El 30 de septiembre del 2016 el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, cometió un acto infame en contra de la salud pública puertorriqueña. Mediante la Orden Ejecutiva-2016-037 creó la Unidad para el Control de Vectores de Puerto Rico adscrita al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de nuestro país.
Con esta acción irracional, de golpe y porrazo, el gobernador le quitó al Departamento de Salud de Puerto Rico uno de sus poderes más importantes y emblemáticos, que por más de 100 años, dicho departamento ha tenido: la vigilancia y control de vectores de enfermedades.
Esta acción es un indicador de la falta de análisis crítico y ponderación, de las consecuencias de sus acciones, como primer ejecutivo del país. ¿Cómo es posible, que en una nación que se llame civilizada, el poder de vigilancia y control de vectores de enfermedades, una función eminentemente pública, se le adscriba a una organización cuasi privada que no tiene el mismo nivel de responsabilidad y compromiso social que el Departamento de Salud local? En ningún otro país del mundo se ha dado una situación semejante a esta. Bajo la actual epidemia del virus del zika en Puerto Rico, este “invento” de última hora puede causar mucha confusión y afectar adversamente la capacidad y efectividad de la respuesta del gobierno para atender esta o cualquier otra epidemia en un futuro cercano.
Ahora bien, analizando objetivamente el hecho consumado, ¿qué posible explicación o explicaciones tiene lo anterior? Desde mi punto de vista hay dos explicaciones. Primeramente, es un secreto a voces que la secretaria de salud de nuestra nación, la doctora Ana Ríus Armendáriz, no es partidaria de la fumigación aérea como método de control químico de las poblaciones de mosquitos locales. En otras palabras, la doctora Ríus tiene criterio propio y eso no le gusta al primer ejecutivo.
A García Padilla le gustan las personas incondicionales a él y que ejecuten cualquier orden que dé sin cuestionarlo. Quién cumple con los criterios de inclusión, que le gustan al gobernador, es Ángel Crespo, mejor conocido como el “bombero rapero”. El señor Crespo (actual Jefe de Bomberos y Director de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico) se convirtió en el incondicional mayor del gobernador García Padilla desde que advino a esas posiciones de liderato. Por eso es que, en medio de la controversia de la posible fumigación aérea con el neurotóxico naled, Crespo fue puesto al frente de las conferencias de prensa como el vocero del gobierno (en lugar de la secretaria de salud) como premio a su alcahuetería. Desde ese preciso momento, el gobernador comenzó a socavar el poder, que por ley posee, la secretaria de salud de nuestro país. Como primer ejecutivo no ponderó que, esa “venganza chinita”, afecta la estabilidad y eficiencia de su equipo de trabajo. De esa forma, obedeciendo más a sus emociones que a la razón, el gobernador se disparó en un pie. Esa es nuestra primera explicación.
La segunda explicación, que interactúa con la primera, son las acciones de algunos amigos del gobernador. Por ahí andan pululando unas personas (disfrazadas de salubristas) con grandes influencias políticas, cuyos intereses personales son contrarios al bienestar y a la salud pública de nuestro pueblo. Son dichas personas, que en unión a la alta gerencia del Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y de la EPA, estaban y están promoviendo la fumigación aérea con naled para, según su criterio errado, disminuir las poblaciones locales de mosquitos adultos y por ende la epidemia local del virus del zika (cosa que sabemos no es correcta). Sin embargo, el tiro les salió por la culata ya que el pueblo de Puerto Rico, bajo el liderato del Frente Unido Contra la Fumigación Aérea, rechazó esa opción.
Debido a esto, el gobernador se unió al grupo de salubristas disfrazados para completar su faena en contra de la secretaria y el Departamento de Salud. Dichos “salubristas” le propusieron la “brillante idea” de quitarle al Departamento de Salud el poder de vigilar y controlar los vectores de enfermedades y entregársela al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología de Puerto Rico, para crear en este último, una Unidad de Control de Vectores. El gobernador sin pensarlo mucho aceptó la propuesta. Sin embargo, no tomaron en consideración que el Fideicomiso es una entidad cuasi privada, cuyos objetivos van dirigidos a la investigación aplicada con fines de estimular el desarrollo económico del país. Por otra parte, en NINGUNO de los objetivos del Fideicomiso está incluida la vigilancia y el control de vectores.
A nuestro entender esta acción fue fríamente calculada y traída por los pelos, en contubernio con el CDC, con tal de lograr una asignación federal de $13 millones para crear la susodicha Unidad fuera del Departamento de Salud.
Este disparate de política pública gubernamental fue ejecutado con dos objetivos en mente. El primero para castigar a la secretaria de salud y el segundo para que el CDC tenga el poder de usar la fumigación aérea (desde el Fideicomiso) en cualquier momento que estime pertinente. En otras palabras, el gobernador se arrodilló y por trece millones de dólares vendió la salud pública del pueblo de Puerto Rico. Esto es otra injuria más, del poder de la metrópoli, al pueblo de Puerto Rico con la deshonrosa y lamentablemente colaboración de varios elementos criollos indignos.
Con la aprobación de la Orden Ejecutiva 2016-037 se creó un Frankenstein, que más temprano que tarde, revertirá con toda su fuerza maligna sobre su creador (en este caso García Padilla) como le pasó a Víctor Frankenstein en la famosa novela de Mary Shelley.
