes médico-indigentes a través del Programa de Educación Médica Graduada del Recinto de Ciencias Médicas.
De cara al futuro y a las posibles medidas de austeridad, Alameda añadió que la situación crítica de la universidad del Estado amerita una mirada interna para identificar elementos que permitan hacer un balance entre no afectar significativamente la UPR y la reducción de sus subsidios gubernamentales.
“En vez de $833 millones vamos a darle la mitad y la otra la obtiene de un aumento de matrícula. Que los estudiantes paguen, esa sería y es ahora mismo una posibilidad. Sin afectar, obviamente, la calidad de la enseñanza. Porque lo cierto es que el fondo de la UPR es sumamente bajo, si lo comparamos con otras universidades del país. Claro, a todo el mundo le gustaría que fuera gratis, como en otros países. Pero esos otros países colocan altos tributos e impuestos, y más impuestos para la gente sería terrible”, puntualizó.
Por su parte, el profesor de economía Alfredo González subrayó que ante la intención de la JCF de establecer restricciones al presupuesto general de Puerto Rico, es de esperarse que este organismo fiscal sugiera recortar la fórmula de 9.6%, siendo esta la principal fuente de ingresos por parte del gobierno.
Y ante la posibilidad de que se imponga una matrícula ajustada a los ingresos en la UPR, González sostuvo que –a su modo de ver– “hay que examinar esa situación, porque es posible que en la universidad haya personas que pueden pagar una matrícula más alta. Un por ciento considerable pueden venir de escuelas privadas y, especialmente, de unas familias con ingresos suficientes para hacer una aportación mayor al pago de matrícula”.
Sistema de retiro
De acuerdo con la presidenta interina de la UPR, el Sistema de Retiro de la universidad ha continuado cerrando la brecha entre los activos que tiene disponible y la deuda de pensiones que tiene con sus participantes.
Según el informe de transición, al día de hoy el fondo de pensiones está financiado en aproximadamente un 45%. Freytes ha manifestado que todos los años se continúan realizando análisis y los respectivos ajustes para continuar cerrando la brecha y completar el 100% del saldo de los más de $1,000 millones de la deuda actuarial.
En el año fiscal 2013-2014, la UPR aportó 15.8% de los salarios elegibles. La diferencia entre lo requerido ($81,189,023) y lo actualmente aportado por la institución académica del Estado ($91,689,023) es de $10,500,000 correspondientes a la aportación adicional aprobada por la Junta de Gobierno en la Certificación 51 de 2013-2014.
Los ingresos del fondo de pensiones provienen de varias fuentes que incluyen aportaciones individuales, aportación patronal, crédito de las inversiones e intereses de préstamos a participantes. Otros ingresos misceláneos lo constituyen las transferencias de otros sistemas de retiro y la aportación individual y patronal por servicios no cotizados.
Por otra parte, el número de pensionados ha ido en crecimiento acelerado, particularmente desde el 2011.
Según ha sostenido la administración en sus informes anuales, el sistema de retiro cuenta con las herramientas para atemperarse a los requisitos actuales del mercado. Igualmente, argumentan que los costos administrativos se han reducido entre 25% y 50% en diferentes áreas, incluyendo consultorías, gastos médicos y legales, entre otros.
Finalmente, durante el pasado año fiscal, y ante la crisis que ha afectado al Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y a todo el aparato gubernamental, el gobernador saliente de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, firmó una orden (OE-10) ejecutiva para impedir el retiro de fondos depositados en el BGF.
Esta medida ha sido señalada por la administración de la UPR como un problema, pues al presente la universidad del Estado cuenta $91.5 millones en depósitos en el BGF. Sin embargo, a raíz de una deuda de $76.4 millones que todavía sostiene la UPR con el banco, el balance neto es de $15 millones.
Asimismo, bajo la Ley de Moratoria, la administración popular de García Padilla ordenó mediante otra orden ejecutiva (OE-31) la suspensión en el pago de los bonos de las instrumentalidades del gobierno, para los que la institución había separado unos $64 millones del presupuesto y que hasta el momento no han podido ser desembolsados para los fines correspondientes.
Esta es la primera parte de una serie sobre los recortes a la UPR. Espera mañana la segunda parte.
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José Encarnación
Periodista. Es estudiante graduado del Departamento de Historia del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Completó un grado de Bachillerato en Información y Periodismo de la Escuela de Comunicación. Amante de los deportes y la literatura. encarnacionjose1994@gmail.com @encarnajm94
