La situación de seguridad nacional en Puerto Rico probablemente sea la mayor preocupación de los ciudadanos. El trasiego de armas ilegales en el País según se estima, es un negocio posiblemente tan lucrativo como el tráfico de drogas.
Según un estudio de la revista Forbes del año pasado, Puerto Rico es el país en donde más muertes ocurren mediante el uso de armas de fuego, superando incluso a Venezuela. Igualmente se ha determinado que el 95% de los crímenes que se cometen con armas de fuego, son armas ilegales.
Según el director de la Agencia de Alcohol Tabaco y Armas (ATF) en Puerto Rico, se ocupan anualmente un promedio de 3,000 a 3,500 armas ilegales. Estas incautaciones son mayormente hechas por la Policía de Puerto Rico. Recientemente la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez anunció la creación de una Unidad de Armas para atender esta complicada situación. Según ella informó, el 60% de las armas ilegales provienen de la Florida, especialmente de Orlando.
La realidad en Puerto Rico
El hecho es que en Orlando es sumamente fácil comprar un arma de fuego. No requiere una licencia para comprarla solo se requiere para portarla. Tampoco se requiere un registro oficial ni se establece límite de la cantidad de armas que se pueden comprar por transacción.
Ciertamente, y fundamentado en estos datos, nadie puede negar que Puerto Rico es un país con una violencia en crecimiento. No se puede descartar que ante la ola de inmigración de boricuas que se han mudado a la Florida este mercado se haya incrementado.
En el pasado se han dado golpes a armerías e individuos que manejan estas empresas criminales. De hecho, se sabe que existen lugares donde se dedican al alquiler de armas para cometer crímenes. Otras son revendidas a precios significativos, lo cual le genera una gran ganancia económica a los que manejan estas organizaciones.
La situación en nuestro país es cada vez más preocupante. La falta de prevención, investigaciones, esclarecimientos y equipos da cada vez más espacio a que el crimen siga en aumento. Los vídeos que hemos visto en la redes sociales validan la gran cantidad de armas de fuego sofisticadas que usan estos delincuentes, los cuales en ocasiones están mejor equipados que la propia Policía.
Según es sabido, actualmente los siete helicópteros pertenecientes a la Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) están fuera de servicio. Varias embarcaciones de FURA igualmente están inservibles. Hay escasez de policías en funciones de prevención (muchas de estas incautaciones ocurren en intervenciones de tránsito). También hay escasez de oficiales en trabajo investigativo de este tipo de delito.
Las costas están vulnerables a la entrada de todo tipo de contrabando. Es necesario que al igual que el gobierno federal ha estado trabajando planes de acción, el gobierno estatal atienda este asunto con premura. En el trabajo de investigación criminal la recopilación de información es una herramienta vital. ¿Cómo se está manejando ese asunto? ¿Cuáles son las iniciativas reales que está tomando el Negociado de la Policía? ¿Vamos a seguir culpando a la Junta de Control Fiscal de nuestra incapacidad para combatir el crimen?
Se debería estimular la cooperación ciudadana mediante el pago por información que lleve a detener esos delincuentes.