El programa de gobierno del nuevo gobernador, Luis Fortuño, presenta propuestas buenas, algunas imprecisas y otras negativas. Si bien sabemos que los programas de los partidos son una lista de deseos cuyo propósito principal es publicitario, no dejan de ser el referente escrito sobre el cual evaluar lo que será la ruta que seguirá quien asuma las riendas de la administración gubernamental. No obstante, la principal característica de estos programas es la falta de integración y coherencia: parecen un reguero de retazos unidos sólo por la secuencia de números en las páginas. Dicho lo anterior, ¿qué contiene el programa de Fortuño, particularmente en los temas relacionados a los recursos naturales y la planificación del País? El título, Programa de Cambio y Recuperación Económica 2009-2012, de entrada, nos sugiere que el cambio que se persigue se concentrará en la dimensión económica y lo demás es secundario. Si se tratara de una visión económica en su perspectiva más amplia, reconociendo la dimensión social y ambiental, como trilogía intrínseca a un desarrollo bueno para el ser humano y para el ambiente, se podría pensar que el País se dirige por la ruta correcta. Pero, desafortunadamente, ese no es el caso. Tan temprano como en la página 5 del Programa, el nuevo gobernador deja claro su visión restringida cuando afirma que su primera prioridad será “despertar el gran motor económico de nuestro sector privado”. Nuevamente, lo demás es secundario. Establecida la premisa principal, el programa de Fortuño repite y subraya la necesidad de “[c]onsolidar los procesos de permisos para los negocios en la Oficina de Gerencia de Permisos Uniformes y pasar a un proceso de certificación por personas licenciadas”. Sobre este asunto, es necesario comentar varios aspectos. En primer lugar, hay que reconocer que revisar los procesos de permisos no es una mala práctica. Debe ser ejercicio recurrente analizar el conjunto de reglamentos y normativas para mejorarlos y lograr una mayor efectividad en sus propósitos. Lo que debe quedar claro es que la mayoría de los reglamentos responden a leyes aprobadas en la Legislatura, firmadas por el Ejecutivo y que, por tanto, establecen política pública. Entonces, una cosa es mejorar el proceso de permisos y otra es cambiar la política pública. Y esto último es lo que subyace en el fondo de las propuestas y expresiones de quienes promueven la eliminación de permisos, que resultan ser los sectores vinculados a la industria de la construcción y la banca. Esa intención se manifiesta aún más cuando se trata de adjudicarles a los permisos la responsabilidad por los problemas económicos del País, como una especie de “chivo expiatorio”. De esta forma, aquellos que siempre han reclamado, como si fuera un derecho, tener “mano libre” para hacer y deshacer con el territorio, se presentan como los defensores de la eliminación de los permisos y chantajean al gobierno con alegados despidos de empleados. El asunto se polariza cuando las comunidades y otros sectores concluyen, con razón, que lo que se pretende es dejar la puerta abierta para el cambio de la política pública, la destrucción de recursos naturales, la apropiación de bienes de dominio público y la expropiación y destrucción de las propias comunidades. Lo irónico de esta situación es que las dos administraciones anteriores del Partido Popular Democrático tuvieron en sus manos la oportunidad de contar con un instrumento para manejar de forma planificada, científica y ágil la evaluación de los proyectos en las agencias que otorgan permisos. Ese hubiese sido uno de los resultados extraordinarios de haber sido elaborado y aprobado el Plan de Uso de Terrenos (PUT). El PUT no aparece como propuesta en el programa del Partido Nuevo Progresista (PNP), aunque sí se propone reiteradamente “consolidar los procesos de permisos”. Es una forma de continuar haciendo al revés lo que el País necesita. Lo lógico es disponer de un plan de uso de terrenos que resuelva con datos, análisis y una metodología científica el manejo del uso del territorio. Una vez dicho plan sea aprobado, entonces se puede reestructurar y reformular la llamada “permisología” con una base racional. Lamentablemente, ésta no es la visión que contiene el programa del PNP y, en ese sentido, nos augura la violación de la Ley 550 de 2004, que ordena preparar y aprobar el PUT, y la propia ley orgánica de la Junta de Planificación. Por mandato de ley, no es discrecional evadir la preparación y aprobación del PUT. Es una obligación legal, a menos que se enmienden estas leyes. La propuesta más cercana a un plan de uso de terrenos se encuentra en la página 81 del programa del PNP. Allí se plantea la elaboración de un Plan Integral de Desarrollo Estratégico Sostenible de Puerto Rico (PIDES PR). A partir de ese Plan, se propone la elaboración de Mapas Regionales de Uso de Terrenos (MAPREG PR) definidos como “planos de ordenamiento de uso del terreno a nivel regional…” Así planteado, podría parecer que se trata de un plan de uso de terrenos, pero llamado de otra forma. Si ese fuera el caso, no lo sabremos hasta que se trate de implantar. Resulta interesante que el programa de gobierno de Fortuño propone ideas buenas que sólo podrían ponerse en práctica con un plan de uso de terrenos.
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