"Hoy es un día histórico para Puerto Rico, pues es la primera vez que el Tribunal Supremo permite la transmisión en vivo de todas las incidencias de una vista oral".
Federico Hernández Denton
Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico
No me parece que el juicio de la historia sobre la primera vista televisada del Tribunal Supremo de Puerto Rico sea tan positivo como lo esperaba el Juez Presidente de la “alta curia”. Lo que presenciamos no puede describirse como una audiencia imparcial, en la cual sabios y justos jueces ponderarían con ecuanimidad argumentos en un caso en el cual son, sin duda y por necesidad, jueces y partes. Por el contrario, fuimos testigos del “destape” de nuestros magnos jueces. Habiéndose descorrido el velo del “lugar santísimo”, se descubrió la humanidad de sus señorías.
La vista
Como cuestión de uso y costumbre, en el alto tribunal se les concede a los abogados en litigio un tiempo fijo para presentar sus argumentos. Solo se les interrumpe para aclarar dudas o asuntos de doctrina legal. Pocas veces, señalan mis amigos y colegas abogados, se enfrascan los jueces en debate con los postulantes y muchas menos revelan sus posturas.
La vista resultó ser ciertamente histórica, pues no solo se televisó por primera vez una vista del Tribunal Supremo, sino que se convirtió en un espectáculo digno de nuestra kakistocracia (el gobierno de los peores). La parcialidad se hizo evidente en el trato diferencial a los postulantes. Al abogado de los jueces demandantes —un ex juez precisamente— se le trató con la deferencia correspondiente. Mientras tanto, a la Procuradora General se le interrumpió repetidamente y se hicieron comentarios poco dignos de la “alta curia”. Según uno de los reportajes de prensa, el juez que menos prudente fue, refiriéndose a la Legislatura, dijo: “O sea que en la prisa por legislar para irse sine die antes de la Misa de Gallo, se les olvidó enmendar el título”. Más tarde, cuando la procuradora fijó la posición del Departamento de Justicia diciendo que, “No podemos aceptar una interpretación amplia de la Constitución como plantean los demandantes”, el imprudente magistrado declaró: “Y entonces, ¿para qué estamos aquí?”.
Ciertamente, el espectáculo televisado confirmó varias de las tendencias que venimos observando en las últimas décadas y que resultan en la deslegitimación de las tres ramas de gobierno: (1) el ascenso de una kakistocracia, (2) el deterioro y degradación de las prácticas institucionales (mala gobernanza) y (3) el uso del estado para garantizar intereses pecuniarios. Al descorrerse el velo del “lugar santísimo” de la judicatura, tristemente no fuimos testigos de la democratización del proceso judicial. Por el contrario, vimos a magistrados desenmascarados afirmando sus privilegios y “maltratando” dentro de la etiqueta judicial, a quienes se les opusieran: legisladores que tienen prisa para irse a la Misa de Gallo o la “muchachita” procuradora general.
Estamos ante una crisis de legitimidad y, por tanto, una crisis de poder. En las últimas dos décadas la corrupción pública y la mala gobernanza han erosionado la credibilidad y legitimidad de la clase política. La mayoría de los puertorriqueños piensa que los políticos son corruptos. Por otra parte, al contrastar las políticas de ajuste fiscal de los últimos dos gobiernos la percepción es que la diferencia reside en que unos la implementan mediante la fuerza y otros mediante el engaño. Si bien la fuerza aumenta la resistencia, el engaño —la demagogia— también.
El eje de la lucha política actual es cómo pasarle el costo de la crisis fiscal a las clases trabajadoras al menor costo político posible. Mientras tanto, los altos magistrados, los legisladores, el gobernador y sus asesores de economía, olvidan que fueron precisamente la clase política y la clase empresarial a la que ellos y ellas pertenecen las que nos llevaron a esta debacle.
Vea una versión más amplia de este texto en nuestro próximo número de Diálogo impreso, en circulación a partir del próximo martes 18 de febrero.
